Cuenta Pablo Iglesias en su libro Verdades a la cara que Pedro Sánchez le habría dicho con contundencia florentina: "van a por ti". Pues gracias, mire. ¿Hay alguien ahí? Iglesias, desencadenado, hace otro servicio al país (quizá no tanto a sí mismo), va un poco más allá y da nombres y apellidos: el juez Manuel García Castellón era el encargado de esa tarea de demolición. Un juez dispuesto a retorcer la ley hasta donde se lo permita el Consejo General del Poder Judicial. Que en verdad, no es poco.

En la presentación en Madrid de su libro ahondó en este peculiar juez. García Castellón, un juez con varios casos entre manos contra gente de Podemos, le habría contado a un periodista amigo: "Voy a por Pablo Iglesias". ¿Y qué demonios hace un juez contando esas cosas y con ese lenguaje a un amiguito? Si hubiera dicho, llegado el caso: "Voy a juzgar a Pablo Iglesias con todas las garantías del Estado de derecho y sólo sobre la base de pruebas evidentes" todo estaría bien. Pero es que en esa afirmación, más propia de algunos lugares de Italia donde sirvió el juez, lo que trasluce es un "me voy a cargar a Iglesias". Porque, al parecer, además, el juez lo contó disfrutando. Mal asunto.

Es evidente que este juez no tiene nada personal contra Pablo Iglesias y mucho menos teniendo en cuenta que el Gobierno del PP decidió reincorporarlo a España después de 17 años fuera del país. Según cuentan algunos, lo reclamaron para ocuparse de algunos enredos que tenía el PP llamados Gürtel y Lezo. No pudiendo haber pues animadversión personal, ese tipo de frases tiene sentido solo porque Iglesias es fundador de Podemos y el referente del fin del bipartidismo en España. Porque a la gente de Podemos no le tenían esa manía antes de Podemos. Ergo algo debe de tener que ver con crear ese partido. Más allá de cualquier otra consideración jurídica. Por qué el Partido Popular mueve a jueces de aquí para allá no debiera generar interpretaciones fuera de las propias del derecho. Pero parece que se empeñan en que no sea sencillo verlo así.

Cuando escuché a Iglesias me vino un relámpago por la espalda. La preocupación que a algunos nos embarga es evidente, sobre todo si tenemos algo que ver con Podemos. En mi caso, ese mismo juez me está investigando en base a las declaraciones de un delincuente reclamado por Estados Unidos por narcotráfico, un general venezolano que incumplió el juramento hacia su país y que es conocido vulgarmente como El pollo (lo que aumenta la inquietud después de la gripe aviar). Este pollo, sabiendo de la existencia de cloacas en España –se reunión con abogados de Villarejo en la cárcel- pió de manera fantasiosa buscando favores procesales. Minas de oro, valijas, habitaciones de hotel, maletas repletas de dólares. Demasiadas películas. Eso sí: bien de portadas y de tertulias que han llenado. Porque en verdad, todo esto, además de para desalentar a otros, es para eso: para manchar en su recorrido mediático y entretener a los imputados con ataques permanente en los medios basura.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicho que ese caso sobre la falsa financiación de Podemos -que ya había sido investigado y cerrado en 2016,- convendría volver a cerrarlo, principalmente para que el Estado de derecho no sufra. Sin embargo, este juez García Castellón ha dicho que va a seguir interrogando a quien quiera contarle lo que sea. ¿No fueron a Nueva York los comisarios de la política política del PP a ver a Rafael Isea? Allí, con dinero de todos los españoles, le ofrecieron favores si mentía contra Podemos.

Somos una democracia fallida porque también nos derrotaron cuando intentamos ir en la Transición más allá del itinerario marcado desde el franquismo. Y España calló o no habló lo suficientemente alto cuando los GAL, cuando las trampas del Emérito, cuando el 23F, cuando difamaban a Anguita, con la responsabilidad de Felipe VI en los asuntos de su padre...

Que este juez haya podido decir, además, que va a por la gente de Podemos, la inseguridad que genera no es pequeña. Que el Consejo General del Poder Judicial lleve tres años caducado, menos. Si nuestra tranquilidad viene de otro juez ligado al PP como Carlos Lesmes, pongamos a calentar la tila. Pero lleva lloviendo tiempo. Y nos estábamos empapando sin darnos cuenta. España se acostó franquista y se levantó democrática. Pero es mentira: somos una democracia fallida porque también nos derrotaron cuando intentamos ir en la Transición más allá del itinerario marcado desde el franquismo. Y España calló o no habló lo suficientemente alto cuando la guerra sucia, cuando los GAL, cuando las trampas del Emérito, cuando el 23F, cuando difamaban a Anguita, cuando las mentiras de Irak, cuando las mentiras del 11M, cuando el juicio al procés, con la responsabilidad de Felipe VI en los asuntos de su padre...

La democracia es, en expresión de Lincoln, "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". En este sistema político, el Gobierno obtiene su autorización política del pueblo, no de reyes, dioses o tribunos. Es por el pueblo, directamente o a través de sus representantes, que se ejerce el poder. Y los resultados tienen que ser para el pueblo, es decir, repartidos de manera equitativa de ese pueblo que ha asumido vivir en democracia y que debe beneficiarse de las ventajas de la vida colectiva.

En todos los modelos de medición de la calidad de la democracia, el Estado de derecho es el primero que se menciona como condición sine qua non para que una democracia merezca ese nombre. Se trata de garantizar las libertades civiles, propias de las revoluciones burguesas (inglesa, norteamericana y francesa). La propiedad privada en primer lugar –fue la reclamación del no taxation without representation de los rebeldes de los futuros Estados Unidos- y después el resto de libertades individuales que permiten que la libertad sea real en un país: libertad de expresión, de reunión, de movimientos, inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones. Son las libertades que reciben en todo el constitucionalismo liberal las máximas garantías jurídicas. Es la Sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución Española de 1978 "de los derechos fundamentales y de las libertades públicas".

Para que el poder no subvierta esos derechos fundamentales y esas libertades públicas –que se han quebrado de manera evidente en el caso de los dirigentes de Podemos y de los independentistas catalanes ahora (y ayer de los vascos)- se ha desarrollado la división de poderes. Que en España no funciona. Porque España es una democracia fallida. Ahí está la Presidenta del Congreso de los Diputados abandonando a su suerte a los diputados y diputadas atacados por el deep State.

Tenemos un problema cuando los jueces, que son los encargados de evitar que el Ejecutivo abuse del poder, se convierte en un aliado de los "poderes salvajes".

Tenemos un problema cuando los jueces, que son los encargados de evitar que el Ejecutivo abuse del poder, se convierte en un aliado de los "poderes salvajes" –los poderes económicos a los que les sobran las leyes- y se pone del lado de los enemigos de la democracia.

Cuando surgió Podemos, empezaron los ataques de lo que llamamos el deep State, el estado profundo, esto es, ese ámbito al margen de la Constitución y las leyes, que usaba a jueces, policías, medios de comunicación y ámbitos del Estado (como la agencia tributaria o la UDEF o la policía nacional) para inventar pruebas falsas e intentar acabar con los líderes de Podemos. Los primeros que recibimos los ataques fuimos ingénuos. Nos olvidamos de que todo lo que habían hecho a los "enemigos" de ayer lo iban a hacer con los "enemigos de hoy". Podemos, como partido, también fue torpe. No bastaba con saber la teoría.

Podemos no reaccionó bien porque no estaba preparada para que el Estado disparara sus misiles contra sus líderes. Fue un error. Luego vendrían todos los demás. Y el estado profundo iba sofisticándose: asaltar la casa del Vicepresidente y su compañera, la Ministra de Igualdad, rastrear de manera prospectiva en las biografías de los líderes para propagar bulos o hacer denuncias, juzgar a diputados con testimonios falsos de policías, imputar a líderes de Podemos por coger en brazos a los hijos de Irene Montero…

En el desarrollo de nuestros gobiernos contemporáneos, siempre ha habido una tensión entre la libertad y la igualdad, entre la teoría liberal y la teoría democrática. En tiempos de crisis, el liberalismo suele sacrificar la democracia como una forma de mantener las desigualdades de clase y cualesquiera otras formas de privilegio. Por eso, en tiempos de crisis económica emergen formas diferentes de fascismo que tienen su expresión en partidos de extrema derecha, en la emergencia de bulos, en la radicalización de sectores de la policía, el ejército y la judicatura y, finalmente, en la violencia.

¿Qué harían con un Gobierno del PP y VOX? Si con gobiernos comprometidos con el Estado de derecho se espía a la ciudadanía ¿qué no harán si llegan a gobernar los que desprecian el Estado de derecho?

El deterioro en algunos sectores de la judicatura, expresado tanto en algunos jueces que parecen haber olvidado su función social como en el caducado CGPJ, sitúa a España más cerca del pasado que del futuro. Son enormemente preocupantes en este momento en el que, por vez primera, la extrema derecha ha entrado en España en un gobierno regional. Una extrema derecha a la que le sobra buena parte de la Constitución y que en otros lados, sea Orban, Le Pen o Putin, han dado sobradas muestras de su falta de compromiso democrático. Si con un Gobierno de coalición se comporta así una parte de la judicatura, (recordemos al juez que preside el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el juez José Luis Concepción, que afirmó que nadie del PCE podría estar en el Gobierno) ¿qué harían con un Gobierno del PP y VOX? Si con gobiernos comprometidos con el Estado de derecho se espía a la ciudadanía ¿qué no harán si llegan a gobernar los que desprecian el Estado de derecho?

Sin igualdad no hay democracia y sin Estado de derecho, tampoco. De la misma manera que no la hay si la ciudadanía no puede crearse de manera dialogada y con argumentos su propia opinión sobre el gobierno y las alternativas. En otras palabras, tampoco hay democracia sin medios de comunicación libres, plurales y veraces.

El Estado profundo, ese que vota todos los días, tiene sus tentáculos en la judicatura, la policía, el ejército, los medios de comunicación, el Banco de España, la Agencia Tributaria, los palcos de fútbol, la jerarquía de la iglesia o los servicios de inteligencia que controla el Ministerio de Defensa.

El Estado profundo, ese que vota todos los días, tiene sus tentáculos en la judicatura, la policía, el ejército, los medios de comunicación, el Banco de España, la Agencia Tributaria, los palcos de fútbol, la jerarquía de la iglesia o los servicios de inteligencia que controla el Ministerio de Defensa (y los que no controla también). EL PP y VOX lo saben porque lo usan. Especialmente para dinamitar la mayoría de gobierno alternativo que ha sacado a las familias de siempre del control absoluto del poder. El PSOE también lo sabe, porque los ha usado. Pero convendría que entendiera que si sigue permitiendo que esto pase, los siguientes serán ellos. Porque todo lo que haces en una democracia fallida a los enemigos de hoy, se lo aplicarán a los enemigos de mañana. Y que no se equivoque el PSOE: en cuanto pueda ponerlo en marcha la derecha, ellos serán los próximos enemigos. Salvo que terminen aceptando un gobierno de gran coalición con el PP.