La estrategia de chips de Europa hace aguas antes de echar andar

Desde la pandemia y tras el cierre de numerosas plantas de producción en Asia, Occidente ha entrado en una espiral de autocrítica por haber dado alas durante décadas una globalización desbocada que, en gran parte, venía marcada por la deslocalización de la fabricación en países donde los costes eran más baratos. Los cuellos de botella que se produjeron en la cadena de suministro propiciaron que los países comenzaran a plantearse seriamente una mayor diversificación en pos de más autonomía. Europa no es una excepción, aunque su estrategia comienza a hacer aguas.

Recientemente, la compañía Wolfspeed anunciaba la construcción de una fábrica de chips en Alemania acometiendo una inversión para ello cercana a los 2.000 millones de euros. El problema es que Wolfspeed no es europea, es estadounidense, lo que cuestiona de nuevo los planes de soberanía tecnológica que las mentes cortoplacistas de Bruselas habían diseñado con su Ley de Chips, que se mueve a cámara lenta.

Aunque es cierto que en esa nueva planta también participará el proveedor de automóviles alemán ZF, será de manera muy minoritaria. ¿Esa era la idea de autosuficiencia que tenían en mente nuestros representantes europeos? Diría que no y, además, la realidad es mucho más tozuda que lo que soporta el papel.

En este mismo sentido y como ya avanzamos en este espacio, poner en marcha una planta de producción de chips no es una tarea sencilla, ni siquiera para una multinacional con experiencia como Wolfspeed. Este es el motivo por el que la producción tardaría en llegar cerca de cuatro largos años, no alcanzando la plena capacidad hasta 2030. Además, y no es un tema menor, para que el proyecto se materialice, las subvenciones públicas tienen que alcanzar al menos la cuarta parte de la inversión total.

El actual clima de recesión, la crisis de las tecnológicas y los elevados costes de la energía están ralentizando –sino paralizando- algunas de las inversiones anunciadas. De hecho, a pesar de que por ser la primera economía europea y por el poderío de su industria del motor, Alemania era un lugar deseado para construir su nuevo centro de producción de chips, la mismísima Intel –que no atraviesa por su mejor momento- ha congelado el proyecto, que conformaba una de las piezas clave de sus planes de inversión en Europa de alrededor de 88.000 millones de euros.

El motivo de esta congelación viene por los plazos tan dilatados que tiene Europa en todo cuando hace. Hablando en plata, no están claras las subvenciones que recibirá la multinacional estadounidense y hasta que no se vea luz al final del túnel no moverá ficha. Y es que la Unión Europea es una auténtica campeona en cuestión de anuncios, pero no tanto en su ejecución.

La Ley de Chips se anunció a en septiembre de 2021 y, tras su paso por el Consejo el pasado mes de diciembre, aún se encuentra pendiente del filtro del Parlamento. A medida que pasa filtros, se van quedando pelos en la gatera y no son menores. Algunos expertos apuntan a que muy probablemente terminará movilizando la mitad de los fondos públicos anunciados, quedando en poco más de 20.000 millones de euros.

Por si esto no fuera poco, los mayores movimientos están viniendo por fabricantes estadounidenses, con lo que los planes de la UE de alcanzar soberanía tecnológica para 2030 están cogidos con alfileres. Se está produciendo un cambio de deslocalización de Asia a Europa por parte de las compañías de EEUU, entre otras cosas, por un ahorro de costes logísticos. Eso es todo… y ni siquiera en eso Europa lo está haciendo bien.

EEUU le está comiendo literalmente la tostada. Con una burocracia mucho más ágil, la Administración Biden ha conseguido comprometer ya cerca de 400.000 millones de dólares a través de su programa Chips for America, captando no sólo a compañías nacionales como Intel, IBM o la propia Wolfspeed, sino también algunas de las más punteras internacionales como la coreana Samsung o la taiwanesa TSMC. Europa, en cambio, ni siquiera roza los 100.000 millones de euros.

La lentitud de movimientos de la maquinaria europea es contagiosa. El Perte Chip que aprobó el Gobierno de España en mayo de 2022, dotado con algo más de 12.000 millones de euros, se encuentra en el limbo, con más acción en materia de nombramientos que a nivel operativo. En abril del año pasado, cuando fue inicialmente anunciado, ya deslicé que por el escaso nivel de concreción tenía un fuerte componente de humo. Europa, desde luego, no ayuda; ¿será capaz de moverse a la rapidez requerida en algún momento?