Unos pocos días antes de las elecciones italianas de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entró de lleno en la campaña electoral advirtiendo de las consecuencias de alejarse de los principios democráticos: “Si las cosas van en una dirección difícil, como he mencionado respecto a Hungría y Polonia, tenemos herramientas”. Una amenaza velada ante la posibilidad de que ganara la formación posfascista, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni. Unos días después de las amenazas veladas de Von der Leyen, Meloni se convertiría en la primera ministra italiana, ganando las elecciones con un 26% de los votos, encabezando una coalición de gobierno con La Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del difunto Silvio Berlusconi.

Desde entonces, Meloni ha conseguido asentarse en el poder en Italia mediante una política económica continuadora del gobierno tecnocrático de su antecesor, Mario Draghi, cesando en sus críticas a la “burocracia de Bruselas” y asumiendo la política internacional del establishment europeo ante Rusia y la OTAN. Austeridad y atlantismo: las claves para entender cómo la nueva inquilina del Palacio Chigi ha pasado de ser considerada como una “populista”, “iliberal” y “posfascista”, a convertirse, en pocos meses, en una socia seria y razonable para las instituciones europeas.

Así, una vez que Meloni aprobó el examen y obtuvo el graduado europeo de respetabilidad, ha tenido las manos libres para emprender una agresiva necropolítica migratoria, agitando el fantasma del “gran reemplazo” y criminalizando a las ONG de búsqueda y rescate. Las amenazas veladas de la presidenta de la Comisión contra un Gobierno de extrema derecha en Italia que se alineara con la Hungría de Orbán han dejado paso a las buenas palabras, la cortesía en redes sociales e incluso a posar sonrientes de viaje en Túnez para renovar el Memorando de Entendimiento para una asociación estratégica e integral (MoU), que tiene en la externalización del control migratorio su objetivo fundamental.

De hecho, Meloni fue clave a la hora de desencallar el Pacto Migratorio, que amplió el alcance del procedimiento de retorno en frontera y fortaleció los vínculos entre las políticas de asilo y retorno, favoreciendo la dinámica de externalización de fronteras. Una auténtica cesión a la agenda de la extrema derecha que se justificó bajo el pretexto, justamente, de frenar las propuestas de la extrema derecha. Un ejemplo más de cómo la gran coalición del extremo centro (populares y socialistas) que gobierna la Unión lleva años reforzando la “Europa fortaleza” con el espantapájaros de la extrema derecha como coartada.

Aun así, nunca parece ser suficiente a la hora de recortar derechos. Pocas semanas después de aprobar el pacto de migración y asilo, el 15 de mayo del año pasado, quince Estados miembros de la UE, liderados por Dinamarca, enviaron una carta a la Comisión pidiendo que se exploraran “nuevas soluciones para prevenir la migración irregular a Europa”, apostando por un marco legal aún más estricto. Aquí es donde aparece el modelo Meloni de externalización de centros de internamiento de extranjeros fuera de territorio italiano.

El protocolo migratorio Italia-Albania, firmado en 2023, consistía en el establecimiento de dos centros de internamiento de extranjeros en territorio albanés para gestionar y devolver mediante un procedimiento “acelerado” a los migrantes varones adultos procedentes de “países seguros” rescatados en el mar. Un modelo Meloni que seguía la estela del llamado modelo australiano de gestión migratoria, conocido como “solución del Pacífico”, en donde las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar son llevadas por la fuerza a centros de internamiento en las islas de Papúa Nueva Guinea, donde soportan condiciones crueles y degradantes, a veces durante años, mientras se tramitan las solicitudes de protección internacional con un sistema deliberadamente severo.

De hecho, desde su apertura, los centros de internamiento de extranjeros han permanecido vacíos después de que la Justicia italiana anulara en varias ocasiones las órdenes de detención, impugnara la designación de determinados países como “seguros” y remitiera los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el mismo sentido se pronunció la Justicia británica, que también paralizó la entrada en vigor de un centro de internamiento de extranjeros en Ruanda. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó por unanimidad que el plan era ilegal porque los "refugiados genuinos" corrían el peligro de ser devueltos a sus países de origen. Por ahora, el modelo Meloni se ha revelado como un auténtico fracaso, además de un auténtico despropósito económico. Según el diario italiano La Repubblica, cada centro de Albania cuesta 297 euros al día por cada solicitante de asilo, es decir, casi diez veces más que si la recepción se hiciera en Italia (que costaría 35 euros).

Aunque parezca paradójico, la Comisión Europea, con la nueva propuesta de código de retorno presentada en marzo pasado, viene a rescatar del fracaso al modelo Meloni de externalización de centros de internamiento a Albania. Un modelo que la presidenta Von der Leyen señaló como ejemplo para “extraer lecciones” de cara a desarrollar una estrategia similar a nivel europeo. Pero existía un problema: la legislación europea no permite llevar a cabo devoluciones a un tercer país que no sea el de origen. Aquí es donde entra la nueva regulación europea de retorno que presentó la Comisión y que plantea reformar la Directiva de 2008 para poder explorar posibles vías que permitieran desarrollar “centros de retorno” europeos en terceros países, como una forma “innovadora para contrarrestar la migración ilegal”.

La pregunta que subyace es: ¿por qué la Comisión quiere rescatar el fallido modelo Meloni, que se ha revelado como una propuesta vulneradora de derechos, económicamente muy costosa, legalmente controvertida y de resultados desastrosos?

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La verdad solo se puede entender desde una lógica de propaganda política inmediata, que permite visibilizar el “trabajo” concreto de los Gobiernos sobre la migración. Una buena muestra fue el traslado de los primeros migrantes a las costas albanesas en barcos militares, un potente instrumento simbólico que contribuye a la estigmatización de las personas migrantes y construye un imaginario de exclusión entre la “comunidad” y los “extranjeros”, un elemento fundamental para trazar una frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser, y efectivamente resultan, excluidos de cualquier protección. Una coartada sobre la que construir y sostener el consenso sobre el que se asienta y pivota todo el dispositivo de control de fronteras que conforma la actual Europa Fortaleza.

Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca hemos observado con estupor e indignación las imágenes de deportación de personas migrantes como si fueran delincuentes, no solo a sus países de origen, sino incluso a cárceles en El Salvador. Pero la propuesta de la Comisión Europea de generalización del modelo Meloni, con centros de internamiento fuera de las fronteras europeas, no tiene nada que envidiar al salvajismo trumpista.

La deriva reaccionaria que aqueja al mundo no solo afecta a unos Estados Unidos presididos por Trump, sino que atraviesa el tuétano de unas instituciones europeas que traducen los discursos de odio, racismo y xenofobia de la extrema derecha en políticas públicas. En este contexto, las personas refugiadas y migrantes pasan a ser problemas incómodos que conviene eliminar cuanto antes: sujetos sin derechos. Por eso, es fundamental concebir la actual situación migratoria no únicamente como una crisis humanitaria, sino también y, sobre todo, como una crisis de derechos y, por lo tanto, como una crisis política. Una crisis que cuestiona quién tiene derecho a tener derechos en Europa y que nos interpela a todas.