Europa: diplomacia digital para defender la vigencia regulatoria

El "efecto Bruselas": el liderazgo regulatorio europeo

La animadversión trumpista hacia la Unión tiene como una de sus raíces su poder en la esfera global basado en su liderazgo regulatorio. La UE ha hecho valer el tamaño de su mercado de más de 500 millones de consumidores para definir estándares legislativos mundiales. Las leyes de la UE han moldeado las prácticas globales sin necesidad de acuerdos comerciales ni coerción. Las empresas que desean vender dentro de la UE, para ahorrar dinero y evitar operar con sistemas diferentes en distintos lugares, aplican las mismas normas a todas sus operaciones en el mundo, dando así forma también a las leyes de otros países. Es el llamado «efecto Bruselas», acuñado en 2020 por la profesora Anu Bradford en su libro "El efecto Bruselas: cómo la Unión Europea gobierna el mundo", que ha sido especialmente efectivo en el ámbito digital.

El impacto del "efecto Bruselas" en la legislación tecnológica es visible a lo largo de los cinco continentes. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ha erigido como estándar mundial en la privacidad y tratamiento de datos personales, con normativas similares adoptadas en cerca de medio centenar de países, algunos tan dispares como Japón, Canadá o Brasil. Un camino similar ha iniciado la Ley de Mercados Digitales (DMA, Digital Markets Act), con la que se busca prevenir abusos, proteger a consumidores y pequeñas empresas, y promover la innovación en el mercado digital. Algunos países ya han adoptado una norma similar a la DMA —Japón, Reino Unido— mientras otros están realizando los trámites para ello —Brasil, Corea del Sur, India—. La Ley de Servicios Digitales (DSA, Digital Services Act), adoptada para crear un espacio digital más seguro y transparente, protegiendo los derechos de los usuarios, especialmente contra contenidos ilegales y publicidad engañosa, también ha inspirado regulaciones fuera de la UE.

Una década de guerra digital entre EE UU y la UE   

Las grandes compañías tecnológicas estadounidenses se han opuesto denodadamente a la ambición universal de la legislación digital europea, que ha condicionado sus operaciones globales. También lo ha hecho el poder político en Washington sin diferencias partidarias. En 2013, la Administración Obama se unió a las grandes tecnológicas en la campaña contra la adopción del RGPD. En la última campaña electoral por la Presidencia, el movimiento MAGA llamó en su programa político —Proyecto 2025— a hacer un reset de las expectativas europeas en el ámbito de la privacidad y transferencia de datos personales.

Espoleada por unas empresas tecnológicas cuyo valor de mercado conjunto supera el PIB de la UE, la Administración Trump no oculta sus deseos de doblegar la legislación digital europea. Considera barreras comerciales extractivas la aplicación de las normas europeas sobre las grandes tecnológicas, estimando en más de 30.000 millones de dólares el valor de las sanciones que la UE ha impuesto a las grandes tecnológicas en la última década por violar la privacidad o la libre competencia en la esfera digital. La actitud de la UE ha sido hasta ahora de apaciguamiento, habiendo incluso iniciado en noviembre de 2025 el proceso legislativo para edulcorar su legislación tecnológica con el Ómnibus Digital, de conformidad con lo pactado en el pre acuerdo comercial entre las dos partes en agosto.

La virulencia y oficialidad de la ofensiva trumpista en diciembre demuestra que la estrategia seguida hasta ahora por Bruselas no ha sido la adecuada. Primero, el secretario de Estado Marco Rubio describió la multa impuesta por la UE a X por falta de transparencia y publicidad engañosa en sus servicios como una acción de censura y contra la libertad de expresión. Después, la Casa Blanca incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional acusaciones a la Unión Europea de "censurar la libertad de expresión" y causar "asfixia regulatoria", reclamando "tratamiento justo para las empresas estadounidenses". Y como última acción hasta ahora, vetando la entrada en EEUU a Thierry Breton —excomisario de la UE— acusándolo de ser el cerebro de la Ley de Servicios Digitales.

Cómo responder a la ofensiva extrema de Trump  

La ofensiva de Trump contra la legislación digital de la UE no es un episodio más en la larga historia de tensión entre los socios transatlánticos: es un momento existencial. La Unión no puede dar respuestas tibias por más tiempo. En primer lugar, si las clarificaciones solicitadas por la sanción personal sobre Thierry Breton no son recibidas o no son satisfactorias —y es difícil que lo sean— ha de solicitar de modo explícito la inmediata revocación de la misma. En segundo lugar, ha de reafirmar su autonomía regulatoria progresando de modo visible en la investigación de los casos contra las grandes plataformas digitales por eventual violación de la legislación de datos, mercados o servicios.

Pero Europa no puede conformarse solo con las acciones de mera continuidad descritas. La UE ha de apostar por renovar el "efecto Bruselas" en una operación ambiciosa de diplomacia digital. De un liderazgo en solitario de la legislación digital global ha de pasar a un liderazgo compartido con países afines con similares inquietudes, y que tienen las mismas preocupaciones que la Unión ante la ofensiva anti regulatoria de Washington. La base para ello está establecida con la red de alianzas y asociaciones digitales que ha desarrollado Europa en los últimos años y que abarca, entre otros, a Canadá, Corea, Japón, Singapur, Reino Unido, Nueva Zelanda, India y Brasil. Todos ellos son economías que ya han desarrollado sus versiones de RGPD y han tramitado o están tramitando legislaciones similares a la DMA y DSA.

La emergencia de China ha alterado el equilibrio de fuerzas geopolíticas en perjuicio de Europa. El peso del poder económico de Europa en el mundo desde 2016 —fecha de adopción del RGPD— ha disminuido de un 22 % del PIB mundial hasta el 17,5 % actual. Pero el peso de Europa aún es relevante para ser el pilar de las "coaliciones de voluntad" —a las que también llama Anu Bradford— para garantizar el control de la tecnología y preservar los derechos fundamentales frente a los gigantes digitales. Y la Unión no puede renunciar a ese papel, es una de sus barricadas decisivas para resistir la estrategia para su disolución auspiciada desde Washington.