La Unión Europea (UE) vuelve a anotar en su historia otro suspenso. Cada vez que se pone a prueba a este club, hace aguas. Si lamentables fueron las negociaciones del fondo de recuperación, dotado con 750.000 millones de euros, todavía peor está resultando su estancamiento que retrasa la llegada de las primeras ayudas a, como pronto, la segunda mitad del año que viene. ¿Cuántos habrán caído por el camino hasta entonces?

Pinta feo; es un hecho. Las cifras de contagios de COVID-19 se han disparado por toda Europa y la mayor parte de los países se preparan para endurecer sus medidas, sino lo han hecho ya. Por mucho que desde nuestro gobierno se trate de calmar los ánimos, aguardando hasta el 9 de noviembre para evaluar el resultado de los cierres perimetrales, la posibilidad de volver al confinamiento domiciliario cobra más peso. A estas alturas, es posible que incluso les hayan llegado mensajes a través de Whatsapp avanzando que se decretará el viernes, se publicará en el BOE el sábado y el domingo 8 estaríamos ya tod@s confinad@s.

La rumorología -sin confirmar- corre como la pólvora, pero más allá de bulos, lo cierto es que la letalidad, la cantidad de casos positivos y la presión asistencial tendrían que dar un vuelco para revertir la situación. De producirse ese confinamiento, que seguramente tendrá algunas diferencias respecto al de marzo, la economía volverá a desplomarse, dejando en la estacada a millones de personas que ya lo están pasando muy mal.

¿Qué hace mientras la UE? Bloquear la llegada de los fondos de recuperación en tediosas negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Discutiendo, incluso, si es preciso cumplir con el estado de derecho para poder recibir las ayudas. Sí, como lo leen. ¿Acaso no debería negársele la pertenencia a la UE a un país en el que no se respeten los Derechos Humanos (DDHH) y el estado de derecho? Pues así estamos, con países de Europa del Este que hacen y deshacen a su antojo habitualmente y justo ahora, cuando más falta hace agilidad, es cuando se quiere enderezarlos.

Ni la estructura ni las fórmulas de funcionamiento de la UE son ágiles y realmente operativas, por no hablar de que, a la hora de la verdad, no existen políticas comunes, cada país entona el 'sálvese quien pueda' y el habitual movimiento esclerótico se torna directamente en parálisis. Esta falta de unidad, hace que, por ejemplo, un solo país pueda bloquear la llegada de las ayudas al resto: cuando se hayan puesto de acuerdo la el Consejo, la Comisión y la Eurocámara, los parlamentos de cada uno de los 27 Estados miembro lo tiene que ratificar... y ninguno se puede descolgar, con que uno lo haga, de nuevo vuelta a las negociaciones... y si no hay unidad en Europa imaginen en cada uno de los cada vez más polarizados parlamentos... para muestra, España.

Mientras, los países tendrán que aguantar a pulmón lo que está por venir, que no será fácil. El horizonte del segundo semestre de 2021 para comenzar a recibir ayudas es demasiado tardío, por lo que Europa debería pisar el acelerador y demostrar, de una vez por todas, que no solo funciona cuando las cosas van bien -que incluso ahí, podría dicutirse-. Del mismo modo que se solicitan auditorías independientes para evaluar el modo de actuar de los gobiernos frente a la pandemia, la propia UE debería auditarse y afrontar la profunda reforma que lleva años precisando para realmente tener sentido.