El volumen de usuarios del bono social eléctrico, la ayuda pública que permite reducir entre un 25% y un 40% el coste del recibo de la luz a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, se ha triplicado en dos años en España mientras las consecuencias económicas de la pandemia están disparando la demanda a un ritmo de más de doscientas solicitudes diarias.

Según los datos facilitados por el Miteco (Ministerio de Transición Ecológica) al senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia en las respuestas (1, 2 y 3) a una batería de preguntas parlamentarias, el número de beneficiarios de esa medida pasó de 449.267 a 1.311.662 entre los meses de abril de 2018 (el previo a la moción de censura) y de 2020 (en plena pandemia).

Ese aumento, que alcanza el 191% en solo dos años, aunque el grueso del avance se produjo en el segundo de ellos, registró los mayores incrementos en Madrid (+86.830), Catalunya (+100.941), la Comunitat Valenciana (+101.573) y Andalucía (+202.755), las cuatro comunidades más pobladas y, en el caso de las dos últimas, con índices de pobreza claramente superiores a la media estatal, según la Encuesta de Condiciones de Vida.

Esas cifras suponen que prácticamente el 7% de los 18,6 millones de hogares del país necesitaban ayuda para poder pagar el recibo de la luz a finales de abril, que es cuando el Miteco cerró los datos.

Su peso sobre el total de consumidores domésticos, que son 26,89 millones según los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) cae por debajo del 5%, aunque ese dato incluye las segundas residencias, pero salta hasta cerca del 11% entre los que consumen energía con tarifa regulada (11,99 millones).

Casi 1.400 nuevos usuarios por semana con la pandemia

El número de usuarios del bono social se ha visto incrementado a un ritmo de casi 200 nuevos usuarios al día (1.382 semanales) a raíz de la crisis económica desatada en torno al coronavirus, según se desprende de otra respuesta del Miteco al senador socialista.

Solo entre finales de abril y finales de agosto, en un periodo que incluye varios de los meses menos fríos del año, el volumen de beneficiarios del bono social eléctrico se disparó en 23.505 familias para alcanzar los 1.335.167. Casi 5.000 de esos nuevos usuarios (4.963) accedieron por la vía del escudo social, que abrió una vía de acceso específica para los autónomos que en un mes vieran desplomarse un 75% o más sus ingresos o se encontraran en cese de actividad.

La escasez de las rentas, que se calcula a partir del Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) y que permite acceder al bono si se cumplen determinados requisitos cuando los ingresos del hogar no alcanzan los 18.799 euros brutos anuales, es el principal motivo por el que las familias obtienen esta ayuda. En casi la cuarta parte de los casos se les suman otras como el hecho de tratarse de hogares monoparentales o que en ellos vivan personas con discapacidad, dependientes y/o víctimas de la violencia machista o el terrorismo.

A este grupo de hogares le siguen en importancia numérica las familias numerosas, que suman 343.680 y que acceden al bono sin ningún factor de progresividad, y los hogares de pensionistas que subsisten con prestaciones o subsidios mínimos, que son 160.077, en ambos casos con baja presencia de las llamadas "condiciones espaciales" (1.512).

"Se ha reforzado el bono social durante la crisis"

"En poco más de dos años hay 885.900 familias más en nuestro país que se benefician del citado bono eléctrico", señaló Heredia, que destacó la movilización de recursos económicos y la aprobación de medidas "para proteger a familias y trabajadores para que nadie se quede atrás, con especial atención a los más vulnerables" por parte del actual Gobierno ante la actual crisis. " Se ha reforzado el bono social durante la crisis para garantizar el suministro de los hogares en los momentos más difíciles y así proteger a las personas consumidoras vulnerables", anota el senador, que destaca como el escudo social incluyó la obligación para las compañías de mantener los suministros esenciales aunque se produjeran impagos, algo que "ha evitado casi 500.000 cortes de luz", explica el senador, un 90% en viviendas y un 10% en empresas.

No obstante, ese veto, que se vio reforzado por otras medidas de las propias compañías eléctricas, que con el estado de alarma facilitaron la suspensión de contratos de suministro y la reducción de las potencias contratadas, dejó de estar vigente a finales de septiembre.

Un carrusel de modelos en una década

El bono social, implantado en 2009, a comienzos de la anterior crisis, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para aliviar las estrecheces económicas de los hogares en situación de vulnerabilidad, ha tenido una azarosa vida en esa década escasa de existencia.

Su segunda versión, regulada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, fue tumbada por el Tribunal Supremo, que en 2016 declaró que el coste no podía ser cargado a las compañías eléctricas, lo que obligaba al ejecutivo a indemnizarlas con 400 millones de euros.

La tercera, también del Gobierno del PP, eliminó el requisito de tener instalada la potencia mínima, que había permitido durante años que más de 700.000 segundas residencias se beneficiaran de las rebajas en el recibo de la luz mientras el bono apenas llegaba a las familias con todos sus miembros en paro o a los pensionistas con bajos ingresos. También puso límites al consumo cubierto por el bono que, en la práctica, redujeron sus efectos en los bolsillos de las familias.

La cuarta y actual versión, aprobada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2018, estableció que las compañías eléctricas recuperarían el coste del bono social en las liquidaciones anuales del sistema y articuló un sistema de acceso en función de las rentas, salvo para las familias numerosas, que ha permitido triplicar el número de beneficiarios tras el desplome causado por el anterior formato. No obstante, mantiene requisitos como la obligación de renovar los ‘papeles’ cada dos años.

El actual sistema se verá complementado el año que viene con el llamado "bono social térmico", con el que, según prevé el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, las comunidades autónomas repartirán 109 millones de euros entre los beneficiarios del bono social eléctrico para "compensar gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia".