Miles de familias están acumulando una deuda millonaria con las compañías eléctricas como consecuencia del parón de la actividad económica por la pandemia de coronavirus: el escudo social y su reciente prórroga vetan los cortes de suministros esenciales como el gas, la luz y el agua en las viviendas principales por impago hasta septiembre, pero sin que esos débitos queden saldados.

Se trata de una moratoria, similar a las que se aplican a las hipotecas o los alquileres para colectivos vulnerables, pero que en este caso abre un inquietante horizonte de suspensión de esos servicios cuando se acerquen los primeros fríos.

El decreto que prorroga el escudo social, publicado el miércoles 8 en el BOE, establece que "excepcionalmente, hasta el 30 de septiembre de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual" y que, como ocurrió durante el estado de alarma, ese tiempo "no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago".

Eso evita que hasta el 30 de septiembre ninguna familia pueda quedarse sin luz, agua o gas en su casa por no poder pagarlos y, al mismo tiempo, hace que los plazos para el corte por impago queden congelados en la práctica durante seis meses y medio, desde mediados de marzo hasta finales de septiembre.
Pero, paralelamente, durante ese tiempo se siguen generando unas deudas que, en el caso de la electricidad, con el recibo medio por encima de 50 euros mensuales, superarían los 300 euros en muchos casos y para las que la normativa específica de la pandemia no ofrece alternativas, más allá de las que puedan ofrecer las ayudas de urgente necesidad de los servicios sociales municipales y autonómicos.

"No tenemos constancia de que haya nada ahora mismo sobre la mesa para hacer frente a ese escenario" de principios de otoño, explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales, que apuntaron a la eventual intervención, aunque más delante, de Consumo y de Transición Ecológica, ya que "son las operadoras las que decidirán qué hacer con la deuda y como pagarla".

Las compañías ponen a cero el contador

Los cortes por impago estaban dejando sin suministro eléctrico antes del estado de alarma a una media de 13.000 usuarios al mes (fueron 162.000 en todo 2019) tras haber llegado a rondar los 100.000 en los peores momentos de la anterior crisis, un ritmo que, según las estimaciones del Gobierno, volvió a darse durante el confinamiento como consecuencia del desplome de las rentas por el parón de la actividad económica.

Eso supone que en los algo más de tres meses transcurridos entre la declaración del estado de alarma el 15 de marzo y su levantamiento el 21 de junio algo más de 300.000 familias se habrían visto en la imposibilidad de pagar sus recibos de la luz, a lo que se suman los entre 25.000 y 40.000 que tenían en marcha un procedimiento por ese motivo cuando el Gobierno vetó los cortes de los suministros esenciales, primero a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión y después a cualquier vivienda habitual.

Tampoco se produjeron cortes en los 17 días transcurridos entre el fin de estado de alarma y la prórroga del escudo social, ya que las propias compañías eléctricas optaron por poner a cero el contador de la morosidad y por reiniciar la práctica totalidad de los expedientes de apremio por impago que ya estaban abiertos antes del estado de alarma.

"Con la nueva normalidad se volvieron a enviar los avisos" que inician el proceso, señalan fuentes de Endesa, que anotan que "se tienen en cuenta todas las nuevas situaciones", lo que incluye a "clientes que solicitaron cambios de potencia, o aplazamientos en sus pagos o suspensión temporal de contratos".
Se activaron los procesos "en todos los casos desde cero, con el envío de las primeras cartas y la activación de los protocolos" de servicios sociales y de protección del consumidor, coinciden desde una de las principales eléctricas del país.

Más de 40 millones mensuales de mermas

Ahora, las compañías deberán decidir si vuelven a reiniciarlos por completo una vez finalice la prórroga del veto el 30 de septiembre o si los trámites efectuados en esas dos semanas y media mantienen su vigencia.

Al margen de los impagos, el parón de la actividad económica como consecuencia del coronavirus está teniendo un notable impacto en las cuentas de las compañías eléctricas españolas, cuyo negocio está sufriendo unas mermas superiores a los 40 millones de euros mensuales; es decir, unos 125 desde la declaración del estado de alarma con la previsión de doblarse hasta el otoño.

Según los datos facilitados por Endesa, a finales de junio 121.098 empresas y autónomos se habían acogido a la reducción de potencia y otros 31.627 habían pactado la suspensión temporal de sus contratos de suministro a la espera de reanudar su actividad, lo que ha dejado fuera de servicio temporalmente 17.382 y 693 kilowatios de potencia con un coste, respectivamente, de 23,7 y de 1,85 millones de euros.

Junto con esas más de 150.000 reducciones de la actividad, otros 31.394 usuarios, entre los que se incluyen hogares, se habían acogido a la suspensión de las facturas por no poder pagarlas ahora, lo que suma aplazamientos por valor de casi 16 millones de euros.

Andalucía, Galicia, Canarias, Balears, Catalunya y Madrid se encuentran entre las comunidades en las que mayor número de usuarios se han acogido a este tipo de medidas que facilitan las compañías para adecuar el recibo a la nueva realidad o para negociar el pago de las deudas que van acumulando por el parón de la actividad económica. Se trata, señalan fuentes del sector, “de buenos pagadores que, por las circunstancias, ahora tienen dificultades y están viendo fórmulas” para mantener el servicio e ir pagando.

Paralelamente, 2.017 autónomos de los 6.222 que lo habían solicitado han accedido ya al nuevo bono social eléctrico por estar en cese de actividad o por haberse desplomado sus ingresos un 75%.

Una deuda que no deja de crecer con el corte

El procedimiento para cortar la luz comienza con una carta de advertencia que abre un plazo de entre diez días y un mes, según la compañía, tras el que esta interrumpe el suministro y abre otro periodo de dos meses previo a la baja definitiva del contrato.

Este segundo plazo se interrumpe si el consumidor paga la deuda, la cual sigue creciendo porque, aunque no recibe energía, al consumidor se le sigue facturando la parte del recibo vinculada a la potencia, que puede ser la mitad del coste mensual, recargos artificiales como el alquiler del contador o el peaje de acceso y, también, el impuesto sobre la electricidad (5,1% sobre lo anterior) y el IVA, que sigue gravando al 21% este bien de primera necesidad.

El reenganche cuesta otros 10,94 euros, mientras que el impago es reclamable en los tribunales durante tres años y con intereses, junto con la deuda anterior.

"Somos conscientes del bajón económico"

Al margen de esas normativas locales, la legislación estatal prohíbe cortar la luz por impago a los consumidores vulnerables, a los que define como los hogares sin menores que ingresen menos de 11.279 euros al año, a las familias con un menor que no ganen más de 15.039 y a las que tengan dos menores y no alcancen los 18.978, en todos los casos con coeficientes correctores de entre 3.760 y 4.760 para hogares monoparentales o en los que haya personas con discapacidad o víctimas de violencia machista o del terrorismo.

"La luz se le corta solo a quien puede pagar y no paga", indican fuentes del sector eléctrico, que prevén que vaya a producirse un aumento del número de consumidores que puedan pasar a ser considerados vulnerables como consecuencia de la crisis económica. "La normativa no ha cambiado, pero otra cosa es que ahora pueda haber mucha más gente en situación de vulnerabilidad", añaden.

"Somos conscientes del bajón económico, en pymes y negocios sobre todo", señalan fuentes de Endesa, que destacan la puesta en marcha de "muchas medidas para que la gente pueda afrontar los pagos".

El reinicio de los procedimientos de apremio durante esas dos semanas y media permitió, por otra parte, activar los procedimientos de ayuda a los consumidores vulnerables habilitados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuyo volumen de beneficiarios va a crecer de manera notable como consecuencia del parón de la economía por el coronavirus, que ha provocado un desplome de las rentas en amplios sectores de la población.