La prohibición de cortar los suministros básicos que el Gobierno incluyó en los decretos del ‘escudo social’ ha evitado que más de 200.000 hogares se quedaran sin electricidad y/o gas durante "los dos primeros meses del estado de alarma".

"Se podría afirmar que un total de 200.000 cortes de suministro eléctrico han sido evitados como consecuencia de las medidas aprobadas", responde el Ministerio de Industria a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, para añadir que, paralelamente, "un total de 150.000 cortes de suministro de gas natural, aproximadamente" se han impedido por esa misma vía.

El Gobierno basa su respuesta al senador, que se había interesado por saber "cuántas familias estima el Gobierno que podrán evitar cortes en los suministros gracias a las medidas aprobadas" ante la pandemia y el ‘gran encierro’, en "un estudio comparativo con las interrupciones de suministro que tuvieron lugar en el periodo 2011- 2013, coincidiendo con los peores años de la crisis económica y financiera que tuvo su inicio en 2007", cuando "se llegaron a registrar un total de 100.000 suministros eléctricos mensuales suspendidos (1.200.000 al año)".

El 90% de esas suspensiones, que son el paso previo a la baja del contador, correspondían a hogares y el 10% restante a "empresas de diversos tamaños". Dos tercios del total, incluidos en el primero de esos dos grupos, los sufrieron a usuarios de la regulada Tarifa de Último Recurso (TUR), la habitual de las familias con menos recursos, que no podían hacer frente a los pagos.

En el caso del gas natural, añade la respuesta, el último Informe de Supervisión del Mercado de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) cifra en 75.191 los cortes del suministro por impago registrados en 2013, el año de mayor intensidad de ese fenómeno, en el que llegaron a afectar al 1,01% de los consumidores (7,445 millones), con la incidencia concentrada en los domésticos.

"No es lo mismo, y no somos lo mismo"

"No todas las crisis son iguales, y la forma de afrontarlas por parte de los gobiernos tampoco es la misma", señala Heredia, que destaca cómo "este Gobierno ha movilizado miles de millones de euros y aprobado cientos de medidas en un tiempo récord" con el "objetivo por encima de todo" de "proteger a familias y trabajadores y que nadie se quede atrás".

"No, no es lo mismo. No, no somos lo mismo", remarca, mientras indica que "esta ha sido probablemente la peor crisis mundial en mucho tiempo, pero la forma de afrontarla por el actual Gobierno no tiene nada que ver con cómo lo hizo el Gobierno del PP ante una crisis mucho menor" la pasada década.

El Gobierno PSOE-UP blindó los suministros básicos en sendos decretos aprobados por el consejo de ministros el 16 de marzo y el día 31 de ese mismo mes y posteriormente ratificados por el Congreso.

El primero de ellos prohibió cortar el agua, la luz y el gas a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social" y prorrogó hasta el 15 de septiembre los bonos sociales que vencieran durante el estado de alarma.

Y el segundo extendió el veto a suspender cualquiera de esos suministros a los "consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores", y estableció que el periodo de vigencia del estado de alarma "no computará" para "los procedimientos de suspensión" por impago. Nadie podía quedarse sin luz en casa y a nadie le corrían los plazos para perderla más adelante.

Más de cuatro millones de hogares sufren pobreza energética

La iniciativa parece lógica cuando un tercio de los asalariados y los autónomos se quedaron sin la posibilidad de trabajar por una causa de fuerza mayor en un país con tal fragilidad social como para que decenas de miles de familias no tuvieran recursos para comer en apenas una semana y en la que, según las estimaciones oficiales, más de cuatro millones de hogares  padecen pobreza energética.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), casi uno de cada diez hogares (el 9,6%) , 1,78 millones, "no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada", ya sea por resultarle imposible calentarla en los meses fríos o enfriarla en los más cálidos, de manera habitual.

Este registro, que alcanzó el 11,1% en 2014 y que en los últimos tres lustros no ha bajado del 6,2%, no es, sin embargo, el único que hace referencia a la pobreza energética, que es, en realidad, una manifestación de la pobreza sin apellidos: el consumo de energía es uno de los que reducen las familias con una renta insuficiente, que son, en realidad, el 53,7% de los hogares (9,98 millones) que tienen muchas (10,4%), bastantes (15,9%) o algunas (27,4%) dificultades para llegar a fin de mes.

Los cortes de luz se aplazan a finales de agosto

Dentro de esa mayoría absoluta de la población, la exposición a la pobreza energética, es decir, al riesgo de no poder pagar la luz o el gas cuando la opción es dejar de hacerlo con la vivienda, la comida o el transporte al trabajo o la escuela, por ejemplo, es especialmente intensa tanto para el 20% de las familias (3,7 millones) que subsisten por debajo del umbral de la pobreza, como para una parte de las que lo sobrepasan sin holgura.

Ese cuadro de fragilidad social, al que se le añade otro de endeblez productiva y empresarial, están en el origen del elevado volumen de beneficiarios que suma la batería de medidas del ‘escudo social’: más de cuatro millones de trabajadores refugiados en ERTEs, 1,4 de autónomos en cese de actividad, más de medio millón de pymes y de profesionales (y también 9.639 grandes empresas) que recurren a los avales del ICO para obtener liquidez, casi 270.000 suspensiones de hipotecas entre la moratoria oficial (208.698) y la del sector bancario y 110.000 créditos personales y de consumo aplazados (58.588 y 52.283).

Sin embargo, el próximo lunes 22 de junio comenzarán a correr de nuevo los plazos, algo que sitúa entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre los eventuales cortes definitivos del suministro derivados de los impagos que las compañías hayan registrado durante el estado de alarma.

Así continua creciendo la deuda impagada

Ante un descubierto, la compañía da al cliente entre diez días y un mes para ponerse al corriente y, de no hacerlo, le corta el suministro (nunca en viernes, fin de semana o festivo). En ese momento comienza a correr un periodo de dos meses tras el que, si no ha pagado, se produce la baja definitiva del contrato.

Durante esos dos meses que tiene para saldar el impago, el consumidor sigue acumulando deuda con la compañía, ya que a su cuenta se le siguen sumando la facturación mensual de la potencia, que en España supone casi la mitad del recibo al margen del consumo (este no pasa del 30% según la CNMC); otros componentes del artificial precio de la energía como los peajes de acceso o el alquiler de los contadores y, también, los impuestos asociados a esa parte de la factura, que incluyen un 21% de IVA tras otro 5,11% del Impuesto de la Electricidad.

Si paga la deuda antes del corte definitivo, la reanudación del suministro incluye, además, un coste extra de 10,94 euros por los llamados derechos de reconexión. Si no lo hace, la compañía puede reclamársela en los tribunales durante al menos los tres años siguientes; obviamente, con sus intereses.

Y si finalmente se produce la rescisión del contrato, la nueva conexión del suministro a esa vivienda sale por unos 370 euros: 55,8 (46,11 más un 21% de IVA) por los derechos de acceso, extensión y enganche más unas fianzas y una garantía que, según la estimación de la OCU, suman otros 317.

Más de seis millones de las compañías y casi dos del Estado

Un estudio del IDAE cifra el consumo medio de un hogar español en 291 kilowatios mensuales, con una potencia de 3,4 a 4,6 kilowatios, lo que deja el recibo estándar en el entorno de los 80 euros: 80,07 según la web especializada TarifasGasLuz y entre 70,03 y 90,75, en función de la compañía, según la organización de consumidores Facua.

El cruce de ese dato, que por otro lado no deja de suponer que el reenganche cuadruplica con creces un recibo medio mensual, con la estimación del Gobierno sobre los cortes evitados con el ‘escudo social’ sitúa el volumen de los impagos en el entorno de los ocho millones de euros mensuales, algo que no solo va a tener impactos en las cuentas de las compañías eléctricas, sino que también lo tendrá en las arcas estatales, ya que parte de ese dinero corresponde a impuestos.

Grosso modo, la distribución incluye 6,27 millones de euros de facturación de las compañías que se ven grabadas con unos 340.000 euros del impuesto de la electricidad y a cuya suma se añaden 1,4 millones de IVA que las eléctricas deberían ingresar inicialmente tras facturarlo a los clientes para recuperarlo más adelante si se confirman los impagos.