@e_bayona

ZARAGOZA .— El bono social, diseñado para abaratar el recibo de la luz a las familias en situación de vulnerabilidad, tiene trampas que, en la práctica, han pervertido su espíritu: durante años ha beneficiado a los propietarios de cientos de miles de segundas residencias y a familias numerosas de rentas altas mientras apenas llega a uno de cada veinte hogares con todos sus miembros en paro.

La lista de beneficiarios por la regulación del bono incluye, desde hace unos días, a las propias empresas comercializadoras de electricidad, a las que el Supremo ha ahorrado entre 180 Y 200 millones anuales al eximirles de financiar esas rebajas, configuradas como “una prestación con un marcado carácter social” y como “un mecanismo de protección para los usuarios económicamente débiles integrantes de "colectivos vulnerables” pero cuyo sistema de financiación, a juicio del tribunal, “no resulta compatible” con la normativa comunitaria.

La sentencia obligará al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, a reservar en su presupuesto más de 400 millones de euros —entre 180 y 200 por año— para indemnizar a las compañías eléctricas por los costes que les ha supuesto el bono social desde 2014. El 41% de esa cantidad será para Endesa, el 38% para Iberdrola, un 14% para Gas Natural y otro 2% para E.On, mientras otras 23 compañías se reparten el resto. El ajuste del bono social, y la reforma de su financiación, es una de las patatas calientes que, junto con el futuro del parque nuclear —con Garoña y el cuestionado impuesto para el combustible como primeras cuestiones— los hachazos a las renovables y el futuro del carbón tiene sobre la mesa.

Sin criterios de renta

El bono social fue creado en 2009 para bajar el recibo de la luz a “los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen”, pero que, a fecha de hoy, siguen sin ser determinadas. “En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual” y “se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar”, señala la Ley del Sector Eléctrico.

Sin embargo, en la práctica su aplicación no queda limitada a la vivienda habitual y el único criterio basado en rentas es el que señala como beneficiarios a los mayores de 60 años cuyo único ingreso sea una pensión mínima de jubilación, invalidez o viudedad: el sistema reconoce el derecho a no pagar la diferencia entre la TUR (Tarifa de Último Recurso) y el precio de mercado de la electricidad, que vendría a ser un 25% de la factura, a las casas con menos de tres kilowatios de potencia contratada, a las familias numerosas y a los hogares con todos sus miembros en paro.

Este sistema permite que cientos de miles de familias de rentas altas se haya beneficiado de unas bonificaciones —en la mayoría de los casos para sus segundas viviendas, en las que suele instalarse la potencia mínima, inferior a 3.000 watios— que, en la práctica, apenas llegan a las familias necesitadas.

Cientos de miles de familias de rentas altas se han beneficiado de unas bonificaciones que, en la práctica, apenas llegan a las familias necesitadas

Así, el aumento de los controles y la exigencia de aportar el empadronamiento en la vivienda beneficiada ha hecho que en seis años —de mayo de 2010 a mayo de 2016— desaparecieran de la lista 706.324 de las 2.509.451 iniciales —más de la cuarta parte— según admite la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
1,4 familias sin empleo y 5,5 de pensionistas

Con todo, las viviendas con instalaciones de menos de tres kilowatios, a quienes las eléctricas tramitan de oficio el bono social, según explicaron fuentes del sector, siguen constituyendo el principal grupo de beneficiarios: un 75%, con 1.803.127 bonos de los 2.414.507 que incluye el sistema.

En esos seis primeros años de aplicación, que han coincidido con la fase de mayor dureza de la crisis, han crecido el resto de grupos, aunque con matices. Así, mientras las familias numerosas se han duplicado con creces al pasar de 88.257 a 214.563, el aumento entre los pensionistas ha sido escaso –de 308.229 a 320.254- y el de los hogares con todos los miembros en paro, pese a haber estado cerca de cuadruplicarse –de 21.658 a 76.563-, únicamente llega a uno de cada veinte que se encuentran en esa situación.

La última EPA (Encuesta de Población Activa) cifra en 1,43 millones la cantidad de familias que tiene a todos sus miembros en paro y que supone el 8% de los hogares españoles. Un 34,3% —casi cinco millones y medio— de las unidades de convivencia tienen una pensión como ingreso principal, aunque sin discriminar sus cuantías.

La brecha digital y la exclusión energética

La Ley de Pobreza Energética que las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad el pasado jueves ofrece algunas claves para entender esta evolución. La normativa estatal “no define las características sociales, de consumo y poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable”, señala su preámbulo, que añade que medidas como el bono social “no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar estos suministros básicos para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces” por, básicamente, dos motivos: “el primero es que la distribución se realiza sin tener como elemento clave la renta de las familias. Y el segundo, que se solicita exclusivamente a través de internet”.

Esta condición —aunque la normativa admite sobre el papel la entrega en mano de las solicitudes— “hace que para los hogares vulnerables se añada una dificultad, puesto que es frecuente que las familias con dificultades económicas dejen de contratar esta conexión”. La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías del INE (Instituto Nacional de Estadística) avala esa tesis sobre la brecha digital: más de la mitad de las familias que ingresan menos de 900 euros al mes —el 52,1%— y la cuarta parte de las que ganan entre esa cifra y 1.600 —suman 7,5 millones— carece de ordenador, en 2,1 millones de las que sí disponen de él no hay conexión y, por último, en una de cada cinco viviendas con esos niveles de renta los teléfonos móviles no incluyen servicio de datos.

Pagar un 3% más de dinero por un 40% menos de energía

“En definitiva —indica la ley aragonesa— se están destinando recursos a las segundas residencia de hogares no vulnerables, en lugar de las viviendas habituales de familias vulnerables”, al tiempo que “no todas” las familias numerosas que se benefician del bono social se hallan “en una situación de vulnerabilidad clara que justifique la prioridad en la percepción de estas ayudas”. Tras la entrada en vigor de la nueva norma, las solicitudes pasarán a ser tramitadas por los Servicios Sociales “para hacer eficientes estas medidas”.
Estas situaciones se dan al mismo tiempo que el recibo de la luz sube a un ritmo de dos euros y medio al mes tras haberse encarecido un 24% en el último semestre.

En este sentido, la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE revela cómo el empobrecimiento generado como consecuencia de la crisis y los constantes aumentos de los precios de la energía han modificado las pautas de consumo de los ciudadanos. Así, el consumo medio anual de electricidad por familia cayó de 3.953,2 kilowatios en 2010 a 2.641 en 2015, mientras en ese mismo periodo el coste medio de esos suministros pasaba de 1.082 a 1.115 euros al año. Es decir, que en un lustro los españoles pagan un 3% más de dinero por un 40% menos de energía.