Aragón multará a las eléctricas que corten la luz a familias necesitadas

ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón multará a las eléctricas que corten la luz a familias que hayan solicitado ayudas para poder pagar sus recibos. La medida, que también afecta a las compañías distribuidoras de gas, es una de las novedades de la Ley de Pobreza Energética autonómica, cuya tramitación están finalizando las Cortes para llevarla al pleno del 3 de noviembre.

Las empresas se enfrentan a sanciones de hasta cincuenta veces el valor de la deuda que genera el corte –cien en caso de reincidencia- si lo ejecuta mientras la Administración está tramitando las ayudas solicitadas por la familia. La ley, tramitada a propuesta de Podemos en una ponencia coordinada por su diputado Nacho Escartín, complementa a la de Emergencia y contempla también como infracciones que los solicitantes de ayudas oculten a los servicios sociales otras que estén recibiendo y que las compañías eludan incluir en sus avisos de corte las medidas que incluye la nueva norma.

No existen datos concretos acerca de cuántas familias sufren pobreza energética en Aragón o se encuentran en situación de vulnerabilidad para caer en ella, ya que distintos estudios ofrecen horquillas de las 1.300 a las 7.000. No obstante, indicadores como las solicitudes de ayudas de urgente necesidad al Ayuntamiento de Zaragoza indican que la realidad se acerca más a la segunda cifra que a la primera.

En los nueve primeros meses de este año, el consistorio ha concedido 3.181 ayudas a familias que no podían pagar la luz y 732 para el gas por un montante de 486.321 euros. Eso, teniendo en cuenta que un 20% de las ayudas se concentran en las mismas familias, supone más de 3.100 hogares solo en la capital, en la que reside la mitad de la población de la comunidad.

La solicitud de ayudas ha descendido con respecto al año pasado, cuando llegaron a 4.750 en los nueve primeros meses para elevarse a 5.562 hasta final de año. No obstante, siguen duplicando con creces las 1.445 registradas en 2014.

La ley aragonesa define la pobreza energética por las dificultades que puede tener una familia para hacer frente a su factura energética, remite a un futuro reglamento para definir los consumos de subsistencia y establece dos tramos de vulnerabilidad: uno general, que incluye a los hogares que ingresen hasta 14.910 euros anuales -18.637 si incluye menores, tres hijos o más, víctimas de violencia machista o terrorismo, discapacitados o miembros con deudas hipotecarias-, y otro para unidades de convivencia en riesgo de exclusión que engloba, en todo caso, a las que ingresen menos de 7.455 euros al año -11.182 con las cargas del otro tramo-.

Los hogares incluidos en el general –más de 120.000, en torno a la cuarta parte de la comunidad- podrán beneficiarse de ayudas de entre el 50% y el 75% del coste de los suministros que se elevarán al 100% en los de especial vulnerabilidad. En ambos casos, con el reenganche a la red incluido en caso de que la compañía les haya cortado el suministro.

La norma, que prevé que las declaraciones de vulnerabilidad sean tramitadas por los servicios sociales –la falta de resolución a los 30 días será considerada positiva- y revisadas anualmente, contempla poner en marcha un programa tres años con auditorías energéticas en los hogares afectados para implementar en ellos medidas de microeficiencia cuyo coste puede asumir la administración entre un 25% y un 100%. También prevé reducciones de potencia y revisiones de tarifa, con especial atención a la extensión del bono social.

Está por ver cómo reaccionará a la aprobación de esta ley el Gobierno central después de que el grupo parlamentario del PP rechazara hace unos días  en el Senado una propuesta de Podemos para ampliar el bono social y cuando solo han pasado seis meses desde que el Constitucional anulara, tras un recurso de La Moncloa, los artículos de la norma catalana que prohibía los cortes de luz en los meses más fríos del año.

Mientras tanto, las principales compañías eléctricas se avienen a suscribir con ayuntamientos y comunidades autónomas convenios para reducir los cortes del suministro por impago y organizaciones como Ecodes impulsan en siete ciudades programas de eficiencia que permiten reducir hasta un 35% el consumo doméstico, al tiempo que las administraciones impulsan normas y programas para combatir la pobreza energética.

Así, el Plan Contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha, que en los tres primeros meses de este año superó las 6.000 ayudas de 150 euros a familias necesitadas, ha permitido evitar 180 cortes y casi 40 reposiciones del suministro; el ejecutivo asturiano destina 1,4 millones a actuaciones en ese campo, en el que espera llegar a unas 3.000 familias; el Gobierno de Navarra, comunidad en la que casi 100.000 personas se encuentran en riesgo de sufrir pobreza energética, prepara una batería de medidas en este ámbito y, por su parte, el de Baleares se muestra partidario de que las compañías apliquen exenciones y fórmulas de cobro flexibles a los clientes con problemas para pagar los recibos.