El pasado viernes exponía cómo mientras en algunos barrios ricos se moviliza la vecindad para protestar contra las medidas para combatir el COVID-19, en otros más pobres lo hace para tejer una red de solidaridad con los colectivos más vulnerables. Diferentes modos de entender el patriotismo, supongo. Detrás de las primeras protestas, se extiende una visión falaz de supresión de libertad, de represión de manifestaciones contrarias al Gobierno, de violación de la libertad de expresión. Un argumentario que, como en otros puntos de Europa, promueve la extrema-derecha (Vox) pero también el PP, con representantes como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juan Manuel Moreno.

En la columna de la semana pasada ya exponía que no se está produciendo tal represión del derecho de manifestación; tan sólo se vela porque, tal y como ha establecido nuestro gobierno con el aval del Congreso -no sólo PSOE y UP-, se mantengan las medidas de distanciamiento social para evitar nuevos contagios. Sorprende que en el PP no sepan distinguir entre eso y la represión cuando, precisamente, l@s populares legalizaron ésta última con su Ley Mordaza.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, al amparo de la Ley Mordaza se impusieron una media de 80 multas diarias contra la libertad de expresión. Así lo denunciaba Amnistía Internacional, que destacaba que "la Ley Mordaza se ha utilizado específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica".

Amnistía Internacional advertía de la arbitrariedad de la policía y la ausencia de mecanismos de supervisión de la actuación policial. Precisamente gracias a ello, el gobierno del PP creó el escenario perfecto para que durante el mandato de Rajoy, entre julio de 2015 y marzo de 2018, cada 30 minutos de media se multara a una persona por una presunta, y nada delimitada, "falta de respeto y/o consideración" a los agentes.

Con estos niveles de represión ejecutados por el PP, resulta inaudito ahora que a l@s de Génova les cueste tanto diferenciar entre lo que promovió su gobierno y lo que realmente está sucediendo ahora. Imagino que es otra de las contradicciones a que nos tienen acostumbrados l@s populares y sus seguidores. Las mismas manifestaciones/caceroladas que protestan contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez son en sí mismas una contradicción:

Protestan contra la gestión del Gobierno, criticando número de contagios y fallecimientos y, sin embargo, violan las normas dictadas por la OMS para evitar contagios por coronavirus. Es absurdo, tanto como apropiarse de la bandera nacional, sugiriendo que las medidas adoptadas por el Gobierno buscan premeditamente hace daño a la nación.

Esas caceroladas, gestadas precisamente en Madrid, foco de la pandemia y donde de manera más lenta e insuficiente su gobierno autonómico está preparándose para un posible rebrote, reclaman el levantamiento del Estado de Alarma. No está claro, porque ni siquiera hay unanimidad entre juristas de renombre, que exista otro mecanismo legal para limitar la libre circulación entre provincias. Quiere decir esto que, en caso de que el Congreso no autorice una nueva prórroga esta semana, esas mismas personas enfundadas en rojo y gualda, cacerola en mano y sin tomar medidas básicas anticontagio, andarían por toda España sin que el sistema sanitario esté aun listo para hacer frente a un rebrote de la pandemia. Y gritan "libertad".