Los Ayuntamientos son la primera línea de defensa de la ciudadanía... o debería serlo, porque la realidad nos demuestra que la Administración Pública más cercana y que tanto impacta en nuestro día a día no ejecuta las debidas políticas de protección social. Así lo demuestra el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que revela únicamente el 13% de los municipios de más de 20.000 habitantes gasta más de 100 euros por persona y año en políticas sociales.

Las localidades con más de 20.000 habitantes gastan de media 86 euros por persona y año en estas políticas; no es un dato fútil, pues los 404 municipios analizados acogen al 66% de la población española. Se trata de las localidades consideradas urbanas en un momento en el que la migración de los habitantes de los pueblos a las ciudades ha hecho que éstas ya alberguen más personas.

A pesar de ello, sólo 52 ayuntamientos de estos más de 400 gastan 100 euros por persona y año. Es importante subrayar la palabra gastan porque no son pocos los regidores que recurren a la trampa de presupuestar por exceso, pero liquidar a la baja, es decir, no gastar todo lo previsto o, por ser más precisos, todo lo anunciado a bombo y platillo.

A algunos, en cambio, no les tiembla la mano a la hora de reducir no sólo lo liquidado, sino lo presupuestado en gasto social, a las puertas de una recesión y saliendo de una pandemia que ha incrementado el número de familias que viven bajo el umbral de la pobreza. Este es el caso de Málaga, ciudad que en 2022 ha reducido su partida presupuestaria destinada a atención a mayores, infancia, residencias o inclusión. A mayor necesidad, menor inversión. ¿Cómo es posible?

Se da la circunstancia de que el mismo día que se hacía público el informe que saca los colores a Málaga, apeándola de la excelencia presupuestaria en políticas sociales, la ciudad volvía a postularse en París para acoger en 2027 la Exposición Universal. El alcalde Francisco de la Torre se aferra a la sostenibilidad para vender las bondades de Málaga, de la que destaca su capacidad de acogida. Sin embargo, ¿qué sostenibilidad existe en una localidad que no cuida de sus mayores, de quienes viven en pobreza?

Un ayuntamiento como el de Málaga, que crea una barriada marginal como Asperones y aún a día de hoy, 35 años después, la mantiene con más de un millar de personas viviendo en infraviviendas y encime reduce su gasto social, ¿qué escaparate mundial es? Quienes evalúan las ciudades para acoger las sede de la Expo 2027 bien harían en valorar aspectos como éste que hacen suspender clamorosamente a la ciudad en lo que a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU se refiere.

Asperones es sólo un ejemplo -hay más, como la mítica Palma Palmilla, La Roca, Campanillas...- de cómo la riqueza que generan las políticas municipales no se revierte en su población. En Málaga, como sucede en tantas ciudades, el código postal marca a fuego el destino de las personas, pasando de una renta media de apenas 16.000 euros a otros en los que ronda los 40.000 euros.

Entristece que malagueños de pro, como Antonio Banderas, se sumen a esta deriva y apoyen la candidatura de Málaga a la Expo 2027, interviniendo ayer en París. El pelotazo urbanístico que supondrá la Expo es de órdago ya les avanzo que no mejorará la situación de los y las más pobres, que ven cómo se vendió en París la capacidad de acogida de la ciudad mientras ellos y ellas son excluidos. Este mismo mes se anunciado la construcción de otro hotel de cuatro estrellas en pleno barrio de El Perchel, uno de los más emblemáticos de Málaga en el que De la Torre ha demolido más edificios históricos.

Ciudades como Málaga, que reducen su gasto en política social mientras planifican soterrar avenidas con un coste superior a los seis millones de euros, no deberían ser premiadas con Exposiciones Universales porque, sencillamente, son más ejemplo de lo que no hay que hacer que de lo contrario. Los ayuntamientos son quienes más conocen los problemas y necesidades de sus habitantes, quienes reciben anualmente transferencias estatales y autonómicas para ayudarles en su cometido y, cuando no están a la altura, se dispara a pasos agigantados la desigualdad. Premiar con Expos Universales es fomentar estas malas prácticas y dar alas a quienes se enriquecen con ellas.