Opinión
La factura del sometimiento: así compra Washington la sumisión de sus aliados

El acuerdo nuclear con Arabia Saudí, la ofensiva contra Yemen y los bombardeos en Irak forman parte de una misma operación para blindar al régimen israelí.
El 22 de julio de 2026, el secretario de Energía de Estados Unidos y su homólogo saudí firmaron un acuerdo de cooperación nuclear civil. Veinticuatro horas después, Trump lo condicionó públicamente a que Arabia Saudí se sumara a los Acuerdos de Abraham y normalizara relaciones con Israel. El mismo día en que Washington bendecía el enriquecimiento de uranio en territorio saudí, Riad reanudaba los bombardeos contra los hutíes en Yemen, alcanzando Hodeida y matando a civiles y a miembros de la resistencia. Ninguno de estos hechos es aislado: los tres pertenecen al mismo guion, escrito por la misma mano, que lleva meses ensayándose desde que Estados Unidos e Israel reiniciaron, en febrero, una guerra de agresión contra Irán que no deja de ampliar su perímetro.
Conviene ser precisos sobre lo que se le reprocha a Irán, porque el lenguaje con el que se cubre esta guerra suele desplazar la discusión. Que Irán mantiene un programa nuclear no está en discusión: es un hecho verificado en las innumerables inspecciones a las que el país se ha sometido ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, inspecciones que han confirmado sistemáticamente su carácter civil. Lo que jamás se ha demostrado —y no puede demostrarse, porque no es cierto— es que ese programa persiga una finalidad militar. Esa acusación, nunca sustanciada ante ningún organismo internacional, ha bastado para justificar ataques directos contra su territorio, sus infraestructuras civiles y sus mandos militares. Mientras tanto, Washington firma con Arabia Saudí —monarquía absolutista y feudal, ejecutora sistemática de la pena de muerte y responsable directa de la destrucción de Yemen desde 2015— un acuerdo que abre la puerta al enriquecimiento de uranio en su territorio. No hay aquí ninguna doctrina de no proliferación: hay una potencia que se arroga el rol de gendarme global, que castiga a quien no se somete y premia a quien firma la alianza "correcta".
Ese reparto tiene un coste inmediato, y lo paga el pueblo yemení. Con la tregua de 2022 herida de muerte, Arabia Saudí ha retomado su ofensiva contra las posiciones hutíes: ataques sobre Hodeida, sobre instalaciones portuarias, sobre la isla de Kamaran, retomando una guerra de agresión iniciada hace más de una década y sostenida con armamento, inteligencia y cobertura diplomática de Estados Unidos y el Reino Unido. Yemen es la moneda con la que Riad paga su lugar en la alianza: cuanto más dócil se muestra frente a las exigencias israelí-estadounidenses, mayor es su margen para golpear con impunidad a un pueblo empobrecido y a la resistencia que sostiene uno de los frentes más firmes contra el genocidio en Gaza.
La madrugada del 29 de julio, Arabia Saudí dio un paso más: se sumó, junto con fuerzas estadounidenses, a bombardeos contra sedes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) —milicias chiíes alineadas con Irán, reconocidas legalmente como parte del aparato de seguridad del Estado iraquí y bajo mando del propio primer ministro— en siete provincias de Irak: Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala. El balance preliminar habla de al menos veinte combatientes muertos y treinta y dos heridos. El ataque llega apenas veinticuatro horas después de que Trump recibiera en la Casa Blanca, en encuentros separados, a Netanyahu y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Ese mismo 28 de julio, fuerzas ucranianas atacaron un buque iraní en el mar Caspio, en un movimiento que solo puede leerse como un intento de arrastrar a Europa —vía Ucrania y su alineamiento con la OTAN— a la escalada contra Irán. Ya no son guerras paralelas: es una sola arquitectura de agresión que conecta Kiev, Tel Aviv, Riad y Washington bajo un mismo mando estratégico, y en la que Arabia Saudí deja de ser financiador para convertirse en ejecutor directo de bombardeos en un tercer país soberano.
El objetivo final de toda esta secuencia es fácil de identificar: empujar a Arabia Saudí hacia los Acuerdos de Abraham, es decir, hacia el reconocimiento diplomático del régimen israelí y el blanqueo de su ocupación, su régimen de apartheid y el genocidio que ejecuta sobre el pueblo palestino en Gaza. Trump lo ha dicho sin rodeos: el acuerdo nuclear está «totalmente sujeto» a esa normalización. No es una invitación, es una condición impuesta a un país al que se le exige, para acceder a tecnología civil, sacrificar cualquier posición de principio respecto a Palestina que aún pudiera conservar en el discurso público. Netanyahu, autor real de la operación, no ha ocultado su satisfacción: su oficina calificó la acción militar conjunta contra Irán como una oportunidad para "ampliar el círculo de paz".
Trump no actúa como mediador ni como potencia neutral: actúa como mayordomo de Netanyahu, ejecutando en Washington la agenda que se decide en Tel Aviv. Y las monarquías feudales del Golfo aceptan el papel de vasallas, renunciando a cualquier margen de soberanía real a cambio de contratos, tecnología y «garantías de seguridad», mientras siguen bombardeando a sus vecinos. Israel diseña el proyecto estratégico, Estados Unidos lo ejecuta y lo financia, las petromonarquías del Golfo prestan territorio, dinero y complicidad: ese triángulo sostiene hoy la escalada, y la escalada no es un efecto no deseado, es el método. Cuanto más se extiende el conflicto —de Irán a Yemen, del mar Rojo al Cáucaso—, más margen tiene Washington para presentar cualquier reordenamiento posterior, por brutal que sea, como estabilización.
Lo que se dirime no es un desacuerdo comercial sobre uranio: es si Asia Occidental entera queda reorganizada bajo el mando del régimen israelí, con Palestina, el Líbano, Irán, Yemen e Irak pagando el precio en cuerpos. Frente a esto no caben la neutralidad ni el silencio. Hace falta señalar con precisión a los responsables —el régimen israelí que dicta la agenda y ejecuta un genocidio, Estados Unidos que arma y financia, las monarquías del Golfo que se prestan como vasallas— y sostener una solidaridad organizada, no reactiva.
Esa batalla tiene una condición previa: construir mecanismos reales de coordinación entre partidos, sindicatos, organizaciones y movimientos antiimperialistas, y desprendernos de cualquier sectarismo y dogmatismo que fragmente esa capacidad de acción conjunta. No podemos permitirnos rivalidades internas que nos debiliten poniendo el foco en las diferencias; hay que poner en valor las coincidencias, que son enormes, porque en ellas nos va la vida. Sobre esa base hay tareas concretas: presión sistemática sobre los gobiernos que venden armas, ceden bases o dan cobertura diplomática a esta escalada; bloqueo de rutas de armamento y cancelación de acuerdos militares con Israel y con Arabia Saudí; exigencia de que se investigue cada crimen de guerra ante las instancias internacionales que aún conservan algún margen de actuación; movilización popular sostenida en el tiempo, con calendario propio, y no la que se enciende y se apaga entre una noticia y la siguiente; y una batalla ideológica que llame al sionismo por su nombre —una ideología colonial supremacista sostenida militar y financieramente por el imperialismo estadounidense— sin eufemismos que suavicen lo que está ocurriendo.
El tiempo que llevamos perdiendo se mide en vidas. No hay margen para seguir observando desde la distancia mientras se reparte una región entera a golpe de contratos y de bombas.

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