Desde la última campaña de elecciones municipales, los titulares hablando de auditorías de las cuentas públicas en los Ayuntamientos coparon muchas portadas. Esta comprobación de las cuentas se hacía aún más imperativa en el caso de los Ayuntamientos endeudados hasta las cejas, surgiendo conceptos como 'impago de deuda ilegítima'. Parecía bastante lógico que, en aquellos casos en los que una deuda se hubiera producido de un modo torticero por ambas partes, no fuera pagada y, desde luego, que se exigieran responsabilidades, no sólo políticas, sino penales a los corruptos.

Estas auditorías de la deuda fueron, además, uno de los grandes reclamos electorales de muchos partidos políticos, que en campaña no perdían ocasión de anunciar que lo primero que harían al llegar al Consistorio sería auditar las cuentas, arrojar luz sobre la opacidad a la que nos tienen acostmbrados nuestros dirigentes, ya sea locales, regionales o centrales.

Pues bien, en la inmensa mayoría de los casos, estas auditorías no se han producido. Este sistema tan democrático, ese del que tanto presumen algunos políticos -por lo general, los más apalancados- lo tiene todo muy bien atado para impedir que se realice esta revisión contable. Todo pasa por una figura de la que no se suele hablar en los periódicos, que apenas sale en los grandes casos de corrupción en los Ayuntamientos y que, sin embargo, es clave: el interventor municipal.

Si el secretario general de un Consistorio se encarga de velar por la legalidad de todo cuando haga la Administración Local, el interventor es, por decirlo de algún modo, el contable, el que controla los ingresos y los gastos del Ayuntamiento. No entra ni sale un solo céntimo de las arcas municipales sin que lo sepa y apruebe el interventor.

Hasta ahí todo bien, porque lo bueno que tienen estas dos figuras, la del secretario general y la del interventor, es que no son cargos políticos, no son elegidos a dedo, sino que son funcionarios del Estado que sobreviven a los partidos políticos que pasan por la alcaldía. Son, pues, figuras independientes. Pero hete aquí que si un nuevo equipo de Gobierno, como los llamados 'Ayuntamientos del cambio', quieren realizar una auditoría no podrán si el interventor no lo quiere. Es totalmente imposible.

Según dictamina la ley, los únicos que pueden realizar auditorías en un Ayuntamiento son el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas autonómica y el interventor. Es decir, que en el caso de éste último, es juez y parte. Para ilustrar el despropósito, pongamos el ejemplo del Consistorio de Rincón de la Victoria que, a pesar de ser el municipio com mayor renta per cápita de toda la provincia de Málaga, arrastra una deuda municipal de más de 7o millones de euros.

Buena parte de los que ahora gobiernan en el Ayuntamiento están ligados a él desde hace muchos años y, sin embargo, desconocían que si el interventor no quiere, no se auditan las cuentas. Y claro, en campaña, prometieron la auditoría y, sin duda, eso les aportó muchos votos de un electorado que ahora se siente estafado.

En este Ayuntamiento, el interventor lleva siéndolo 24 años. Considerando que él vela por cada céntimo de las arcas, ¿alguien se puede creer que no tiene nada que ver con la generación de una deuda municipal de más de 70 millones de euros? Por acción o por emisión, alguna responsabilidad ha de tener, pero la ley le blinda, le hace prácticamente intocable. Es como si un banquero, de la noche a la mañana, se hace con la mitad de tu cuenta corriente y cuando denuncias, no se puede investigar si el mismo banquero no da autorización.

¿Y el Tribunal de Cuentas? ¿Y la Cámara de Cuentas de Andalucía? De nuevo, todo muy bien atado: tienen tan pocos medios que no dan abasto para un país en el que la corrupción campa a sus anchas e impunemente. En el caso de la Cámara de Cuentas, sólo puede realizar unas siete auditorías... ¡al año! Esa es la buena salud de nuestro sistema. Volviendo al caso de Rincón de la Victoria y su interventor, la Cámara sí auditó las cuentas de 2010. ¿qué detectó? Poca cosa: entrega de la cuenta general 243 días después de lo establecido por ley, contratos sin el informe del interventor e, incluso, uno en el que ni siquiera aparecía fecha ni las partes intervinientes...

Y no pasó nada. El interventor sigue siendo interventor -con un sueldo de muchas decenas de miles de euros- y, como ya se auditó -aunque revelara incumplimientos e irregularidades varias-, la Cámara de Cuentas tardará mucho tiempo más en volver a incluir a este municipio entre los siete que audita al año.

Y, de nuevo, ¿me preguntan por qué soy antisistema?