Las instituciones del Estado no funcionan. Anoche, el Tribunal Constitucional se ratificó en su voladura de la democracia impidiendo que el Senado pueda ejercer la labor para la que se creó. ¿Qué hace mientras quien, según el artículo 56 de nuestra Constitución, ha de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de estas instituciones? Nada, como siempre. Esa figura es el rey Felipe VI.

El monarca está poniendo cada vez más complicado, incluso para sus defensores, explicar para qué demonios sirve su figura. Hace mucho tiempo que ya no es símbolo de unidad, más bien lo contrario, lo es de una creciente división entre quienes los consideramos absolutamente prescindible y quienes lo sostienen aferrados a razones de poco o ningún peso.

El modo en que el Tribunal Constitucional ha dado una vuelta más de tuerca a su habitual papel de títere de los sectores más ultra (PP y Vox), aplaudido por el irrelevante Ciudadanos, ha desembocado en una situación que socava la soberanía popular y abre la puerta peligrosamente al autoritarismo. Ante ese escenario, por mandato constitucional, el rey debería intermediar, arbitrar y dirigirse al pueblo que lo mantiene para reestablecer la sintonía institucional que la derecha ha dinamitado.

No lo hace. La proximidad de su tradicional discurso navideño y su habitual inclinación por escurrir el bulto -como ha hecho con la corrupción latente en la Casa Real-, hace que la posibilidad de que interceda se disuelva como un azucarillo en el café. El mensaje de Nochebuena tampoco aportará gran cosa, que nadie espere lo contrario. Bien podría pintarse la cara de blanco y hacer un número de mimo. Aportaría lo mismo. Absolutamente nada tendrá que ver con aquel infame discurso del 3 de octubre de 2017, cuando salió al paso del gobierno de Rajoy para avalar la brutal represión en Catalunya que avergonzó internacionalmente a España.

Las comparaciones proceden, por supuesto. La diferencia es que mientras que en 2017 el rey salió a reprender a quienes querían más democracia, esto es, a quienes deseaban que el pueblo catalán se pronunciara sobre si quería o no la independencia, ahora calla, dando implícitamente su bendición a quienes quieren menos democracia, es decir, a quienes han vetado el normal funcionamiento de nuestro Senado. Es muy grave.

No nos hace falta Felipe VI para arreglar el entuerto; como tampoco era necesario su padre para resolver aquel oscuro 23-F del que personas implicadas en el golpe han afirmado de manera reiterada que hubo más teatrillo que realidad.-por algo no se desclasifican los papeles, casi cuatro décadas después-. Sin embargo, parece justo que al menos se gane el sueldo, ¿no es así? Pero calla, no aporta, resta, incluso, porque su silencio parece respaldar el cohete que ha lanzado la derecha a la línea de flotación de nuestra democracia.

No se trata aquí de tomar parte por unos u otros partidos; su neutralidad está garantizada. Sí ha de posicionarse en cambio entre los demócratas o lo que no lo son, porque con la actuación del Tribunal Constitucional nuestra democracia empequeñece. A las puertas de un año electoral, Felipe VI ha optado por faltar a su deber, seguramente apoyado en el convencimiento de que él es inamovible, pero que sacar los colores a sus más fieles defensores -la derecha y los fascistas- podría hacerles perder fuerza en su camino a La Moncloa.

Dicho de otro modo, es precisamente con su silencio como está perdiendo neutralidad y cae en la connivencia de quienes atacan a nuestra democracia. Parece querer cerrarse peligrosamente el círculo: su padre llegó de la mano del dictador Franco y a él lo sostienen sus herederos que, finalmente, han evidenciado cómo conciben la democracia y qué es para ellos realmente la libertad.