Opinión
Fusión BBVA-Sabadell, desequilibrios territoriales y banca de proximidad
La fusión del BBVA y el Sabadell sitúa hoy en primer término la contradicción entre las leyes de competencia y la lógica de proximidad de los flujos de ahorro/inversión y de los servicios bancarios. La mayor presencia del Banco de Sabadell en Catalunya y Comunidad Valenciana pero también en Galicia o Asturias, y también con presencia internacional y buenos ratios de eficiencia, le otorga un atractivo especial para actores globales como el BBVA.
Pero también sitúa en el centro del debate la necesidad de disponer de actores bancarios especializados en retener una parte del ahorro regional y reubicarlos en proyectos de la propia comunidad. Si el ahorro no se retiene y la financiación autonómica no compensa suficientemente las necesidades sociales de inversión mediante el FCI -Fondo de Compensación Interterritorial- la captación de capital se convierte en una necesidad que incentiva la competencia entre CCAA para atraer inversión y rentas, algo que, siguiendo la lógica neoliberal, pasa por ofrecer cada vez mayores rebajas fiscales.
Un rápido repaso a lo ocurrido en las últimas décadas puede aportar luces largas al fenómeno.
La desigualdad territorial tras la crisis del 2008
La convergencia regional en España, medida en PIB per cápita, disfrutó de avances importantes hasta 2008, mientras en el resto de Europa permanecen inalterables los desequilibrios regionales. A ello contribuyeron, por un lado, la implantación de los fondos estructurales europeos y, por otro, la creciente importancia de la inversión pública en infraestructuras urbanas y de transporte, que favoreció desde 1992 a las regiones menos ricas. También otros factores institucionales como el peso de las cajas de ahorro en el sistema financiero que pasamos a valorar.
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El desequilibrio territorial y la capacidad de nuestras instituciones para compensarlo sufrió un shock brutal en 2008, cuando el mundo padeció la crisis financiera más terrible desde 1929. España, cogida en plena burbuja inmobiliaria, no recuperó el PIB previo a la crisis hasta 2018, once años después. La lógica del mercado y las políticas de austeridad lastraron cualquier intento de repartir la actividad productiva de forma equilibrada.
Las políticas de austeridad introducen una lógica jerárquica con los países del Sur y, siguiendo la misma lógica, los gobiernos estatales trasladan similar medicina fiscal a las regiones. Se inicia con la paralización de todos los programas de inversión pública y continúa después con recortes en las transferencias que financian la sanidad, la educación y los servicios sociales de las que eran competentes los gobiernos autonómicos. Bloqueadas también en el acceso al déficit público y a un mayor endeudamiento, a las CCAA no les quedó otra alternativa que bajar el nivel de servicios o privatizarlos, directamente o mediante externalizaciones, opción que se impone en no pocas comunidades.
Como consecuencia, las diferencias entre CCAA se acentúan. La grave recesión que sufre España se prolonga hasta 2014 y afecta especialmente, un 30% más, a las comunidades más dependientes relativamente del ladrillo y el turismo: Andalucía, Valencia, Murcia y los territorios insulares, pero también a Castilla La Mancha, Cantabria y Asturias. En cambio, Madrid es la región menos afectada y, en términos relativos, inicia un despegue que la permite distanciarse de Cataluña y, en menor medida, del País Vasco.
Cambio de actores. De la desaparición de las cajas de ahorro a la oligopolización bancaria.
La crisis y desaparición de las cajas de ahorro unido a la rebaja sustancial de más del 40% de los Fondos Estructurales Europeos en el periodo 2007-2013, introducen cambios institucionales que debilitan, aún más, a las regiones menos desarrolladas. Extremadura, la mayor receptora en términos relativos de fondos europeos, pasó de recibir una cantidad muy cercana al 2% de su PIB a recibir menos del 1,5%, ratio que ha seguido descendiendo desde entonces.
La desaparición de las cajas supuso, por su parte, la desaparición de su Obra Social a la que se destinaban aproximadamente el 20% de los excedentes anuales, un importe que desde 2004 a 2008 movilizó recursos muy superiores al total del Fondo Social Europeo recibido por España. En el año del crack financiero las dotaciones de la Obra Social superaron los 2.000 millones de euros para ir luego reduciéndose drásticamente. Su destino las había convertido en el soporte esencial de las industrias culturales durante más de 20 años, aunque sirvieron también para apuntalar las deficiencias del Estado de Bienestar en Sanidad, Educación y Servicios Sociales y patrocinar las primeras dotaciones en Investigación.
Con una cobertura acreditada del 53% del total de municipios y del 96% de la población española, su desaparición significaba el final de la banca de proximidad y el inicio de la “exclusión financiera” de los pueblos pequeños y los territorios despoblados, entendida no solo como desatención en servicios ciudadanos (ausencia de sucursales y cajeros que sufren especialmente los mayores) sino también como incapacidad de retener ahorro interno. Se inicia uno de los períodos de mayor concentración bancaria de la historia, en el que cinco entidades controlan el 70% de los activos en España, el doble que en Alemania y el 50% más de Francia e Italia. Un nivel solo superado por “la intervenida” Grecia, que prácticamente llega al 100%.
La resistencia a la concentración en numerosos países, la siguen protagonizando las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y la banca privada regional con el apoyo de instituciones estatales.
15 años después de aquella crisis, cierta resurrección de las cajas rurales en las provincias y regiones más deprimidas indica que la demanda de banca de proximidad continúa viva. Junto con las cooperativas de crédito alcanzan ya un 10% de cuota promedio a nivel nacional mientras en algunas provincias pugnan por el liderazgo, destacando Navarra, Almería y Soria, con más del 40% de cuota y Toledo, Cuenca y Albacete, con más del 30%. La España despoblada intenta defenderse con sus escasos recursos.
Banca globalizada y autonomía estratégica
El argumento de la competencia bancaria, entendida como una sucesión de ratios de eficiencia entre los que se destaca la productividad por empleado o la aportación de beneficios por sucursal es una referencia de la globalización neoliberal, la misma que ahora está en crisis. Razones tiene la banca globalizada para plantearlo en esos términos que supone también una movilidad internacional del ahorro que se destina a los destinos más rentables sin ningún límite. Pero ese argumento se sitúa hoy al margen del concepto de autonomía estratégica, el nuevo mantra que, necesariamente, tiene también una dimensión financiera.
Enrico Letta, en su informe al Consejo de Estado de la Unión, alerta que la UE sufre “el desvío anual de unos 300.000 millones de euros del ahorro de las familias europeas al extranjero, principalmente a la economía estadounidense”. Si esa movilidad del ahorro contribuye a la descapitalización y la pérdida de competitividad de Europa, también puede aplicarse a regiones y comunidades autónomas de cada Estado cuyo ahorro vuela hacia los entornos más dinámicos fuera de su territorio.
Mientras las cajas dedicaban un 20% a la obra social y buena parte de su actividad estaba regionalizada, la concentración bancaria en grandes entidades significa, además de priorizar presencia en los territorios y sectores más rentables y dinámicos, repartir, cada año, el 50% de los beneficios generados entre sus accionistas, entre los que destacan, con un peso significativo estimado en un 20%, fondos globales de origen norteamericano.
Desde la crisis del 2008, se puede decir que la lógica financiera de mercado se ha impuesto a la lógica institucional incapaz de favorecer los equilibrios territoriales ni de retener una cuota significativa del ahorro regional. El despoblamiento y el envejecimiento de amplios territorios de la España interior es, en buena medida, la consecuencia de la inexistencia de actores financieros regionales.
Como consecuencia, se cronifica una dualidad creciente de la productividad del trabajo entre territorios, que tanto el BdeE como la OCDE, identifican con la diferente intensidad de los procesos de capital: las regiones pobres se retrasan aún más por falta de capital invertido. Pero esos informes no entran a valorar las causas de la falta de capital e inversión en esos territorios atrasados que están, sin duda, relacionados con los círculos viciosos de la dependencia que han conocido muchas partes del mundo sometidos a la lógica neocolonial: especialización productiva en materias primas y productos de poco valor, ausencia de capital físico y descapitalización humana provocada por la constante fuga de talento.
Probablemente, la fusión BBVA-Sabadell favorecerá a las grandes metrópolis urbanas, Madrid y, en menor medida, también Barcelona, que son las beneficiarias de las economías de aglomeración que definen la lógica de inversión en la economía de servicios de alto valor propia del capitalismo actual. Su capacidad para atraer inversión tecnológica se cimienta en muchos factores singulares: por un lado, la existencia de infraestructuras potentes que facilitan el acceso a bienes y servicios especializados; por otro, la facilidad para captar talento humano, poblaciones de trabajadores de la mayor cualificación atraídos por un ecosistema que facilita la interrelación personal y el intercambio de conocimientos innovadores y les retribuye generosamente.
Los perdedores serán los territorios urbanos y rurales de menor densidad productiva en las que son predominantes PYMES y autónomos. Y, sobre todo, la España despoblada, cuyos escasos ahorros, en buena medida producidos por rentas de jubilación, se movilizarán hacia los territorios más dinámicos del mundo mientras sus hijos y nietos se ven obligados a migrar.
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