¿Gabilondo como Defensor del Pueblo? Sí, pero no

Otra vez se han repartido el pastel de la institución del Defensor del Pueblo los partidos políticos mayoritarios. El socialista Ángel Gabilondo para Defensor y la popular Teresa Jiménez-Becerril para Adjunta al Defensor. Ellos, PP y PSOE, tan enemigos en el Parlamento, han sido solícitos y prestos amigos para repartirse el pastel en un santiamén, al dar el PP la señal de salida después de varios años oponiéndose a la renovación de la institución y chantajeando a la Constitución, y sin contar para nada con las minorías parlamentarias, ni la mínima cortesía de la comunicación previa al parecer, como criticaba Arrimadas, líder de Ciudadanos, en el canal 24 horas de la Televisión pública.

Veinte profesores de varias universidades públicas andaluzas en fecha de 8 de julio de 1996 registraron una petición en el Parlamento andaluz, en el momento en el que se reformaba la Ley del Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma. Como coordinador del colectivo ni siquiera recibí respuesta. El escrito de petición tiene tanta actualidad que podría ser dirigido hoy, sin quitar una coma, al actual Parlamento español.

El escrito criticaba que el Parlamento andaluz hubiera convenido la elección de un tercer Adjunto al Defensor del Pueblo para que también IU tuviera “su” Adjunto, y que haya arbitrado un procedimiento de elección de los miembros de la institución del Defensor del Pueblo –elección de políticos, sistema de cuotas por partidos, criterios políticos en la selección de los miembros de la institución-, que son contrarios al espíritu y a la letra de la Ley reguladora de la institución. Concluía la crítica con el siguiente párrafo:

“Las preguntas del ciudadano son obvias: ¿Cómo pueden ser independientes e imparciales quienes hasta ayer mismos eran líderes políticos y ejercían funciones y responsabilidades políticas en las instituciones y administraciones públicas? ¿Cómo pueden ser independientes e imparciales los candidatos a Adjuntos al Defensor andaluz respecto a las reclamaciones de los ciudadanos contra el Ayuntamiento de Sevilla, si hasta ayer mismo eran concejales del mismo y pertenecientes a la coalición que gobierna este Ayuntamiento? ¿Cómo podría ser independiente e imparcial el concejal del PP ante los recursos incoados por los ciudadanos contra las decisiones tomadas por la alcaldesa del PP?”

El escrito terminaba con varias propuestas siendo la más importante la observancia de un periodo de vacatio de responsabilidades políticas antes del nombramiento. Moderada petición, pero ni por eso.

Pregunto: ¿No hay en el país personas prestigiosas, sin ejercicio de responsabilidades políticas previas encomendadas por los partidos políticos, para hacerse cargo de la Defensoría del Pueblo? ¿No advierten nuestros representantes que designando a políticos la institución pierde credibilidad entre los ciudadanos? ¿No reparan que de esta manera quitan independencia y autonomía a la institución? ¿Y que finalmente se deteriora el principio de separación y autonomía de los poderes públicos? Porque la autonomía no debe predicarse únicamente de los tres poderes estatales, sino también de los órganos de extracción parlamentaria.

Nada tengo que objetar a mi colega Gabilondo, del que tanto alaban su moderación y mesura. Pero no creo que sea la persona adecuada, no evidentemente por sus características personales, sino porque es hombre de partido: ministro de Educación del Gobierno PSOE, líder de la oposición en la Comunidad autónoma de Madrid, candidato a Presidente de esta Comunidad. Partido significa parte del todo y por lo tanto la parte no reúne las condiciones para que los ciudadanos la contemplen como neutral. Bien que lo debe saber un catedrático de Metafísica como Gabilondo. ¡Qué lección de ética pública podría darnos si renunciara al cargo!

La historia se repite. Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias, Tribunal de Cuentas… instituciones nada menos que constitucionales de las que se han apoderado sin rubor alguno los partidos políticos. A ello se añade una infinidad de las denominadas “autoridades independientes” abiertas a la práctica de las puertas giratorias de los políticos, que de independientes únicamente tienen el nombre y sí en cambio una falta de control político. Les cito las más conocidas por el público: el Consejo de Seguridad Nuclear, la Radiotelevisión Española, el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Estos organismos, al igual que los órganos constitucionales antes citados, también responden al sistema de cuotas de los partidos en los nombramientos de la élite directiva. Pero el problema no reside únicamente en la falta de independencia, autonomía y neutralidad de estos organismos, sino en su falta de control. Precisamente el legislador cae en la contradicción de no sujetarlos a controles democráticos por entender que son entidades independientes. Al final nos encontramos con la perversión de la utilización del término “independiente” en el seno de la regulación jurídica. Todos estos organismos también han sido presa de los partidos políticos, cuyas figuras destacadas están presentes en sus consejos de administración, cobrando una cifra astronómica por (pongamos de tres a cinco) asistencias al año. Partidos políticos que, por otra parte, incumplen el mandato constitucional que les exige taxativamente que “su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos” (art. 6. de la Constitución)

¿Democracia plena española? Sí, claro. Es lo que dicen nuestros políticos. ¡Faltaría más! Que les aproveche el pastel del Defensor del Pueblo.