La gente de Madrid se merece un urbanismo social y sostenible

Las vecinas de Madrid hemos dejado bien claro en los recientes días de movilizaciones, convocadas por la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, la FRAVM, Ecologistas en Acción y otras organizaciones, que estamos hartas del urbanismo depredador del decadente modelo capitalista que lleva a cabo el gobierno municipal de Almeida. Estos son algunos de los múltiples casos contra los que estamos luchando.

En la Ermita del Santo, distrito de Latina, el Partido Popular quiere recalificar un terreno de uso comercial para levantar enormes bloques de viviendas de lujo que rompen con las vistas al río Manzanares que plasmó Francisco de Goya en su célebre lienzo. En el Espacio Delicias, distrito de Arganzuela, juega al desconcierto con proyectos que se esfuman al poco tiempo mientras se mantienen actividades de ocio privado en suelo público. Junto al Parque del Retiro, en plena área protegida por la UNESCO, pretende construir un enorme aparcamiento subterráneo. En la antigua fábrica de Clesa, distrito de Fuencarral, ha abandonado su reconversión en un centro cultural público y pretende convertirla en oficinas de empresas privadas.

Algunos de estos proyectos del urbanismo salvaje madrileño fueron diseñados en anteriores gobiernos del PP, pero hace unos pocos años fueron incongruentemente culminados y aprobados por políticos que poco después fundaron Más Madrid. Actualmente son ejecutados por Almeida con la aquiescencia de los transversalistas. Así, en Chamberí nos encontramos con el proyecto de la “horrotorre” en el solar de las destruidas Cocheras de Metro de Cuatro Caminos y las 450 viviendas de lujo declaradas ilegales en el lugar donde fue arrasado el Taller de Precisión de Artillería (TPA), por no hablar de la célebre Operación Chamartín, donde se ha malvendido una gran extensión de suelo público para lucro de constructoras. En este caso, además, es clave el apoyo del PSOE desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que también está detrás de la Operación Campamento. En una inusitada alianza Sánchez-Almeida que conlleva la devastación del entorno natural del arroyo Meaques y los Retamares y la tala de los bosques que han surgido en los terrenos de los antiguos cuarteles militares, el objetivo es lucrar a la par a inmobiliarias y al Ministerio de Defensa, que como antiguo propietario ya se ha embolsado una buena cantidad de millones de euros de dinero público que podrá gastar en más innecesario armamento.

Está claro que este modelo de urbanismo caduco, realizado por el PP principalmente pero también por Más Madrid y el PSOE, tiene un único culpable detrás de la cortina, la oligarquía de grandes empresarios y banqueros que solo busca beneficios económicos para sí en perjuicio del bien común, el de la ciudadanía madrileña. Aunque pueda parecer contradictorio, la construcción de más viviendas lo único que ha conseguido hasta ahora es que se encarezcan más y más sus precios por toda la ciudad. El mercado capitalista funciona así. Esto imposibilita que la juventud madrileña se pueda emancipar y, en general, que la población no pueda invertir ese dinero que va a las hipotecas en tener una calidad de vida digna. Peor aún es la situación de las personas que son desahuciadas y acaban literalmente en la calle.

Junto a esto, estos desarrollos urbanísticos complican la conexión dentro de la ciudad. Nuevas concentraciones de habitantes, alejadas de sus puestos de trabajo y estudio y sin redes de transporte público o ciclista, producen graves problemas de movilidad, con congestiones de vehículos privados en muchos puntos de la ciudad. A su vez esto provoca mayores niveles de aire contaminado, lo que reduce nuestra esperanza de vida y nos genera cáncer y enfermedades respiratorias y de corazón. Esta situación de toxicidad aérea es agravada por la destrucción de zonas verdes, a pequeña escala, con la desaparición de arboledas y parques y, en gran escala, con bosques y parajes naturales, como vimos que pretenden hacer en Campamento.

Asimismo, este urbanismo depredador es enemigo de la cultura. Va asociado a una clara política retrógrada de desprotección del patrimonio histórico mediante la supresión de inmuebles de valor arquitectónico en el Catálogo de Edificios Protegidos, para poder llevar a cabo su posterior demolición, como han sido los mencionados TPA y Cocheras de Antonio Palacios. Sin embargo, ha habido casos en los que directamente han ido a hechos consumados, acabando con edificios que mantenían su protección legal, como el Pabellón Muñoz Grandes en Campamento o el Noviciado de las Damas Apostólicas en Chamartín, e incluso destruyendo bienes históricos antes de otorgarles dicha protección legal, como la necrópolis visigoda de Vicálvaro o la Cárcel de Carabanchel, además con un daño irreparable a la memoria histórica. También ha ocurrido que han preservado edificios históricos por fuera, pero han desvirtuado su valor cultural interior, como el Edificio Canalejas en Centro o, aún sin acometer, la susodicha fábrica de Clesa.

Frente a todo este horror urbanístico, todavía hay esperanza. La solución proviene de las personas y colectivos sociales y ambientales, que deben ser obedecidas por las organizaciones políticas proclives a crear la alternativa madrileña, esto es, Alianza Verde y, por extensión, Unidas Podemos. Todas las acciones deben partir de la siguiente premisa: en una ciudad sobredesarrollada urbanísticamente, como es Madrid, no caben los desarrollos urbanísticos, sino la mejora del urbanismo existente.

Es necesaria una política de vivienda que aproveche las casas vacías de la ciudad de Madrid, que según las estimaciones rondan el 10% del total de viviendas. Para ello el Ayuntamiento debe expropiar las que están en propiedad de la SAREB, banca privada y fondos de inversión, como Blackstone, para ponerlas en régimen de alquiler social, al mismo tiempo que se puede crear una agencia pública municipal para facilitar el alquiler de viviendas vacías de pequeños propietarios. Esto unido a ayudas al alquiler, a topes en los precios y al límite en el número de viviendas por tenedores, como propone la PAH desde la calle y defiende Unidas Podemos desde el Gobierno, es la solución social al drama de la vivienda en Madrid.

En Madrid existen muchos solares interbloques que deben ser aprovechados, como en el mencionado caso de Delicias, no para construir más viviendas y oficinas, de las que hay de sobra en la ciudad, sino para equipamientos sociales, educativos, sanitarios y culturales (bibliotecas, conservatorios de música, etc.), dotados con el personal funcionario y contratado necesario. Se deben implicar para ello tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid y se deben atender las exigencias del vecindario de la zona, cuya participación es clave durante todo el proceso. Con este mismo fin se pueden reaprovechar edificios históricos, garantizando su preservación y conservación y ganando relevancia y lustre para los barrios.

La ciudad está saturada en el ámbito de la movilidad porque el modelo actual no es funcional sino, más bien, demencial. No caben más coches en Madrid y, por nuestra salud, debe reducirse su número drásticamente. Aparte del problema de partida de que la capital está mal diseñada urbanísticamente en tanto en cuanto que, en líneas generales, vivimos al sur y trabajamos al norte y, por tanto, es necesario un proyecto de envergadura de “replanificación” de Madrid para ubicar residencia y trabajo en cercanía, se deben mejorar las conexiones con carriles exclusivos para autobuses, bicicletas y motos en lugares como el eje Castellana-Recoletos, el Paseo de Extremadura, la Carretera de Boadilla del Monte, el Paseo de Santa María de la Cabeza y la Avenida de los Poblados, entre otros. Junto con el incremento del número de autobuses y la gratuidad del transporte público, se aliviará espacio en los viales para que quienes realmente necesiten viajar en vehículo privado o taxi lo puedan hacer sin sufrir atascos ni retrasos. De esta manera, el vecindario ganará silencio y aire limpio.

Asimismo, el urbanismo social y sostenible debe potenciar las zonas verdes y de esparcimiento. Es inevitable sentir envidia al ver fotografías de hace un siglo de plazas célebres del Centro, como la Plaza de Santa Ana, la Plaza de Isabel II, la Puerta del Sol o la Plaza de España, llenas de árboles, sombras, bancos y fuentes que ahora son puro cemento. Este modelo de plazas sociales y verdes se puede recuperar en el Centro y extender a los barrios de la periferia, al mismo tiempo que se amplían aceras para asegurar la accesibilidad de todas las personas, se erigen arboledas para combatir el calor de los veranos cada vez más calurosos, se permiten y favorecen huertos y jardines mantenidos colectivamente por el vecindario para fomentar la cohesión social y la solidaridad vecinal y, también, se salvaguardan bosques y parajes naturales, como los de Campamento, Valdebebas y Vicálvaro, para la regeneración del aire contaminado y el disfrute ocioso de ellos.

Por último, la protección del patrimonio es algo que cualquier persona dedicada a la política debe velar como un principio ético incuestionable, ya que al final esto es simplemente una cuestión de voluntad política. Los edificios singulares que abundan en Carabanchel y las casas neomudéjares de Tetuán, por señalar algunas de las muchas construcciones arquitectónicas de interés que proliferan por toda la ciudad de Madrid, deben incorporarse a los inventarios de bienes inmuebles protegidos y recibir adecuada financiación para garantizar su preservación y dotarles de uso público. Al mismo tiempo hay que conservar y dar a conocer a la ciudadanía madrileña lugares emblemáticos por su valor histórico y cultural, como la Muralla medieval, actualmente abandonada y en peligro de ruina, o el yacimiento arqueológico del primer Carabanchel en el Parque de Eugenia de Montijo, que está amenazado por la construcción de una carretera.

En definitiva, existe una alternativa urbanística sensata para Madrid. Por nuestro propio bien, hagámosla realidad lo más pronto posible.