La Resolución 64/292 de julio de 2010 de la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Ocho años antes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya había establecido que "el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". A pesar de ello, cerca del 10% del sector del agua se encuentra privatizado en el mundo al calor de unos ingresos anuales de más de un billón de dólares, según algunos expertos.

¿Por qué privatizar el suministro del agua? Pues, precisamente, por su rentabilidad, porque es un bien tan esencial, tan necesario para subsistir que de esa dependencia emana su riqueza para los más viles. Y ello, aunque estudios como el llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada concluyen, tras comparar medio centenar de modelos de gestión pública y privada, que los primeros son sin duda los más eficientes.

Pero el negocio es demasiado redondo para que una cuestión de eficiencia, ni siquiera de bienestar ciudadano, tire por tierra una buena privatización. En Madrid saltaron las alarmas en los últimos años, pues a la caza-cerebros y pisa-ciudadanos Esperanza Aguirre se le ocurrió la ingeniosa idea de, no sólo colocar al frente de Canal de Isabel II a sus 'mandaós' como Ignacio González, sino hacer caja directamente desde el sector privado. La oposición de la Marea Azul ha conseguido contener la idea, pero no sabemos por cuánto tiempo.

Pero la privatización de Madrid no es una excepción, aunque en demasiadas ocasiones la capital eclipse mediáticamente al resto de las regiones. En España, la privatización del suministro del agua ya alcanza cerca del 50% del total pues de manera silenciosa, diría que traicionera, muchos municipios han ido 'regalando' el agua a terceros, sin ni siquiera tener en cuenta a la ciudadanía. ¿Y cómo se ha hecho? Por la vía de la fórmula de la concesión de servicios, algo que organizaciones como Ecologistas en Acción llevan muchos años denunciando. Agbar y FCC son las principales gestoras del agua, acaparando cerca del 90% del servicio privatizado.

Un buen ejemplo de estas privatizaciones silenciosas lo encontramos en Jerez, controlado por el PP, cuya gestión del agua ha pasado a manos de la empresa Aqualia. No ha pasado ni un par de meses tras esta adjudicación y hace unos días conocíamos que el ayuntamiento andaluz hace añicos sus promesa de no subir el recibo del agua por encima del IPC y, a partir de julio, los vecinos pagarán un 4% más por el agua o, lo que es lo mismo, unos tres euros más al mes.

Reino Unido es uno de los máximos exponentes de la privatización de servicios básicos, sobre todo después de la gestión de Thatcher, tan vanagloriada por Aguirre y los suyos. Pues bien, si miramos a la mayor compañía del agua de Reino Unido, Thames Water (suministra a una cuarta parte de la población), descubrimos cómo a pesar de haber incrementado el recibo mensual casi un 7%, su pago de impuestos es más que insuficiente. Tanto es así que, el año pasado ni siquiera pagó el impuesto de sociedades a pesar haber registrado una facturación de 1.800 millones de libras (más de 2.100 millones de euros) y unos beneficios de 550 millones de libras (unos 647 millones de euros).

Al menos, pensará uno, el servicio prestado rozará la excelencia. No, nada más lejos de la realidad, incluso, la propia compañía admitía el año pasado que "está lejos de lo deseable" y, con todo, su director general se subió el sueldo casi un 6% para ganar 450.000 libras al año (529.000 euros), a lo que hay que sumar los famosos bonus, que en su caso superan las 600.000 libras (más de 700.000 euros).

Basta ya de mercantilizar de un modo u otro con Derechos Humanos como la Sanidad, la Educación o el agua. Es hora de recuperar lo que le pertenece a la ciudadanía, comenzando por su propia soberanía, de la que se han apropiado los gobiernos neoliberales traicionando los principios más esenciales de la democracia. No es ni tolerable, ni siquiera legítimo, comerciar con cualquier cosa y estos gobiernos han llegado a concebir la misma democracia como una mera transacción, como un mecanismo de compra-venta para hacer prosperar sus intereses particulares, y no el general.