La polémica por la cancelación de última hora del viaje de la reina Sofía a Londres con motivo de los actos de celebración del 60 aniversario del reinado de Isabel II no se ha hecho esperar. ¿El motivo? Las recientes tensiones en torno a Gibraltar y la prohibición a los pesqueros españoles de faenar en aguas gibraltareñas. En menos de 48 horas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo -que no pierde ocasión para apuntar que un cuadro del Peñón preside su despacho- pasó de calificar el viaje de "privado" y, por tanto, sobre el que el Gobierno no tenía opinión, a desaconsejar su realización.

Parte de las tensiones diplomáticas venían, a su vez, por otro viaje privado sobre el que el Gobierno británico tampoco tiene nada que opinar, según su ministro de Exteriores: el viaje a Gibraltar programado en junio del hijo menor de la reina (y conde de Wessex) con motivo del Jubileo real. Un viaje sobre el que la semana pasada el Gobierno español se quejó formalmente al embajador británico en Madrid. No sé si citó también oficialmente (públicamente sí lo ha hecho) su malestar por el hecho de que la banda de música del Regimiento de Gibraltar toque en Londres durante el Jubileo.

¿Cuál es la situación a pie de calle? Sinceramente, los ingleses vieron con peores ojos que los reyes no vinieran a la boda del príncipe Carlos y Lady Di en 1981 -por razones similares- que esta ausencia de la reina Sofía que, por cierto, es tataranieta de la reina Victoria. La prensa británica ha cargado un poco más las tintas contra el "desaire" de la reina española y todos los medios aprovechan la ocasión para hablar de un tercer viaje privado -sobre el que ni Gobierno, ni PP, ni PSOE tuvieron opinión, aunque sí sobre las posteriores disculpas-: el del rey cazaelefantes a Bostwana, en el que se rompió la cadera, por lo que con anterioridad ya había declinando la invitación de Londres.

En realidad, Gibraltar ni siquiera es un asunto menor para los ingleses, sencillamente, no es un asunto. Eso es un hecho y algo me dice que para buena parte de los españoles ya tampoco lo es. Puestos a preocuparse por antiguos territorios, España debería mirar quizás al Sáhara Occidental, del que sigue siendo oficialmente la potencia administradora según el Derecho Internacional. Allí, en los territorios ocupados, Marruecos continúa deteniendo ilegalmente a 22 presos saharauis desde octubre de 2010, cuando se desmanteló violentamente el campamento de Gdeim Izik, y permanecen sin ni siquiera fecha de juicio. Ese sí parece un tema para activar la diplomacia, pero España guarda silencio.

En realidad, los distintos Gobiernos españoles que han pasado por Moncloa siguen empeñados en negar un derecho esencial como es el de la autodeterminación de los pueblos. Lo hace con el Sáhara Occidental permitiendo que se vulnere sistemáticamente ese derecho al pueblo saharaui y lo hace con Gibraltar, negando la propuesta de Reino Unido de que sean los gibraltareños quienes decidan su destino.