El Gobierno de cooperación

Tras las pasadas elecciones generales, con la victoria relativa del Partido Socialista, reafirmada en las recientes elecciones municipales, regionales y europeas, se refuerza el cambio hacia un nuevo ciclo político en España, cuyos perfiles y equilibrios están por definir. Sus inicios se produjeron hace un año con el desalojo del Partido Popular del Gobierno y el triunfo de la moción de censura progresista que hizo a Pedro Sánchez presidente del Ejecutivo. Este último año ha constituido una fase transitoria.

Para clarificar el nuevo proceso, en particular, la gobernabilidad y su sentido político hay que precisar el carácter del sanchismo su especificidad en el actual contexto y su pugna por la hegemonía en las izquierdas y frente a las derechas, así como sus equilibrios con Unidas Podemos por situarlo en una posición subordinada mientras necesita su colaboración de forma instrumental para gobernar. Es el marco para definir la orientación y la composición del llamado gobierno de cooperación, todavía impreciso, y el alcance y contenido de las negociaciones, quizá, hasta la segunda investidura en septiembre.

La propuesta del llamado Gobierno de cooperación sin coalición ni presencia expresa de los dirigentes de Unidas Podemos, en las condiciones actuales, genera la lógica desconfianza sobre un aspecto central que planea continuamente: sacar ventaja partidista por el control desproporcionado de recursos, poder y legitimidad pública. Afecta también al riesgo de un programa de reformas sociales y democráticas más diluido, sin las prioridades adecuadas, así como de una menor capacidad para su implementación y seguimiento.

El reconocimiento de la legitimidad y la necesidad de un Gobierno compartido, con el liderazgo de Pedro Sánchez y la participación directa y expresa de la representación de Unidas Podemos, mostraría el acuerdo programático conjunto de mejoras sustantivas para la gente y el beneficio común en la consolidación y reproducción ampliada de ambas fuerzas políticas.

La exigencia de Unidas Podemos de su participación en el Consejo de Ministros, además de un acuerdo programático razonable y una corresponsabilidad institucional equilibrada, no respondería a intereses personalistas de sus líderes, en particular de Pablo Iglesias, siempre en el punto de mira por su supuesto hiperliderazgo. Obedecería a la exigencia colectiva de garantías de un proyecto que se desea compartido, beneficioso en términos sociales y democráticos y que permita, legítimamente, la consolidación de ambos espacios, también el de las fuerzas del cambio.

El empecinamiento de la dirección socialista para oponerse tendría que ver con su no aceptación de estos dos puntos clave: garantía de un giro democrático y social y compromiso solidario por el fortalecimiento de ambas fuerzas políticas y sus liderazgos respectivos. Así, la última propuesta socialista (gobierno de cooperación, socio preferente de UP, programa social intermedio, colaboración institucional y parlamentaria y responsabilidades ejecutivas de segundo nivel) va siendo más razonable, pero es insuficiente respecto de ese núcleo indefinido y sospechoso del proyecto gubernamental.

Para Unidas Podemos, en una situación más frágil, su participación expresa es vital; no puede renunciar, ni puede quedar en una posición subordinada, real, simbólica y mediáticamente, que perjudicaría su sentido político, su implantación y su liderazgo. Para el Partido Socialista, sería un ejercicio de reconocimiento positivo de su debilidad relativa para su exclusiva gobernabilidad sin la colaboración de Unidas Podemos (y otros partidos como el PNV), y sin posibilidad a medio plazo de acuerdo con Ciudadanos; e, igualmente, significaría su renuncia a sacar ventaja desproporcionada en su pugna competitiva por la hegemonía institucional y electoral en detrimento de Unidas Podemos. O sea, serían cualidades democráticas básicas frente al interés corporativo inmediatista. Además, tiene poca credibilidad su amenaza de repetir elecciones sin garantía de incrementar su prevalencia gubernativa frente a unas derechas más unidas y envalentonadas, y aunque extreme su chantaje y su culpabilización a UP y CS y aumentase su ventaja relativa respecto de ellos.

En definitiva, la dirección socialista necesita a Unidas Podemos para asentar su gobernabilidad, y éstos necesitan el acuerdo con el PSOE para hacer valer su representatividad e influencia institucional y reforzar la legitimidad interna y externa de su liderazgo. Están condenados a entenderse, pero los intereses y la relación son asimétricos. La participación en el Consejo de ministros de los representantes de Unidas Podemos es mucho más imperiosa para ellos, en comparación con su exclusión para la dirección socialista (aun con la presencia de independientes afines y sus contradictorios efectos de asimilación o instrumentalización).

Efectivamente, esa última y decisiva condición es una incomodidad para la dirección socialista, como demuestra su resistencia a esa última concesión; pero sus motivos son partidistas e inconfesables: incrementar su prepotencia institucional y mediática, limitar el alcance operativo de sus acuerdos programáticos, explorar los pactos con las derechas y los poderosos, debilitar a su socio preferente sacando ventajas comparativas.

Así, dados los proyectos estratégicos dispares, va a primar el interés instrumental e inmediato de cada parte y el juego político y mediático por reforzar la legitimidad pública respecto del conjunto de actores y el reequilibrio entre ellos. Si estoy en lo cierto, todo indica un camino difícil, controvertido y lento hacia un acuerdo definitivo para la segunda investidura, en septiembre, con un programa de mínimos y una composición gubernamental compartida, ambos aspectos algo rebajados respecto de las exigencias iniciales de Unidas Podemos, pero con su presencia directa en el Consejo de ministros.

Es decir, quién pierde menos con esa condición, arriesga más con el no acuerdo y gana más con un acuerdo razonable y satisfactorio es el Partido Socialista. Si ambas partes juegan bien sus cartas, cosa no asegurada, habrá final feliz. Es posible un incremento de la confianza mutua, una experiencia de colaboración leal y un reparto equitativo de la gestión pública y, sobre ello, una profundización democrática y de progreso (que las derechas y el poder establecido no van a dejar pasar sin una fuerte oposición).

No obstante, y compatible con lo anterior, aventuro cierta inestabilidad al estar sometido este acuerdo forzado y de conveniencia a la disparidad de intereses partidistas, con la probable aparición de distintas grietas: el desequilibrio o el choque en la gestión comunicativa y la legitimidad social respectiva, las distintas presiones corporativas… Pero, sobre todo, a los embates de la legislatura y las nuevas circunstancias políticas y del poder: el giro de Ciudadanos para hacer de bisagra con el PSOE, que le haría más factible a éste el cambio de alianzas y políticas, la gestión dura ante la prolongación de la crisis social y económica, condicionada por los poderosos, incluido las instituciones europeas, el continuismo en materias de ‘Estado’ o el inmovilismo ante el conflicto catalán...

Y otra asimetría, el Partido Socialista debe persuadir a los poderes fácticos, económicos, institucionales y europeos, de la bondad de esta dinámica. Pero Unidas Podemos y sus aliados deben conectar con los sectores populares y activar la participación cívica. Para ellos un buen acuerdo gubernamental es solo el principio o una pata para iniciar en mejores condiciones la imprescindible tarea de refundación unitaria del conjunto del espacio del cambio, en los dos planos de estrategia política y gestión institucional y de vertebración orgánica y arraigo social; y ello, bajo el liderazgo compartido de Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau y otros dirigentes relevantes, en un nuevo clima renovador e integrador.

El desafío alternativo a medio plazo, su proyecto para esta legislatura es consolidar una dinámica real de cambio de progreso. Los grandes objetivos debieran estar claros; el problema deviene en la aplicación del conjunto de políticas concretas, momento en el que se articulan a través de los intereses de los grandes poderes económicos e institucionales y se corre el riesgo de relegar las demandas y necesidades de las mayorías sociales. Una corresponsabilidad con la inercia o inacción que consolide los graves problemas de la ciudadanía sería una fuente de pasividad y desafección de capas populares a esas fuerzas del cambio.

Por tanto, la dificultad principal está en el carácter del proyecto político y de reforma social e institucional, a veces relleno de retórica vacía. Por ello es importante bajar al detalle de las medidas concretas de los dos ejes fundamentales, el social y el democrático: combatir la precariedad y la desigualdad social, con reversión de los recortes sociales y de derechos y abordaje sistemático de las consecuencias de la crisis socioeconómica y ambiental; modernizar y democratizar la economía y las instituciones, incluida la reforma fiscal y la constitucional y federal del Estado. El resultado: ampliar el espacio progresista compartido en perjuicio comparativo respecto de las fuerzas de la derecha, respetar su pluralidad (incluida la nacional) y afianzar una senda democrática y de progreso a largo plazo.