Estamos hartos de esperar a que haya justicia para las víctimas del franquismo

Entrevista con Julio Pacheco, querellante por torturas contra policías franquistas

Comité de Redacción de La Comuna

Julio Pacheco tenía 19 años cuando fue detenido y torturado por los policías franquistas de la conocida como Brigada Político Social, en agosto de 1975. Permaneció siete días en los despachos y calabozos de la Dirección General de Seguridad, actual edificio de Presidencia de la Comunidad de Madrid, aplicándosele la Ley Antiterrorista que se había aprobado después de su detención.

En febrero de este año, a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) interpuso una querella por torturas contra algunos de los policías que le habían torturado y que había podido identificar: Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz, José María González Reglero y José Manuel Villarejo Pérez. Para sorpresa y alegría de todas y todos, su querella fue admitida el 12 de mayo por la jueza Ana María Iguácel Pérez, del juzgado de instrucción número 50 de Madrid, fundamentando esta decisión en los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un hecho, hasta el momento, insólito dado que CEAQUA ya ha interpuesto ¡más de cien querellas! –personales y colectivas– en el Estado español y todas han sido inadmitidas, salvo algunas que aún ni siquiera han recibido respuesta, como la interpuesta hace varios años en Pamplona por el asesinato policial de Germán Rodríguez en los San Fermines de 1978.

En el auto de admisión se proveía la toma de declaración a Julio Pacheco como querellante y a Rosa García como testigo para el 14 de julio. No hubo tal. La Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Madrid impuso a un juez de refuerzo al que se le asignó la causa unos días antes y que tomó la decisión de anular la declaración, sin previo aviso a los citados. Fue un jarro de agua fría, una falta de respeto, una revictimización brutal. Varios medios se hicieron eco de este hecho. También las páginas de este blog.

El pasado mes de julio, el Estado español presentó el informe periódico ante el Comité Contra la Tortura de la ONU. A la vez, varias organizaciones de derechos humanos y memorialistas, entre ellas La Comuna, habían elaborado un informe sombra que recogía varias reivindicaciones sobre este tema. En las “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de España ante el Comité contra la Tortura” este Comité insta al Estado español a que “adopte todas las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción” –como sería la derogación de la Ley de Amnistía de 1977–, recomendación ya formulada por otros organismos internacionales y en anteriores Observaciones finales y que sigue sin ser atendida por el Estado español. ¿Hasta cuándo?

A primeros de agosto, de nuevo la jueza Ana María Iguácel, dictó una providencia para tomar declaración a querellante y testigo para el próximo 15 de septiembre. La puerta que se había cerrado de golpe, parece que se vuelve a abrir.

Las organizaciones CEAQUA, Amnistía Internacional, Iridia y Grupo Sir[a] han elaborado un comunicado conjunto sobre esta nueva declaración que se puede leer aquí.

Nos entrevistamos con Julio Pacheco antes del día señalado para que nos cuente.

Comité de Redacción: Julio, cuéntanos qué hacías en la época en la que fuiste detenido.

JULIO PACHECO: En el año 1975 yo estaba estudiando 2º de Biológicas en el Colegio Universitario de San Blas, dependiente de la Universidad Complutense. Militaba en la FUDE (Federación Universitaria Democrática de España) y en el PCE (marxista-leninista) organizaciones adheridas al FRAP.

CR: Eras un joven militante antifranquista y asumías el riesgo que conllevaba enfrentarse a un régimen criminal que había dado excesivas muestras de lo que era capaz de hacer. ¿Por qué tomaste la decisión de militar contra la dictadura?

JP: Mi familia es antifranquista. Mi padre combatió en la Guerra de España en el bando republicano y fue duramente reprimido, primero en varios campos de concentración y luego en distintos penales. Estuvo con pena de muerte varios años y en batallones de trabajo en la sierra de Madrid. En total, pasó once años prisionero.

La vida en el franquismo era insoportable. No había ningún tipo de libertades ni se respetaban los derechos humanos. Repartir una octavilla, hacer una pintada te podía costar la vida, ya que la policía o la guardia civil disparaban sin ninguna cortapisa porque se sabían impunes. Todo tipo de información estaba censurada, y los libros, el teatro, la televisión o el cine tenían que pasar una censura previa. Esta situación tan asfixiante era la que animaba a tomar la decisión de organizarte y militar, a sabiendas de los riesgos que asumías.

CR: ¿Cómo era la vida de un militante antifranquista? ¿De qué forma se hacía frente a una dictadura como la franquista?

JP: La actividad antifranquista fundamentalmente consistía en lo que llamábamos "agitación y propaganda": Repartir octavillas, vender nuestro periódico, colocar murales (carteles grandes de papel estraza, escritos a mano, en los que reflejábamos la actualidad, a la vez que difundíamos nuestras propuestas de lucha contra la dictadura), contactar con la gente que mostrara interés,... esa era nuestra actividad cotidiana. A la vez que los mítines, los saltos y las pintadas. Se trataba de denunciar al franquismo con todos los medios posibles a nuestro alcance.

Militar en una organización clandestina te obligaba a adoptar unos hábitos de vida concretos, todos encaminados a evitar las detenciones, que se conocían como “caídas”. Era imprescindible mantener la puntualidad en las citas con los demás compañeros y compañeras, el hábito de observar para detectar posibles seguimientos, cambiar en lo posible las rutas en los desplazamientos habituales, anotaciones en clave, etc. Teníamos toda una serie de normas que debíamos seguir por nuestra seguridad y la de quienes nos rodeaban.

CR: A finales del franquismo hay quien dice que la dictadura se “reblandeció”, que la represión brutal dejó de existir y se podía disfrutar de algunas libertades, ¿qué opinas?

JP: Franco se hizo con el poder matando y murió matando. Y se mantuvo en base a represión y terror. En el año 1963 se creo el Tribunal de Orden Público que junto con la Brigada Político Social fueron los encargados de reprimir la disidencia política de esos años. El TOP desde su creación hasta 1977, fecha se su disolución, juzgó a más de 50.000 personas, procesando a 9.146 y sentenciando a 3.890. Paralelamente, la justicia militar condenó durante esos años a 5.600 civiles por delitos “políticos”.

Durante los últimos años de la dictadura se incrementaron las condenas del TOP de forma exponencial, coincidiendo con el mayor número de movilizaciones y protestas populares.

En el año 1974 asesinaron a Puig Antich y en 1975, el 27 de septiembre, fusilaron a cinco antifascistas, tres del FRAP (Baena, Sánchez-Bravo y García Sanz) y a dos de ETA (Txiqui y Otaegui). El 12 de agosto de ese mismo año, en el Ferrol, la policía mató a Montxo Reboiras. Estos datos confirman que la cacareada dictablanda no existió en ningún momento. Franco murió matando.

CR: ¿Cuándo saliste de la cárcel? ¿Qué representó en tu vida el hecho de haber sido detenido y encarcelado? ¿Seguiste militando?

JP: Salí de Carabanchel el 3 de diciembre de 1975, en libertad provisional, previo pago de una fianza de 30. 000 ptas. Seguí militando en el PCE (marxista-leninista) hasta su disolución en 1992.

La detención y el encarcelamiento suponen un cambio radical en tu vida. Al perder la beca de estudios tuve que dejar la carrera y los planes de futuro que tenía se vinieron abajo.

Al seguir militando sigues vinculado a tus ideas y sigues luchando por lo mismo que antes de la detención y eso es como una continuación de tu vida anterior. Tienes que cambiar tus objetivos materiales, pero los ideológicos siguen siendo los mismos.

CR: Entonces, seguías siendo un activista durante la transición a pesar del peligro que representaba hacer frente al poder heredero del franquismo que se sentía vulnerable y atacaba con toda su virulencia ¿Puedes describirnos esa época?

JP: La Monarquía impuesta y la llamada transición democrática subsiguiente fue una época sangrienta. Las reivindicaciones populares de amnistía y libertad de expresión, reunión y demás derechos humanos negados fueron respondidos –en un intento de acallarlos– con represión de las fuerzas armadas y las bandas parapoliciales. Aunque faltan todavía los datos reales, se calcula que el número de muertos provocados por la policía fueron 361 y por las bandas parapoliciales, 95.

La monarquía fue impuesta por Franco como continuidad de su régimen, en contra de la voluntad popular. Nos escamotearon un Referéndum entre Monarquía o República, que según declaraciones de Adolfo Suárez, ocultadas durante años y conocidas hace poco, ganaba la República ampliamente.

"Espero que la instrucción del proceso siga adelante, que podamos ver en el banquillo de los acusados a los torturadores y que, por fin, quienes sufrimos represión durante el franquismo y la transición, podamos obtener justicia en el Estado español."

CR: Cuéntanos qué te ha hecho poner querella contra estos policías y qué esperas que puede pasar

JP: Poner la querella por torturas contra varios torturadores de la BPS lo considero un deber con nuestra historia y para el futuro.

Tenemos que dar a conocer lo que significó la dictadura y el atraso que supuso en todos los aspectos: económico, político, social y cultural. También es importante denunciar el papel de la Iglesia, el apoyo que brindó al golpe de Estado y la cobertura moral que le dio. El franquismo se mantuvo durante 40 años en base a la represión y el terror que impuso a los “desafectos”, es decir a las clases populares.

Con la nueva convocatoria para declarar ante la jueza Ana María Iguácel se abre una brecha importante en el muro que han construido para preservar la impunidad del franquismo y los torturadores que les ayudaron a mantenerlo.

Es la primera vez que un represaliado del franquismo va a declarar ante un juez en el Estado español, después de más de 100 querellas presentadas. Este es un paso importante.

Espero que la instrucción del proceso siga adelante, que podamos ver en el banquillo de los acusados a los torturadores y que, por fin, quienes sufrimos represión durante el franquismo y la transición podamos obtener justicia en el Estado español.

Esto es lo que debería suceder porque ya estamos hartos de esperar que el Estado cumpla con sus obligaciones respecto a las víctimas del franquismo de asegurar los derechos internacionales de verdad, justicia y reparación. Ya es hora.