Una sociedad que no vela por el respeto de los Derechos Humanos (DDHH), independientemente de dónde se produzcan las vulneraciones o del origen de la víctima, es una sociedad con una grave tara que, más pronto que tarde, se volverá en su contra. Y es que una vez que se violan los derechos fundamentales de quien se clasifica como diferente por el mero hecho de no ser nativo, se abre la puerta a seguir violando libertades civiles ampliando la horquilla entre los nacionales, excluyendo a los que no importan. Eso es España.

La situación dramática que se vive en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) no sale a la luz ahora. Llevamos años informando de ello, exponiendo las condiciones infrahumanas en que se encierra a personas por una falta administrativa, mostrando los resultados de las torturas y los malos tratos, denunciando las muertes sobre las que nunca se arroja luz. Todas esas informaciones, sencillamente, pasan inadvertidas tanto a las autoridades, como a los gobiernos como a la misma sociedad, que relega estas noticias a la cola de lo menos leído del día. Esta columna, sin ir más lejos, está llamada a la marginalidad, la misma que a la sociedad española está sometiendo a los protagonistas de la tribuna: las personas migrantes.

Hace una semana, informábamos de las denuncias del aumento de violencia y tratos inhumanos y degradantes en el CIE de Aluche (Madrid). Ayer mismo, para nuestro desconsuelo, conocíamos cómo volvía a repetirse la situación que tantas otras veces hemos relatado: cuando se produce una denuncia por parte de alguna de las personas encerradas en el CIE, inmediatamente es deportada. El objetivo es tan evidente como mezquino, esto es, impedir que se desarrolle la investigación porque la víctima denunciante pasa a esta en paradero desconocido. Es una práctica habitual que, pese a las denuncias que realizamos desde ONGs y medios de comunicación, continúa su escalada, paralela a la de los malos tratos en los CIEs.

Cómo he apuntado en alguna ocasión, el hecho de que esta situación se produzca durante la legislatura del autoproclamado gobierno más progresista es todavía más doloroso, más decepcionante. La reapertura de estas cárceles encubiertas que son los CIEs cuando los datos de la pandemia mejoraron ya fue una carga de profundidad para las esperanzas depositadas en el Ejecutivo PSOE-Podemos. Leer ahora cómo la compañera Gabriela Sánchez relata las experiencias vividas por personas en el CIE de Aluche es el rejonazo definitivo.

A pesar de la gravedad de este asunto, apenas trasciende. Se normaliza la tortura, el trato inhumano a la persona migrante, solamente mitigado cuando, de tarde en tarde, sale a la luz una noticia en la que la única persona que sale en auxilio de algún español o española en peligro es una persona subsahariana. Los medios no destinan ni medio minuto de sus aburridas tertulias, dedicándose más a hablar del corte de pelo de un político retirado que de lo que realmente nos hace humanos.

El problema trasciende a la cuestión migratoria, porque muchas de las personas españolas que hoy miran para otro lado, tarde o temprano, serán también víctimas. De hecho, algunas de ellas ya lo están siendo, viendo como ciertas fuerzas políticas criminalizan las colas del hambre o los asentamientos de infraviviendas. Es el principio de una escalada imparable, de un fenómeno que deja atrás a quienes no importan, invisibilizándolos. Noticias como la denuncia por parte del Defensor del Pueblo Andaluz de que un de cada cuatro niños y niñas andaluces es pobre no ocupan la agenda informativa y, cuando lo hagan, la sociedad estará demasiado ocupada con debates artificialmente dilatados, como el de la carne, con el único fin de seguir generando división con mentiras.

Las personas migrantes encerradas en los CIEs vienen a España a sumar, no a restar. Sin embargo, una parte importante de la sociedad y nuestro mismo gobierno ni siquiera las incluyen en la ecuación. Las borran, además, con saña. De nada sirven los estudios económicos que avalan la necesidad de la migración a medida que tenemos un crecimiento vegetativo negativo o la constatación de su utilidad como sucedió con los sanitarios migrantes en los momentos más críticos de la pandemia. Lo que hoy y desde hace años sucede en los CIEs españoles es la escenificación del harakiri que España se está haciendo, con una hemorragia imparable de decencia y humanidad.