Hipocresía armada: cuando Europa ignora a quienes sufren la guerra

La UE, y Europa en su conjunto, vive un punto de inflexión. La guerra en Ucrania ha abierto la puerta a un rearme sin precedentes en Europa. Gobiernos que durante años recortaron en defensa hoy firman contratos millonarios con la industria armamentística, convencidos de que la “autonomía estratégica” exige más tanques, drones y misiles. El relato es muy claro, se trata de proteger la democracia frente al autoritarismo, el derecho internacional frente a la fuerza bruta.

Sin embargo, esa misma UE que se proclama guardiana de los valores universales mantiene un intenso negocio de compraventa de armas y tecnología con Israel que no está dispuesto a sacrificar. Un Estado señalado por Naciones Unidas y por organizaciones de derechos humanos por crímenes de guerra y violaciones sistemáticas del derecho internacional. El contraste es obsceno, se exige a Rusia respeto a las normas que Bruselas no aplica cuando el socio incómodo es Tel Aviv.

La Comisión Europea ha propuesto medidas contra Israel, pero la mayoría son cosméticas. La suspensión parcial de cláusulas comerciales del Acuerdo de Asociación podría implicar unos 227 millones de euros adicionales en aranceles para las exportaciones israelíes, apenas una fracción del comercio bilateral. Se congelan ciertos fondos institucionales, aunque con excepciones (la sociedad civil y entidades como Yad Vashem seguirán recibiendo apoyo), y se sanciona a ministros extremistas como Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich. Pero esto solo se aprobará si los Estados miembros, es decir, los gobiernos, así lo deciden.

En el supuesto de que se alcanzaran las mayorías necesarias, sin embargo, ninguna de las medidas tocaría el núcleo del vínculo, esto es, el comercio de armas, la cooperación tecnológica y los contratos estratégicos. El verdadero motor de la relación entre la UE e Israel permanece blindado. Bruselas se protege con gestos simbólicos, pero mantiene intacto aquello que más poder otorga al gobierno de Netanyahu, su capacidad militar y su alianza con la industria armamentística europea.

Pero lo que es aún más preocupante es que varios Estados miembros se resisten a imponer sanciones reales. Esta incoherencia se vuelve aún más evidente si miramos hacia las opiniones públicas en aquellos países que padecen directamente las guerras. En Ucrania, el desgaste es evidente. Una encuesta de Gallup señala que casi un 70 % de los ucranianos quiere poner fin a la guerra lo antes posible mediante negociaciones, frente a una minoría que sigue apostando por la victoria militar absoluta. La sociedad está cansada de la devastación, de la incertidumbre, de vivir bajo sirenas y apagones, pero el discurso político y los intereses militares continúan azuzando la confrontación. En Gaza, por razones evidentes, no se pueden realizar encuestas. No así en Israel, donde según encuestas recientes el 67% de la población apoyaría un acuerdo de alto el fuego que incluya el intercambio de prisioneros. El matiz aquí es significativo porque apenas se tiene en consideración la masacre de Gaza, la presión se incrementa contra el gobierno de Netanyahu.

En la Unión Europea, según datos de YouGov, el relato de Tel Aviv ha perdido apoyos sustantivos alcanzando mínimos históricos en las opiniones públicas que condenan las operaciones militares desproporcionadas en Gaza. Unas opiniones públicas que muestran un cambio sustantivo en su posición hacia Israel. Sólo entre el 13% y el 21% de los encuestados expresaron una opinión favorable y opinan que la respuesta sionista es absolutamente desproporcionada. Un cambio de tendencia a todas luces significativo.

Esos mismos líderes, y los intereses detrás de ellos, continúan con su relato, mas armas y menos diplomacia en el caso de Ucrania, más permisividad y menos derechos humanos en el caso de Gaza. Para intentar comprender esta dinámica perversa e incoherente es imprescindible seguir la pista del dinero y los beneficios.

El rearme de la UE, presentado como una necesidad de supervivencia, ha sido también una bendición para la industria militar. Empresas europeas de defensa baten récords de contratos y beneficios. Los presupuestos nacionales se disparan, y la presión política empuja a reducir controles sobre licencias de exportación. En este clima, Israel no solo es cliente, también es socio tecnológico clave en drones, sistemas de vigilancia, mecanismos de ciberseguridad que han convertido a los países europeos en extremadamente dependientes de Israel. Todo ello hace que la ruptura sea extremadamente costosa. La diferencia entre la facilidad de la desconexión con Rusia y la dificultad con Israel tiene que ver con el poder que este último tiene en los mercados financieros globales, frente a las redes oligárquicas y menos globalizadas de los rusos. Así que, claro, el negocio pesa más que los principios, el resultado es que se mantienen así foros de cooperación y contratos estratégicos al tiempo que se proclaman sanciones limitadas que no alteran el fondo.

El contraste con Ucrania es brutal. Frente a Moscú, la UE exige respeto absoluto a la soberanía, al derecho internacional, a la protección de la población civil. Frente a Tel Aviv, se opta por mirar hacia otro lado, con la excusa de la “complejidad del conflicto”. En un caso se invoca la legalidad internacional como arma política; en el otro, se reduce a un adorno incómodo que puede esconderse cuando estorba.

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Pero como todo en la vida, la incoherencia política tiene un precio, la credibilidad. La UE denuncia la agresión rusa mientras blinda la industria de defensa israelí; proclama el respeto a la legalidad internacional mientras comercia con quienes la desprecian. Reclama sacrificios a su ciudadanía en nombre de los valores europeos, al mismo tiempo que esos valores se venden al mejor postor en los despachos de la industria armamentística.

La aspiración de ser una potencia geopolítica no se puede hacer a cualquier precio. Nuestros líderes tienen que explicar cómo lo quieren hacer y además lo deben de hacer de manera clara. Si efectivamente apuestan por la coherencia y el respeto a la legalidad internacional incluso al precio de costes en el corto y medio plazo, deben de explicarlo a la opinión pública.  Si, por el contrario, se quiere avanzar en la construcción de una Europa geopolítica levantada sobre la hipocresía, que selecciona a conveniencia quién merece sanciones y quién contratos de armas, que lo expliquen también.

Si Bruselas y lo Estados miembros quieren dejar de ser cómplices, debe dar pasos claros entre los que se encuentran la suspensión de inmediato de la compraventa de armas con Israel, incluyendo licencias ya autorizadas; la imposición de un embargo militar real, más allá de sanciones cosméticas contra ministros o colonos; garantizar la transparencia en todos los contratos militares y tecnológicos para que la ciudadanía europea conozca qué se financia en su nombre y, en fin, hacer una escucha activa de lo que pide la ciudadanía, en Ucrania, en Europa, en Israel, y, por supuesto en Palestina.

Si lo anterior no sucede, cada euro invertido en alguna de estas partidas será también un ladrillo más en el muro de la hipocresía europea y un clavo más en el ataúd de las democracias.