La información es poder. Ésta ha sido una máxima que históricamente se ha empleado en el sentido más negativo: en lugar de promover el flujo de datos que permitiera compartirlos, se ha interpretado como lo contrario, es decir, ocultar información para utilizarla en beneficio propio. Sin embargo, esto está cambiando; vivimos la explosión de la información con el objetivo del procomún.

En este sentido, es importante remarcar que en ciertos aspectos un Estado debería compartir características que se dan en un negocio: ha de ser ágil y abierto a la innovación. Resulta paradójico que Gobiernos neoliberales como el que presuntamente administra España (PP) quieran equiparar el Estado con la empresa casi exclusivamente en un punto: en la prioridad de la rentabilidad sobre el bienestar de los ciudadanos. Pero, ¿qué está pasando en otros países?

Si miramos a Francia, por ejemplo, a pesar de que tener como primer ministro a un pseudosocialista como Manuel Valls (y estar ideológicamente más cerca del PP), su estrategia es radicalmente opuesta a la que lleva Rajoy en España. Desde el pasado mes de septiembre, Francia cuenta oficialmente con su Administración General de los Datos, con Henri Verdier como su nuevo Administrador de los Datos del Estado (CDO).

El país galo, cuya primera Oficina de Estadística fue creada en 1800 y el Tribunal de Cuentas lleva publicando informes desde 1850, se ha dado cuenta de que sin una correcta gestión de los datos, no se puede llegar a la mejor toma de decisiones. Una receta que lleva décadas aplicándose en el mundo empresarial con las herramientas de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) y, más recientemente, con el análisis masivo de datos (big data) que abre las puertas a un extraordinario abanico de posibilidades. De hecho, la propia Unión Europea (UE) inaguraba a finales del año pasado la que pretende ser su estrategia común de big data. Ni Francia comete una locura ni es pionera en esta tendencia, pues ciudades como San Francisco o Nueva York o incluso, el ejército de EEUU ya cuentan con esta figura del responsable de los datos.

Hasta su nombramiento y desde 2013, Verdier era el director del laboratorio ETAlab, la institución responsable de los datos públicos del Estado. ETAlab se fundó en 2011 en el seno de la Secretaría General para la Modernización Pública (SGMAP) con la misión de estimular la democracia y la economía utilizando para ello los open data, esto es, los datos públicos a disposición de cualquier ciudadano.

Ahora, bajo su control está toda la información que maneja la República francesa con la excepción de los ligados al ministerio de Defensa que afectan a la seguridad nacional (y, obviamente, los referidos a protección de datos personales, como historias médicas, por ejemplo). Dicho de otro modo, él y su equipo, no sólo serán quienes tengan una visión privilegiada de todos los flujos de información de la Administración, sino que velarán por su calidad y tendrán la obligación de publicar un informe anual.

Uno de los principales cometidos de Verdier es mejorar todos los procesos de producción y explotación de la información, de manera que la persona adecuada tenga los datos que necesita en el mismo instante que los precisa. Dicho de otro modo, mejorar extraordinariamente la toma de decisiones, lo que sin duda redunda en ahorros de costes y un mejor servicio prestado a la ciudadanía. No es una afirmación realizada a la ligera: un informe de McKinsey Global Institute asegura que la incorporación de los Open Data en la agenda del G20 podría traducirse en crecimientos de 13 billones de dólares en los próximos cinco años. Si lo comparamos con los beneficios que traerá consigo el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP), los Open Data aportan el doble de crecimiento en la mitad de tiempo que el TTIP.

La correcta gestión de la información, aplicando como pretende Verdier técnicas big data, es el primer paso para optimizar la Administración. Poder cruzar datos de un ministerio a otro es la clave para detectar fraudes y algunos de los casos de corrupción que pueden llegar a esquilmar las arcas de un país. El nuevo CDO francés se ha comprometido a crear una cultura de la utilización de los datos para diseñar las mejores políticas públicas. Traducido en beneficios reales para la ciudadanía, por ejemplo, podríamos decir que si se cruzaran los datos correctamente, la compra masiva de medicamentos para la Hepatitis-C en la UE podría haberse realizado ya y, además, a un coste infinitamente menor del que se está asumiendo.

Y España, ¿va bien?

Seguramente, a los lectores no les costará imaginar que en España no existe la figura del Administrador de los Datos del Estado, más aún tras haber visto la chapuza que se realizó con el lanzamiento del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE) que, incluso, llegó a exponer datos personales de sus usuarios.

Los sucesivos Gobiernos del PSOE y el PP han engendrado un entramado informático que aterra. La AGE cuenta con más de 430 Centros de Proceso de Datos (CPD) y centros técnicos, así como más de 10.300 servidores repartidos en cerca de 20.000 metros cuadrados a cargo de los cuales hay una plantilla técnica de unos 12.000 empleados. No sólo eso, en nuestra Administración existen hasta 230 departamentos diferentes que pueden comprar Tecnologías de la Información, lo que deriva en duplicidades, incompatibilidades de sistemas y, en definitiva, en un auténtico despilfarro de dinero público.

Hace más de un año que el Gobierno nombró al nuevo director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) de la Administración del Estado, Domingo Javier Molina, y, desde entonces la opacidad ha sido absoluta. No sólo no se facilita información de los progresos de Molina, sino que no son pocos los actores de la industria TIC que sugieren que se trata de un cargo cosmético que no tiene poder para racionalizar los recursos informáticos del Estado.

¿Qué poder necesita?, se preguntarán. El de imponerse a los ministerios, porque hasta ahora la cosa funciona del siguiente modo: muchas de las carteras son silos estancos de información que no se cruza con el resto de los ministerios, ni siquiera dentro del mismo ministerio. La situación es tan dantesca que cuando varios departamentos ministeriales comparten una misma sede, cada uno contrata a su proveedor y como resultado hay edificios con hasta 8 contratos, 16 acometidas y sus respectivas centralitas. A día de hoy, no existe una única red de telecomunicaciones del Estado y se han llegado a gestionar 200 contratos diferentes.

Con este panorama, ¿cómo podemos pensar en lago tan avanzado como un Administrador de los Datos del Estado? Tanto es así que, según el índice que lleva a cabo la Open Knowledge Foundation entre 185 países, España se encuentra en el puesto 34, por detrás de países como India, Colombia, República Checa, Uruguay, Kosovo o Malta, entre muchos otros.