Mientras Pablo Casado pedía hablar de lo importante y rescataba el fantasma de ETA -desaparecida hace una década- e Isabel Díaz Ayuso definía "libertad" como no cruzarte con tu expareja, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, revolucionaba las Políticas Activas de Empleo (PAE) apuntándose en su haber un nuevo acuerdo entre partes -únicamente Murcia se opuso de todas las Comunidades Autónomas-. En silencio, sin estridencias, remangándose y huyendo de subir los decibelios con banalidades, la comunista ya ha marcado un punto de inflexión en el ministerio de Trabajo.

Díaz aterrizó en el Gobierno con el objetivo de poner orden en el empleo español, una de las lacras históricas de nuestro país en el que ni siquiera en los mejores años de bonanza económica hemos conseguido bajar de los dos millones de personas desempleadas. Las PAE son un instrumento fundamental para atajar esa situación pero su efectividad hasta la fecha ha sido más bien pobre.

Muchas personas se rieron y, cómo no, ridiculizaron a Pablo Iglesias cuando solicitó las PAE en la sesión de investidura fallida de 2019. Lo hicieron porque la ejecución de esas políticas es competencia autonómica. Se quedaron ahí, obviando que la asignación y el reparto de fondos, que salen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dependen de Trabajo. Ayer, con su anuncio en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Díaz rompió con la inercia y demostró cuán decisiva es su acción.

Ya no es sólo que los fondos para las PAE se hayan incrementando en 800 millones de euros, sino que se ha depurado mucho cómo han de gastarse. La efectividad de las PAE hasta la fecha estaba muy lejos de lo deseable, entre otras cosas, porque no existían buenas métricas. Eso va a cambiar. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) será la encargada de evaluar la ejecución de estas políticas en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA).

No parece muy lógico que algunas CCAA carguen contra el gobierno cuando los datos de paro empeoran -cuando mejoran, paradójicamente, sí es mérito autonómico- y, sin embargo, ni siquiera ejecuten todos los millones asignados en el reparto de las PAE. Eso se acabó. A partir de ahora, el reparto de dinero entre las distintas CCAA dependerá de los resultados obtenidos y no haber ejecutado la partida no puntuará precisamente a favor. El talante de la ministra es tan distinto a lo que podemos ver en otros políticos que plantea esta evaluación "no con ánimo de penalizar, sino para corregir errores y buscar el máximo rendimiento". Eso es lo que debemos esperar de quienes nos gobiernan.

Otra de las medidas positivas introducidas por Díaz que rompen con lo anterior es acabar con esa barra libre de incentivos a la contratación que, en realidad, servían más para financiar contratos que se iban a realizar de todos modos que a reducir la tasa de paro. Mientras que en España estos incentivos suponen el 40% de las PAE, en países como Alemania son la mitad. Por este motivo, el empresariado no ve con buenos ojos esta revolución en las PAE, porque la vía facilona para poner el cazo se acaba.

En su lugar, los contratos de formación cobrarán más peso. La formación en sí misma, que ahora mismo apenas supone una cuarta parte de los que se gasta en PAE y además de un modo absolutamente ineficaz. Díaz trae esta formación a primera línea y, de hecho, de los 800 millones adicionales dentro de esos 2.111 millones de euros de PAE, 600 millones se dirigen exclusivamente a jóvenes menores de 30 años, para que puedan obtener una cualificación profesional en sectores estratégicos vía contratos formativos.

Ante medidas como las propuestas por Ciudadanos, que aboga por permitir el despido a las empresas que han recibido dinero público con los ERTE, la ministra apuesta por la formación. El resto de los 800 millones extra, esto es, 110 millones de euros, irán precisamente a acciones formativas para personas en ERTE, así como personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos que se han visto muy afectados por la pandemia.

Yolanda Díaz llegó al Gobierno con el carnet del Partido Comunista Español (PCE) en el bolsillo, con el comunismo corriendo por sus venas, una tradición familiar sindicalista y una experiencia forjada como abogada laboralista. De nada de eso ha hecho gala ni se ha jactado, sino que lo ha empleado en su gestión con resultados muy satisfactorios, alcanzando acuerdos a tres bandas -sindicatos, patronal y gobierno- tan históricos como inéditos. En mitad del ruido con el que otros políticos crispan el ambiente y perjudican nuestro bienestar, Díaz avanza cual hormiguita, pero con alma de cigarra, porque como recordaba Santa (Javier Bardem) en Los lunes al sol, quien nace cigarra también tiene derecho a la libertad, que nada tiene que ver con tomar cañas.