El demente empresario de Torrelavega que ha apuñalado a una sindicalista con un cuchillo de jamón (España de pandereta...) se ha convertido en algunos foros en un héroe. La patronal siempre ha salivado por el colmillo. Y ahora, con el Partido Popular, más, porque tienen siesta judicial.

Hay igualmente una impunidad en los blogs de la derecha que hace de la democracia un régimen demagógico sin Savonarolas y con muchos Torrentes, descerebrados y tertulianos. Aunque, claro ¿no ha invitado el conocido periodista manipulador (con varias condenas detrás) Jiménez Losantos a la policía a atropellar a los piquetes durante la huelga general? Estará contento. Terminó pasando. Son mala gente.

Pero eso no es lo peor. Mientras que la sindicalista agredida ha recibido 12 puntos de sutura en la mano y le quedarán las cicatrices, el empresario ha salido jaleado, en libertad y sin fianza. Por el contrario, los piqueteros detenidos que estaban haciendo valer el derecho a la huelga han tardado mucho más en salir de prisión. El artículo 315 del Código Penal estaba pensado para defender el derecho de los trabajadores frente al poder del empresario, en concreto, para defender el derecho a la huelga. Lo patético es que ha sido utilizado contra el grueso de los integrantes de los piquetes informativos. No consta ningún empresario detenido. (¿De verdad cree alguien que no se ha dicho miles de veces "el que no venga a trabajar el día de la huelga, que tampoco venga ya el día siguiente"). No es que el Estado desaparezca: es que está mutando a favor de los de arriba. Dice así este artículo 315:

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

El Partido Popular, como ya hizo en su anterior etapa de gobierno, entiende la huelga como un hecho de orden público. Esperanza Aguirre, siempre más clara, dice que los sindicatos se derrumbarán como "el muro de Berlín" (ella los prohibiría) y deja caer que las huelgas son actos ilegales. Decenas de miles de policías enturbiaron una huelga signada por su voluntad pacífica. Que algunos disturbios y quema de contenedores oculten la violencia intolerable de más de cinco millones de parados o la muerte de enfermos por culpa de los recortes en sanidad es, una vez más, una coartada. Aún más cuando ya se sabe que la policía se infiltra y con demasiada frecuencia está detrás de actos vandálicos.

La huelga ha sido un triunfo. Y las manifestaciones de la tarde del 29, mucho más, demostrando que el empresariado, pese a generar el suficiente miedo como para que muchos miles no hicieran el paro, no han podido impedir que esa misma ciudadanía, ya sin la coacción del despido, muestre su radical inconformidad con la reforma laboral.

Queda el asunto de la violencia. La violencia de la patronal, del gobierno y de tipos como el empresario hotelero de Torrelavega. El fiscal pidió pena de prisión preventiva para los detenidos en los piquetes. El agresor del cuchillo salió sin fianza antes que los piqueteros. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que sale más rentable tirar de cuchillo? ¿Que los empresarios tienen bula y los que protestan van a recibir el rodillo del Estado hagan lo que hagan? Siguen diciendo desde el gobierno que España no es Grecia. Pero se esmeran en acercarnos.