Hoy tod@s nos lamentamos sobre el terrible incendio que se está viviendo en Huelva, amenazando el Parque Nacional de Doñana y toda su riqueza natural. Hoy, mientras miramos horrorizados cómo todavía luchan los bomberos por extinguir un fuego que todo indica que fue provocado, olvidamos que este incendió se inició en los despachos de nuestros representantes políticos.

En los últimos años, la Junta de Andalucía ha ido recortando la plantilla de agentes forestales y de plantilla del Plan Infoca. A veces, con un goteo, que casi no se percibe, como cuando se redujo a la mitad el dispositivo de agentes forestales para los fines de semana, pasando de patrullar por parejas a individualmente. Otras, con auténticos tajos a los efectivos de una plantilla envejecida para la que los sindicatos al fin consiguieron jubilaciones anticipadas para iniciar el proceso de renovación.

Hace años, incluso, desde la Junta se emitió una orden que impedía a los agentes de medio ambiente presentar denuncias en el Registro General o, lo que es lo mismo, impedía que quedara constancia de las mismas, quizás, por si hubiera alguna que no interesara, que ésta se pudiera traspapelar. Un despropósito. Quizás para que no perjudicara a empresas como Gas Natural Fenosa, a la que el Gobierno de Susana Díaz permite construir su almacén de gas en pleno Doñana.

Más recientemente, los recortes afectaban al combustible. Desde la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía denunciaban cómo la reducción de combustible impuesta desde la Junta no les permite realizar con normalidad su cometido. Según indicaban, a los recortes aplicados en meses anteriores en la partida para el combustible se ha sumado una adicional de 66% en la partida para el parque móvil, cuyas condiciones no son las más óptimas en muchos casos.

No es un situación que únicamente se dé en Andalucía; sucede en la práctica totalidad del territorio nacional, sujeto a una deleznable Ley de Montes made in PP, que no sólo abrió la puerta a la posibilidad de construir en zonas incendiadas, sino que sumergía a los agentes forestales en la más absoluta inseguidad jurídica.

Aquella ley limitaba la condición de estos agentes como policía judicial lo que, a efectos prácticos, imposibilita su actuación frente a los delitos medioambientales. Tras la aprobación de aquella ley, los agentes forestales únicamente intervienen "de forma auxiliar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", lo que a todas luces complica la persecución de delitos medioambientales.

¿Qué se perseguía con esta ley que entonces afectaba a cerca de 6.000 agentes forestales -que habían tenido que aprobar una oposición? Privatizar la gestión del medio natural, ni más ni menos. Todo es un negocio, incluida la naturaleza. Como ya sucede en las cárceles, por ejemplo, el sector de la seguridad privada hace años que se frota las manos viendo cómo llenarán sus bolsillos con el monte.

Mientras, las llamas los devoran todo porque, entre los recortes y la precarización de las condiciones laborales de los agentes forestales, es imposible vigilar el monte en condiciones, mantenerlo como es debido para que los cortafuegos estén despejados. Hoy, tod@s lamentamos esta catástrofe medioambiental. Ojalá la misma cobertura mediática, las mismas conversaciones de bar, los mismos clics de ratón se hubieran dado cuando el incendió se inició en los despachos. A ver si de este modo despertamos y aprendemos a poner remedio antes de que el problema no tenga solución. Y no hablo ahora de incendios forestales, sino de auténticos incendios sociales que nos achicharran todos los días.