Indra: a río revuelto, ganancia de pescadores

Salvador Carnicero (SalvaCarni16)

Las adjudicaciones a dedo para la aplicación Radar Covid o para los rastreadores en Madrid son ejemplos de la proximidad de Indra con las instituciones, especialmente en tiempos de crisis

La única compañía española en el ‘top 100’ mundial de la industria armamentística es también una de las principales empresas que controlan el negocio antimigratorio en España

Las aguas están turbias. Revueltas. El mundo atraviesa una crisis ecológica y humanitaria sin precedentes. Y en España, la situación sanitaria arroja incertidumbres, pero también oportunidades de mercado. Solo los mejores pescadores son capaces de aprovechar la caótica situación para conseguir las mejores piezas. Y en este sentido, el emporio tecnológico Indra es el rey.

A río revuelto, gana Indra, y normalmente sin hacer ruido: a golpe de adjudicaciones de contratos urgentes, sin concurso público y motivados por el miedo a lo peor. Y gracias también a un amplio abanico de puertas giratorias, asesores y embajadores ilustres de la talla del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, o del expresidente socialista Felipe González.

Participada por el Estado en casi un 20%, esta tecnológica goza de plena confianza entre las instituciones españolas, y especialmente en tiempos de crisis. En 2019 se embolsó los contratos por la transmisión de datos provisionales durante el ‘bloqueo político’ y la repetición de elecciones.

¿Cómo ha afectado la pandemia a los negocios de esta multinacional?

Indra también ha sabido mantenerse próxima al gobierno de España en esta crisis sanitaria, y ha vuelto a encontrar recompensas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital le adjudicó a mediados de junio un contrato de alta relevancia sin publicidad y con carácter de emergencia: el desarrollo de la app de rastreo del virus, Radar Covid, por 330.000 euros.

Esta operación estuvo plagada de “dudas e irregularidades formales”, según la plataforma de verificación Newtral, que aclara que los pliegos deberían haberse publicado el 30 de julio y no el 12 de agosto, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. A pesar de las dudas que ha suscitado su adjudicación, la aplicación arrojó unos resultados “muy satisfactorios” para la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial durante la fase de desarrollo.

Más cuantioso, aunque no de carácter sanitario, es el contrato con el Ministerio de Defensa para el desarrollo del sistema informático de los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) del Ejército de Tierra, adjudicado en agosto por 150 millones de euros. Indra confía además en firmar nuevos contratos dentro de la primera fase del programa del VCR 8x8 Dragón.

Pero no solo el Gobierno de Sánchez respalda las capacidades de Indra. La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo dos contratos para sufragar el seguimiento entre contagiados con los rastreadores. En conjunto rozan el millón y medio de euros y fueron destinados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Telefónica.

Ambas compañías son las que más puertas giratorias acumulan en activo de la ’Industria del Control Migratorio’ (ICM), el conglomerado mercantil que hace negocio con las políticas antimigratorias en España y en Europa. Por los órganos directivos de Indra y Telefónica han pasado 29 y 26 ex altos cargos del Estado, respectivamente. No obstante, y a pesar de su capacidad tecnológica y política, la Comunidad de Madrid aumentará el número de rastreadores al menos hasta los 1.500 tras los resultados obtenidos por el momento.

La compañía se ha negado a ampliar más información a por Causa sobre estos contratos adjudicados a dedo y se ha limitado a recordar que las instituciones competentes son las encargadas de facilitar dicha información.

El control migratorio, ‘marca España’

La única empresa española en el top 100 de la industria del armamento mundial es también una de las principales compañías del negocio antimigratorio español. Indra está entre las cinco empresas que más dinero público se embolsaron entre 2014 y 2019, según la investigación de Fundación por Causa. Estos contratos se han destinado mayoritariamente en concepto de vigilancia marítima y de perímetros fronterizos.

El 22% de su negocio está relacionado con la defensa y el sector militar, y es una de las empresas que más se lucran con las obras y el mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, junto con ACS y Ferrovial. La compañía que preside Fernando Abril-Martorell también desarrolló el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, un entramado tecnológico de radares capaces de localizar cualquier objeto en el Estrecho de Gibraltar y parte del Mediterráneo. El SIVE ha tenido un coste de al menos 236,8 millones entre 2002-2018, de los cuales casi la mitad han sido embolsados por Indra, según el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

El procedimiento de las compañías tecnológicas del control migratorio es el siguiente: desarrollan estos sistemas con subvenciones públicas y posteriormente los venden a otros países. España pagó la confección del SIVE y luego Indra consiguió exportarlo de manera privada, desde Rumanía hasta Hong Kong. Este método mercantil convierte a España en un laboratorio de control fronterizo para empresas privadas.

Indra asegura estar comprometida con el respeto de los Derechos Humanos en sus informes de Responsabilidad Social Corporativa. No obstante, la empresa no ha detallado, ante el requerimiento de por Causa, qué mecanismos emplea para asegurar que sus productos no violan los derechos de quienes migran ni para evitar que los países a los que vende su tecnología, como Arabia Saudí, no usen sus productos para atacar a población civil. Esta circunstancia se da, como ejemplo, en la guerra de Yemen. Del mismo modo, Indra declara que ha invertido “más de 1.100 millones de euros en I+D+i en los últimos seis años”, pero no detalla el montante procedente de fondos públicos en sus proyectos.

Amiga de los poderosos

Indra tiene al Estado como principal accionista, y también como uno de sus principales clientes. El ejemplo más ilustrativo de su cercanía con el poder político es Juan Carlos I de Borbón. Su amistad con la monarquía de Arabia Saudí fue clave en la adjudicación del multimillonario contrato del AVE de la Meca a un consorcio de empresas españolas liderado por Indra.

Este consorcio, formado también por otras compañías como OHL, Abengoa o Talgo, recibió 6.300 millones de euros en 2012 para construir el tren de alta velocidad que une las ciudades santas musulmanas de La Meca y Medina. El rey emérito está siendo investigado en Suiza por el supuesto cobro de comisiones ilegales de hasta 100 millones de euros por su mediación en la operación, considerada durante años como un hito histórico español por su repercusión internacional.

No obstante, el emérito no es el único antiguo cargo público que ha prestado servicio para esta tecnológica tras su jubilación política. Por los órganos de administración de Indra han desfilado al menos 26 antiguos altos cargos públicos de los partidos dominantes. Entre estas puertas giratorias figuran el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Juan Carlos Aparicio y el exsubsecretario de Defensa y de Fomento Adolfo Menéndez, ambos del PP. Por su parte, el exministro de Industria y exjefe de la Oficina Económica de Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, y el exdiputado Antonio Cuevas proceden del PSOE. El mismo expresidente Felipe González llegó a ser asesor de la entidad.

La cercanía con el poder también tiene su vertiente mediática. El actual presidente del consejo de administración del Grupo Prisa, Javier Monzón, fue también presidente de esta armamentística hasta 2015. Monzón fue investigado en el ‘caso Púnica’ por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, al igual que la propia compañía armamentística en calidad de persona jurídica.

Esa proximidad con los poderes políticos, mediáticos y económicos permite a las empresas del control migratorio seguir pescando los mayores peces. Los 150 millones de los blindados 8x8 para las Fuerzas Armadas o las adjudicaciones de urgencia frente a la Covid-19 son solo algunos de ellos. Indra pesca en aguas cada vez más lodosas, pero continúa reflotando ganancias de su fondo a medida que se vuelven más turbias. A río revuelto, ganancia de pescadores.

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