La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación sobre Juan Carlos I para aclarar su implicación en el cobro de 80 millones de euros como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas. La investigación se centrará  en el caso del rey emérito desde el momento en que dejó de ser inviolable, con su abdicación en junio de 2014.

Dicha Fiscalía asume así la investigación abierta por Anticorrupción por el cobro de las comisiones irregulares en la construcción del tren de alta velocidad al constatar que una de llas personas involucradas en Juan Carlos de Borbón. La investigación fue abierta por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en diciembre de 2018.

El pasado 15 de marzo, Felipe VI y la casa real recurrieron a una argucia: en un comunicado deslizaron la idea de que renunciaba a la herencia de su padre. El Código Civil prohibe expresamente renunciar a una herencia si antes no hay un fallecimiento y, si se lee la nota detenidamente, lo que el rey anunció fue su intención de renunciar.

Dicho anuncio se realizó el segundo día del confinamiento por la pandemia de la covid-19 y después de conocerse que Felipe VI era el beneficiario de una cuenta 'off shore' en Suiza abierta por la Fundación panameña Lucum abierta en 2008 por el rey emérito para recibir "una donación" de casi 65 millones de euros del entonces rey de Arabia Saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. 

La Fiscalía de Suiza investiga si Arabia Saudí pagó 100 millones de dólares a esta fundación panameña después de que el consorcio español rebajara en un 30% el coste de su uferta para contruir el AVE a La Meca.

Este lunes es el primer día en que se han reanudado los plazos procesales. Y en esta primera jornada, la Fiscalía anuncia la apertura de estas diligencias directas contra Juan Carlos I.

Se investiga 'directamente' al rey emérito

La investigación delimitará la participación o no de Juan Carlos I en el cobro de comisiones desde su abdicación en 2014, momento en que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. 

"Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", anuncia la Fiscalía en una nota de prensa.

Corrupción en las transacciones internacionales

El caso arranca con unos audios donde la amiga especial de Juan Carlos I, Corinna Larsen, revela que el rey emérito pidió una comisión por su papel de intermediario al conseguir que el consorcio de empresas españolas -OHL e Indra, entre otras- ganara un contrato de más de 6.300 millones de euros en 2012 por la construcción de la línea férrea de 450 kilómetros desde Medina hasta La Meca.

Así figura en una conversación de 2015 entre Corinna  Larsen y el excomisario José Manuel Villarejo -entonces en activo-, donde acusaba a Juan Carlos de Borbón de tener dinero en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, titular allí de otra fundación, Zagatka.

Estos audios formaron parte de la pieza Carol pieza que se investigó en la Audiencia Nacinal dentro del sumario sobre Villarejo. Fue archivada en 2019, pero Anticorrupción continuó con la investigación de supuestos delitos de cohecho en las transacciones comerciales internacionales.

Cuatro fiscales

Juan Carlos de Borbón se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, como su hijo el rey Felipe VI, y sus respectivas esposas.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha designado para esta investigación a Juan Ignacio Campos Campos, fiscal de Sala del Supremo y especialista en delitos económicos.

Campos estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, "que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación", sostiene el ministerio público.

"Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia", sostiene la nota de la Fiscalía que destaca de Campos su "conocimiento exhaustivo de lo que se denomina Derecho penal económico" y su "dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo".