Pere Ortega

Coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

En nuestros artículos anteriores hemos hablado de gasto y de I+D militar del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2014. Hoy toca hacerlo de las inversiones.

La inversión pública del Estado es, desde la ortodoxia de la teoría económica, uno de los aspectos que mayor impacto tiene en el desarrollo de la economía real, pues afecta a infraestructuras básicas para el desarrollo industrial, comercial y de servicios, genera puestos de trabajo y ayuda a una mayor competitividad, eso sí, entendiendo que no se trata de infraestructuras con impactos negativos desde un punto de vista medioambiental o que sean improductivas, como ha ocurrido con trenes de alta velocidad y aeropuertos sin pasajeros y con tantos otros equipamientos inservibles que se han desarrollado por toda la geografía peninsular.

Pero si hay unas inversiones controvertidas estas son las de tipo militar, pues desde el punto de vista de la eficiencia económica éstas son improductivas. Por un lado, por su carácter específicamente militar, pues no parece que una base militar o un campo de tiro sirvan como motor de arrastre de la economía productiva civil. Por otro, por el denominado spin-off, a las tecnologías militares se les supone un efecto positivo por su aplicación en la industria civil. Esto se debería demostrar con ejemplos palpables, empíricos, pues de lo contrario es palabrería inútil. Puede que en las décadas de 1930 y 1940 algunas tecnologías militares traspasaran funciones al ámbito civil, pero hoy es más bien al contrario: los grandes avances en nuevas tecnologías se están desarrollando en la ingeniería civil que es desde dónde se abastece de conocimiento la ingeniería militar.

Dicho esto, la propuesta de inversiones en el terreno militar para el año 2014, respecto al año 2013, es de 900,6 millones, un 17,1% superior al año 2013, de los cuales, 506,8 M€ se destinan a I+D, es decir, para ayudar a las empresas militares a desarrollar armamentos, pues alrededor del 60% del coste de los proyectos es financiado por el Ministerio de Defensa. En menor cuantía, 303,8M€, la parte dedicada a inversiones en armas y equipamientos para abastecer a los tres ejércitos.

Además están los 14 Programas Especiales de Armamentos (PEA) que con un coste de 30.000 millones se llevan adelante con créditos extraordinarios que cada año oscilan entre 1000 y 2000 M€ y que no se contemplan en los presupuestos. Son los famosos Eurofigther, blindados Leopardo, helicópteros Tigre, submarinos, fragatas… Los argumentos del Ministerio de Defensa para continuar adelante con los contratos de los PEA son, cuando menos, peregrinos. Todas esas armas se justifican en su mayoría no para la defensa del territorio, sino para intervenir en las denominas “misiones de paz” en el exterior. Al margen de si están contribuyendo o no a la paz en Afganistán o el Océano Indico protegiendo a los atuneros. Lo cierto, es que sí se analizan uno a uno todos esos armamentos se comprueba su escasa, por no decir nula, participación en misiones internacionales. Ni los aviones Eurofigther, ni los blindados Leopardo o Pizarro, ni la mayoría de los barcos de guerra han viajado nunca a Afganistán, Líbano, Libia o Kosovo. Solo dos helicópteros Tigre están en Afganistán, una fragata participó en el bloqueo a Libia y otra está en las aguas del Índico.

Tampoco los PEA, tendrán, desde el punto de vista estratégico de la defensa nacional, una aplicación práctica, pues fueron diseñados para escenarios inexistentes más propios de la etapa de la Guerra Fría, como los blindados, solo aptos para repeler una posible invasión exterior por tierra y con una movilidad limitada en una península surcada de cadenas montañosas; o los Eurofighter, que no han entrado nunca en combate. Entonces, ¿por qué se adquieren?, sin duda para satisfacer los intereses del denominado complejo militar industrial, es decir, ayudar a sostener las empresas militares españolas. Unas empresas que son parasitarias del Estado (Ministerio de Defensa), su principal y a veces único cliente. Empresas, que además reciben suculentas ayudas en I+D, sin las cuales seguramente ya hubieran cerrado.

En definitiva, unas inversiones en armas que destruyen riqueza y que podrían servir para relanzar la débil economía del país en productos socialmente útiles.