La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría: la amnistía fiscal que decretó el Gobierno del PP en 2012 es anticonstitucional. ¿Qué significa esto? Que 31.500 contribuyentes tuvieron un trato de favor, permitiendo que en unos casos continuaran defraudando al amparo de un Gobierno podrido hasta el tuétano y, en otros, que además de eso también blanquearan dinero que pudo haberse ganado con actividades delictivas, desde tráfico de armas a explotación sexual.

Con todo, se recaudó menos de la mitad de lo que se había calculado inicialmente, lo que todavía supuso un varapalo más para los contribuyentes que sí cumplen con su deber, que veían cómo los que menos tienen son los que más pagan y, por ello, animándoles a bucear en la economía sumergida al grito de "¡Ya está bien!" con medidas como, por ejemplo, no pagar el IVA por determinados servicios.

¿Y ahora qué? Ahora nada. No habrá consecuencias ni para quienes se acogieron a esa amnistía anticonstitucional ni para el Gobierno que la impulsó. El mismo número dos de Hacienda, JoséEnrique Fernández de Moya, ha tenido la desfachatez de decirlo: "no tiene ningún tipo de consecuencia".

¿Qué sucede ahora con esa defensa a ultranza de la Constitución? ¿Ha dejado de ser inviolable? La sentencia del Tribunal Constitucional debería tener consecuencias, al menos administrativas, no sólo para el ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, sino para todos los componentes del Consejo de Ministros que avaló esta amnistía.

Si Artur Mas fue condenado a dos años de inhabilitación para ostentar cargo público por la consulta del 9N, al considerarla anticonstitucional, ¿acaso o debería juzgarse a todo el Gobierno por esta amnistía? A fin de cuentas, la consulta de Mas no hizo daño directo a nadie, fue un acto democrático que no está recogido en una Constitucional obsoleta; sin embargo, la amnistía del PP privó a las arcas públicas de miles de millones de euros de recaudación en el momento en el que la pobreza asola a más de un tercio de la población.

En este contexto, es una auténtica pena que el PSOE no tenga capacidad de reacción. Es una lástima que los socialistas, cuyo recurso al TC ha sido precisamente lo que ha propiciado esta sentencia, no se rearmen y presenten su propia moción de censura -con lo que Unidos Podemos retiraría la suya apoyando la del PSOE-.

El próximo martes PSOE votará abstención y será otro de los partidos que permiten que un partido político absolutamente corrompido en su espina dorsal, un PP que ha gobernado anticonstitucinalmente siga haciéndolo. ¿Quedará de nuevo el PSOE como un mero espectador, como ayer sucedió en la Asamblea de Madrid cuando Enrique Ossorio, portavoz del grupo parlamentario popular, ilustraba a la perfección el nivel moral de los populares al acusar a Podemos de ser "todos unos pederastas y unos narcotraficantes".