El pasado verano, la extravagante presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) escandalizaba con la ocurrencia de poner en marcha una cartilla COVID-19 que terminara por servir de salvoconducto para poder acceder a cines, teatros, restaurantes... y toda suerte de espacios públicos. Fuimos muchos los que pusimos el grito en el cielo por el riesgo de que se dieran prácticas discriminatorias. Hoy, somos menos: ante la propuesta europea de un 'pasaporte COVID' muchas personas reculan, incluido nuestro gobierno. Horror.

La Unión Europea (UE) ha propuesto este pasaporte, reflejando quién está vacunado y quién no, para poder reestablecer la movilidad por Europa... y nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, lo ha calificado de "buena noticia". De nuevo, poderoso caballero es Don Dinero, que nubla las mentes y destierra la prudencia. La titular de Turismo, acongojada ante la posibilidad de que dejen de venir turistas e incapaz de reconvertir nuestro tejido empresarial -que también es su responsabilidad- para reducir la dependencia del Turismo, es capaz de sacrificar nuestra privacidad y exponernos a toda suerte de discriminaciones.

Hoy por hoy, es ilegal que en una guardería impidan la matriculación de un menor si éste se niega a mostrar su cartilla de vacunación; sin embargo, es una práctica más habitual de lo que creemos. Con un pasaporte COVID en funcionamiento se abre la puerta a que su utilización vulnere libertades civiles del mismo modo que ya se hace en algunos casos con la vacunación del sarampión. Restringir acceso a espacios y servicios públicos, solicitar la cartilla en entrevistas de trabajo, etc. son frentes que Maroto y el resto del Gobierno están abriendo, pese a haber vivido casos de discriminación intolerable por VIH.

Pese a la discriminación que ya hay en sí en la dispensación de las vacunas, pese al modo en que se llega a ellas y la manera en que las farmacéuticas mercantilizan la salud para enriquecerse, es innegable que las vacunas han supuesto un avance extraordinario para el reino animal (no sólo la humanidad). Sin embargo, no podemos defender la voluntariedad de las mismas y, por el otro lado, hacerlas obligatorias con un chantaje intolerable.

La cuestión resulta aún más peliaguda, porque al tiempo que la UE quiere coaccionarnos de este modo para hacer añicos la voluntariedad de vacunarse o no, impide el acceso a información esencial sobre los contratos que se han suscrito con las farmacéuticas que produjeron las vacunas; una producción, no lo olvidemos, cofinanciada con dinero público. Como guinda del pastel y, a diferencia de lo que sucede con otras vacunas, las farmacéuticas se sacuden toda responsabilidad en caso de efectos secundarios adversos, según han denunciado ya algun@s eurodiputad@s que han podido acceder a la sala negra (esa con tiempo limitado y ningún tipo de reproducción del contenido) para consultar los contratos.

En resumen, vacúnense voluntariamente con alguna de las vacunas desarrolladas en tiempo récord, cuyos pormenores comerciales y de responsabilidad nos ocultan; que si no lo hacen, no sólo pasarán a formar parte de un listado del ministerio sino que, además y como poco, no podrán viajar por Europa. La inmunidad de rebaño no era esto, no era aceptar aborregadamente ir al redil sin cuestionarse nada.