Inseguridad jurídica en tiempos de covid-19

La incomunicación entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid -con fines partidistas- es tan evidente como grave. Sin embargo, hay algo todavía más inquietante para la ciudadanía: la inseguridad jurídica que vivimos en España, que ha llevado a que unos tribunales avalen los confinamientos y otros no, sumiendo al país en un caos que dice poco de nuestra Justicia.

Vivimos tiempos en los que querer confinar perimetralmente una región por considerar que la pandemia está descontrolada es jugar a la ruleta rusa. La Administración que tome esa complicada decisión no tiene ni puñetera idea de si estará o no avalada por la Justicia. En la Comunidad Madrid, sin ir más lejos, en una semana hemos visto cómo la Audiencia Nacional venía a apoyar esas restricción de movilidad y, a los pocos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo tiraba por tierra por considerar que se vulneran derechos fundamentales.

Olviden a la clase política por un segundo. ¿En qué posición queda la ciudadanía? ¿En quién puede confiar cuando ni siquiera el poder judicial tiene claro cuál es el criterio a adoptar? Echamos la vista atrás, apenas unas semanas, y nos vamos hasta Pesquera de Duero. Allí, la Junta de Castilla y León, gobernanda también por el tándem PP-Cs como Madrid, apostó por el confinamiento perimetral de esta localidad.

Entonces, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid tumbó la decisión por considerar las medidas desproporcionadas y poco sustentadas -sí, han pensado lo mismo que, además de juez, también era epidemiólogo-. El desconcierto entre la ciudadanía era absoluto...o eso creían, porque días después llegaría el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y volvería a avalar la decisión de la Junta, produciéndose el confinamiento perimetral finalmente.

Cuando se confinó, el 10% de sus 450 vecinos había dado positivo y la sospechas de transimisión comunitaria hacían temer lo peor. Este martes se levantó el confinamiento y, en contra de lo que había supuesto el juez epidemiólogo de Valladolid, sólo había dos positivos que eran convivientes de gente contagiada.

La clase política lleva muchísimo tiempo defraudándonos y lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid agrava aún más esa desafección. Pablo Casado continúa con su narrativa de persecución a Madrid y Ayuso, mientras ésta recomendaba ayer mismo lo que lleva una semana intentando declarar ilegal: que la población de la Comunidad no salga de la región este puente del 12 de octubre. Inaudito.

Esta decepción que nos supone la clase política es un lujo que no nos podemos permitir con la Justicia y, lamentablemente, se van acumulando la lista de contradicciones, tirones de oreja desde Europa y desengaños que nos regala el tercer poder en España. La inseguridad jurídica no conduce a nada bueno y, además, inyecta en vena mayores dosis de desfachatez para que la clase política continúe indignándonos.