La tortura en Israel es política de Estado

A Fadi Baker, un gazatí de 25 años, le apagaron cigarrillos en el cuerpo, le pusieron pinzas en los testículos atadas a un objeto pesado durante un día, le golpearon y lo mantuvieron dos días desnudo en una habitación helada con música a todo volumen. Estaba preso en Sde Teiman, una de las cárceles israelíes descritas como "centros de tortura" en el informe Welcome to hell, elaborado por la ONG israelí B’Tselem. La conversión del sistema penitenciario israelí en un aparato de tortura sistemática contra la población palestina muestra el derrumbe de la apariencia democrática que hasta hace poco intentaba mantener el Estado de Israel. 

Decía el criminólogo brasileño Marildo Menegat que "Cuando algo respecto a la forma punitiva de la sociedad cambia, se puede tener la certeza de que la propia estructura de la sociedad está cambiando". Israel, durante décadas, se ha esforzado por mantener un equilibrio imposible entre la opresión y expulsión del pueblo palestino – mediante anexiones de tierras, colonización y un régimen jurídico de apartheid – y la apariencia de una democracia liberal, que le facilitaba obtener el apoyo explícito de las potencias occidentales. La pantomima democrática ha terminado. 

El maltrato y la detención ilegal de ciudadanos palestinos no es una novedad: Israel aplica desde hace décadas en los territorios ocupados la figura de la "detención administrativa", que permite mantener presos a palestinos de manera indefinida sin condena, incluidos menores. Miles están encarcelados bajo este régimen ilegal, según ha denunciado repetidamente la ONU, además de las torturas, la aplicación del derecho penal militar a prisioneros civiles y la falta de garantías mínimas en los procesos judiciales. Esto sería suficiente para dejar de considerar Israel una democracia liberal, ya que el respeto general de los derechos fundamentales es uno de los rasgos que define este régimen político.   

Sin embargo, la situación ha dado un salto cualitativo desde el nombramiento en 2022 como ministro de Seguridad Nacional del neofascista Itamar Ben-Gvir, que ha declarado: "Desde que asumí el cargo de ministro de Seguridad Nacional, uno de los objetivos más importantes que me he fijado es empeorar las condiciones de los terroristas en las prisiones y reducir sus derechos al mínimo exigido por la ley". El ministro se encargó de explicitar aún más su proyecto en un video donde afirmaba que "En vez de darles más comida, habría que disparar a los prisioneros en la cabeza". 

El personal de las prisiones parece haber seguido fielmente sus instrucciones, ya que en los últimos dos años un centenar de palestinos han muerto bajo custodia israelí, incluido numeroso personal sanitario. A las muertes en prisión hay que añadir incontables casos de torturas, registrados por ONG, medios de comunicación y organismos independientes de Naciones Unidas. El Comité contra la Tortura de la ONU ha declarado que Israel tiene "una política de Estado de facto de tortura organizada y generalizada", que incluye violaciones y ataques con perros. 

Desde que Israel sometió a Gaza a un bloqueo ilegal en 2008 – controlando la entrada y salida de personas y mercancías–, ha sido habitual comparar el estrecho territorio con una cárcel a cielo abierto. En la fase actual del genocidio, iniciada con el falso alto el fuego impuesto por Donald Trump, la metáfora se ha convertido en realidad. Gaza es hoy un inmenso campo de concentración donde se mata a la población a tiros, con bombas, de frío, de hambre o permitiendo la propagación de enfermedades. Un horror al que se añade una "red de campos de tortura" en Israel, en palabras de B’Tselem. 

Sería relativamente tranquilizador pensar que el uso sistemático de la tortura y las detenciones ilegales es obra solamente del gobierno ultra de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la generalización de estos crímenes en los últimos años solo se entiende después de décadas de opresión y deshumanización de la población palestina, practicada por gobiernos israelíes de todos los colores políticos. Con la cooperación necesaria de las potencias europeas, que han ignorado las denuncias de las ONGs y Naciones Unidas y en muchos casos lo siguen haciendo. Romper esta complicidad es el objetivo de las manifestaciones que ha convocado la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina el próximo día 31 en diversas ciudades.