La izquierda y la corrupción

El trabajo del periodismo se hace más importante que nunca en crisis profundas como la que el país vive en estos momentos, con una trama de corrupción incrustada en la cúpula del PSOE hasta hace días, vía Santos Cerdán, pero que los indicios apuntan a que viene de demasiados (siempre demasiados) años atrás. Falta por delimitar ese periodo corrupto, pero muchas evidencias (empezando por el trío protagonista Koldo-Ábalos-Cerdán) apuntan a que, como mínimo, la corrupción afecta a la segunda Secretaría General de Pedro Sánchez (2017-2025), precisamente, la que apeló a la militancia frente al poder fáctico del partido, entonces liderado por Susana Díaz, y los postulados ideológicos más a la izquierda del PSOE, que Unidas Podemos había absorbido del profundo descontento social hecho carne en las plazas el 15M a partir de 2011.

Fue la corrupción la que se llevó el Gobierno de Rajoy por delante siete años después de su primera victoria electoral y es muy probable que sea la corrupción la que arrase con el Gobierno de coalición de Sánchez y Yolanda Díaz otros siete años después. Zapatero también estuvo siete años en el poder, aunque en su caso fue el tsunami financiero y muchos errores en su gestión quien desmanteló a un Ejecutivo carente de soberanía para gestionar ninguna crisis, mucho menos esa. En estas horas de conversaciones con muchos políticos del PSOE, Sumar y sus socios de investidura, Zapatero, precisamente, se aparece como un anhelo que podría devolver la ilusión a un electorado progresista entre noqueado, iracundo y agazapado.

El imaginario colectivo maneja la creencia de que al electorado de izquierdas le afecta mucho más la corrupción de los partidos que los representan; la Comunitat Valenciana, la de Madrid, Galicia, Murcia… son buenos argumentos de ello. Hay un pensamiento asentado de que el electorado de derechas penaliza menos la corrupción, incluso cuando las respuestas a la misma sean operaciones como la Kitchen, que trató de reventar la investigación judicial de la financiación ilegal del PP con cloacas político-policiales desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. El juicio por esta corrupción de Estado será en 2026 y el PP lo sabe; qué bien vendrían unas elecciones antes...

Es complicado teorizar sobre la corrupción asociada a una ideología, salvo si se hace de forma cuantitativa por casos vinculados a unos partidos u otros, en cuyo caso, en España, gana la derecha por goleada, sí: tiene 30 piezas judiciales abiertas en estos momentos vinculadas a Gürtel o Púnica, además de la citada Kitchen, que pretendía reventar otras. Sin embargo, el PSOE no se queda corto, empezando por la salvajada de los GAL y terminando por el caso Koldo-Ábalos-Cerdán que hoy abre los informativos. Pese a todo, hagan la cuenta, la balanza se sigue inclinando cuantitativamente hacia la derecha -hoy ultraderecha casi en su totalidad argumentativa, acorde con los tiempos trumpistas-, aunque en realidad se trate de un espejismo en el que los partidos de izquierda llevan décadas atrapados.

El poder corrompe, aunque no todos los poderosos se corrompan, y los controles son insuficientes, por más que haya habido compromisos de perfección. Que la inmensa mayoría sean hombres, por cierto, sigue demostrándonos quién maneja la barca de ese poder en España, sobre todo, el vinculado al dinero. La (ultra)derecha es la depositaria del poder mayoritario en España, y no hablamos del Ejecutivo, cuya cuota de poder en este país es nimia. El PSOE -y hablo de dirección y bases-, que se cree socialdemócrata incluso cuando no se comporta como tal, desde aquel 1982 de Felipe González -cuántas oportunidades se perdieron-, sigue creyendo que basta con ganar las elecciones para gobernar España. Y cuando llega a La Moncloa, hace dos cosas, o se alía con el resto del poder del Estado (la Jefatura de Estado corrupta y blindada de Juan Carlos I es el caso más sangrante, por no hablar de una Conferencia Episcopal que ya está pidiendo elecciones…) o ignora su profundidad, en el sentido más oscuro de la palabra, como ha hecho hasta ahora y hasta que se ve cayendo en picado, porque, ¡sorpresa!, Cerdán es un presunto corrupto.

Por supuesto que hay una ofensiva de la elite judicial contra el Gobierno de coalición: el caso del fiscal general es tan escandaloso en la nada en que navega que aún dudamos de que García Ortiz esté a un paso del banquillo y no pase nada en este maltratado país, aunque lo del juez Peinado contra Begoña Gómez raya la ciencia ficción mientras se convocan protestas de togados por una ley de amnistía sin redactar, el Supremo baila su propia danza como garante político (sí, político) de una gobernanza conservadora españolista y las fuerzas y cuerpos de Seguridad se afanan por gotear escándalos antes de dar la estocada final a la agonía para que el Gobierno se cueza en su salsa. Si todo es lawfare, si todo son bulos, si todo es mentira, si todo son cloacas,… nada lo es. Y ya tenemos el relato, contra el periodismo y contra la democracia.

El Gobierno progresista (a veces) ha vuelto a caer en la trampa de la (ultra)derecha, y esta vez el cepo lleva doble mandíbula. Las derechas varias han cazado al PSOE con las manos en la masa de las comisiones (la izquierda con poder se corrompe también o, como la derecha, viene corrompida de casa) y han hecho creer al país entero (medios de difusión les sobran) que lo del acoso judicial, mediático, las fakes, los pseudomedios,… denunciados por el Gobierno eran invenciones para tapar la corrupción, la “financiación ilegal” del PSOE, que dice el PP, aunque de momento no haya pruebas y siempre teniendo en cuenta que la (ultra)derecha maneja información privilegiada. Ahora que todo es periodismo, nada es periodismo, por lo que tanto da una web hablando de una orgía sin rastro en un parador (o dos) que la prensa que denuncia e investiga la corrupción, sea de quien sea, y no solo de partidos políticos, sino del rey, abajo. El poder, ya saben, no siempre es una cuestión de votos, que se lo digan a las mismas empresas corruptoras de siempre.