De Juan Carlos I a Gallardo: el aforamiento español, una rareza en Europa cuyo abuso debilita la democracia

La familia real. El presidente del Gobierno. Los ministros. Los diputados y eurodiputados. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La judicatura y los fiscales. Los senadores y altos funcionarios. El Defensor del Pueblo. Los dirigentes autonómicos. La lista parece infinita. España ronda los 270.000 aforados, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Constitución de 1812 sentó las bases para la protección de "los cargos públicos más relevantes del Estado frente a acciones infundadas" que pudieran "conducir a la exigencia de responsabilidades penales carentes de respaldo probatorio", tal y como explica el juez Marchena en su libro La justicia amenazada (Espasa). El objetivo era no pervertir las causas contra cargos públicos por motivos ideológicos o políticos. La cifra de aforados era entonces más reducida y no generaba tantas sospechas entre la opinión pública.

Las alarmas han vuelto a saltar esta semana con el último movimiento de Miguel Ángel Gallardo. El secretario general del PSOE de Extremadura ha prometido su cargo como diputado autonómico para asegurar su condición de aforado en plena causa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. "Este es uno de los casos más flagrantes en los que se demuestra públicamente que los beneficiarios del aforamiento lo ven como una ventaja política que los distingue de los demás españoles", arranca Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal en la Universitat Jaume I de Castelló. Gallardo seguirá judicialmente protegido aunque se convoquen elecciones porque ha entrado en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura. Ferraz ha respaldado al dirigente extremeño por considerarlo un "objetivo político", pero no sin cuestionar la maniobra del aforamiento.

Este caso llega casi tres años después de que la Fiscalía empezase la instrucción contra José Luis Ábalos, también aforado por su condición de diputado. "El aforamiento tiene su origen en cuestiones políticas y partidistas que ahora mismo son totalmente erróneas y equivocadas. Es un privilegio personal incompatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución, por lo tanto, es inconstitucional", continúa Gómez Colomer. Manuel Marchena comparte este diagnóstico y ha pedido "reducir enormemente" la lista porque, considera, "hemos asistido a una proliferación de aforamientos carente de cualquier explicación razonable".

¿Qué significa estar aforado?

Las fuentes consultadas por este diario reconocen que la explicación es cuando menos "compleja", sobre todo, de cara al público general. Las personas aforadas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal diferente al que investigaría al resto de los ciudadanos ante un posible hecho constitutivo de delito. Los diputados, senadores y magistrados no pasan por las instancias más bajas del sistema judicial, sino que van directamente a las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo. "La competencia cambia en función de si el cargo es autonómico o nacional. El consejero de turno de una comunidad autónoma sería investigado en el correspondiente Tribunal Superior de Justicia; mientras que una ministra, en cambio, pasaría directamente al Tribunal Supremo", explica Daniel Amelang, abogado en Red Jurídica. 

La Constitución de 1978 sólo otorgaba un aforamiento limitado al presidente y los ministros, diputados y senadores nacionales, pero la serie se ha ido ensanchando con el paso de los años, hasta llegar "a una legión de aforados cuya simple enumeración desprende el aroma del privilegio", insiste en su libro el juez Marchena. "La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 consagra el aforamiento de todos los altos cargos del Estado. A partir de aquí entramos en un desiderátum que llega a las fuerzas y cuerpos de seguridad –de manera parcial–, los magistrados y los diputados y senadores autonómicos, salvo que los estatutos de autonomía contemplen lo contrario", advierte Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. Cantabria, Murcia, Balears, Canarias y Aragón han eliminado en los últimos años esta institución para sus representantes públicos. El aforamiento más novedoso es el que afecta a la familia real, regulado expresamente tras la abdicación de Juan Carlos I.

"Estamos hablando de un procedimiento especial para juzgar a determinados cargos públicos, pero no por ello comporta ningún tipo de tribunal especial ni legislación diferente a la hora de investigar los posibles delitos", aclara Vicenta Tasa, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Su tramitación admite, no obstante, algunos matices. El tribunal encargado de juzgar a un aforado tiene que solicitar para ello un suplicatorio, es decir, una autorización al organismo del que forme parte la persona imputada sin la que no se podrá poner en marcha el juicio. "Esto no quiere decir que a un diputado no se le pueda juzgar, sino que es necesario el permiso de la cámara correspondiente", apunta Gema Rosado Iglesias. 

La hoja de ruta en un caso práctico sería la siguiente. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se encarga de la instrucción en el caso que salpica a Miguel Ángel Gallardo. Si llegado el momento, los magistrados consideran que existen indicios de delito en la actuación del diputado socialista y deciden mandarlo a juicio, tienen que pedir un suplicatorio al parlamento autonómico y el resto de los diputados –de todos los partidos– deciden si procede o no el juicio. "La historia reciente de este país nos enseña que los casos en los que se ha autorizado el suplicatorio son reducidos, no podemos olvidar que muchas veces depende de los propios compañeros de partido, aunque claro, las cosas han cambiado y ahora la población es más consciente de este privilegio, no tolera ciertos descaros", destaca Juan Luis Gómez Colomer.

En los últimos años ha habido varios cargos que han sido procesados por esta vía. En algunos casos, como Alberto Rodríguez, la Justicia acabó fallando a su favor. Hay otros que resultaron condenados. Como Luis Bárcenas, extesorero del PP, condenado a más de 29 años de cárcel por varios delitos. O Quim Torra, condenado por desobedecer la obligación de retirar las pancartas de apoyo a los presos del procés. En un caso más reciente, Alvise Pérez, eurodiputado, tiene varios frentes judiciales abiertos: el Supremo le investiga por delitos de falsedad e injurias por la difusión de una prueba de covid falsa del actual presidente catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021. También por la presunta entrega de 100.000 euros por parte de un empresario para su formación política en las pasadas elecciones europeas. Una jueza de Madrid, recientemente, ha pedido al alto tribunal investigarle por la difusión de conversaciones del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, en su ámbito privado y con un periodista, que fueron expurgadas en la investigación del caso Kitchen. Y el Supremo pidió hace unos días la autorización de la Eurocámara para investigarle por acoso a una fiscal.

España, una rareza en el plano internacional

España es una suerte de rareza en el mapa internacional, una anomalía si la comparamos con las grandes democracias europeas. El origen del aforamiento va ligado al avance del parlamentarismo moderno y a "la protección de la representación colectiva que ostentaban los diputados contra el autoritarismo monárquico" de hace tres siglos, explica Vicenta Tasa. La figura más parecida se remonta al derecho medieval inglés, donde se recogió el freedom of speech, reinterpretado luego en la Revolución Francesa. Los dos países tienen actualmente un número de aforados prácticamente insignificante.

"El aforamiento es casi un invento español. Las democracias más importantes jurídicamente hablando no tienen esta figura. Estados Unidos y Alemania no tienen ningún aforado. Italia y Portugal sólo al presidente de la república y al presidente del consejo de ministros", insiste Juan Luis Gómez Colomer. El catedrático de derecho procesal destaca que no por ello Donald Trump o los senadores alemanes están desprotegidos, sino que el sistema funciona de otra manera: "El impeachment es un proceso por el que el cargo público sospechoso de haber cometido un delito debe ser destituido antes de ser juzgado por los tribunales ordinarios de acuerdo con la legislación correspondiente. Es incorrecto decir que están absolutamente desprotegidos", insiste. 

Daniel Amelang suscribe esta tesis, motivo por el que considera que "España tiene una cantidad de aforados desproporcionada", sobre todo, por incluir en la suma a los policías y guardias civiles que gozan de esta institución. "La investigación de sus presuntos delitos la lleva a cabo un juez de instrucción normal y corriente, pero si este decide mandar a juicio al acusado, la causa pasa a manos de la respectiva Audiencia Provincial", recalca.

El aforamiento, ¿derecho o privilegio?

La sociedad y los grupos políticos han planteado en numerosas ocasiones el dilema de si los aforamientos son un privilegio o un derecho. Las respuestas son variadas. "Los que justifican esta institución insisten en que es una garantía procesal y un freno a la politización de la justicia y la judicalización de la política", reflexiona Vicenta Tasa. Este era el espíritu inicial de la figura del aforado. Los últimos casos que han transcendido, no obstante, ponen en duda su necesidad e incluso la independencia de los procesos. "Los aforamientos se crearon para proteger a los cargos que desarrollan funciones públicas y garantizar la neutralidad ideológica e incluso personal de las causas. Estamos en un punto en el que a veces sucede casi lo contrario: parece más imparcial y segura la justicia ordinaria que las salas del Tribunal Supremo. Las acusaciones de lawfare no son gratuitas", añade Gema Rosado Iglesias.

José Luis Ábalos, por ejemplo, está siendo investigado por un tribunal con mayoría conservadora. El exministro no puede renunciar a su condición de aforado para ser procesado por otro tribunal. Lo que puede hacer es renunciar a su acta de diputado, pero entonces perdería el "privilegio" y sería juzgado como cualquier otro ciudadano en el tribunal correspondiente al lugar del supuesto delito –salvo que el Supremo diga lo contrario–. Las voces críticas con la institución recurren muchas veces al argumento del sesgo ideológico para hablar de desventaja. "Tengo confianza en el Tribunal Supremo. Si [a Ábalos] lo mandan a juicio será porque han encontrado indicios de delito y si lo absuelven, será porque no los han encontrado", discrepa Juan Luis Gómez Colomer. "Esta lógica es curiosa, todos los partidos defienden el aforamiento cuando gobiernan y lo critican cuando están en la oposición, saben que es un instrumento de protección muy elevado", matiza.

"Los que estiman que [el aforamiento] es un privilegio argumentan que el uso práctico que se hace de la institución es a menudo antijurídico y no tiene otra finalidad que dilatar innecesariamente los procedimientos judiciales y disimular las responsabilidades políticas", desliza Vicenta Tasa. El archivo de las causas llega muchas veces después de meses de ruido mediático y titulares confusos que son difíciles de reparar. Y cuando prosperan, los acusados apenas tienen opciones para recurrir la sentencia. "Los dos órganos más politizados de la justicia española son precisamente aquellos en los que se dirimen las cuestiones más trascendentales de la vida política", apunta Gema Rosado Iglesias. La profesora, preguntada por la forma de hacer entender al público la "necesidad" de mantener ciertos aforamientos –presidente, ministros, diputados y senadores– pese a la mala praxis de algunos líderes políticos, responde con firmeza: "La clave está en evitar que se utilicen los tribunales de forma política".