Cada vez más en desuso, la genuflexión, aunque todavía hay quien la practica ante altares, reyes o imágenes en señal de sumisión o adoración. En todo caso, el gesto de inclinar el torso hacia adelante y doblar la(s) rodilla(s) hasta rozar el suelo no debe durar muchos segundos. De lo contrario, el dolor en la articulación está casi asegurado. Si los mandatos de los diferentes dirigentes se pudieran definir con una metáfora, los meses del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al frente del Palacio de Santa Cruz podrían ser conocidos como ‘la genuflexión más larga de la historia’.

Cuando la crisis de Gobierno, allá por el verano, dio a conocer su nombre como sustituto de Arancha González Laya, se vaticinaba que entre sus prioridades estaría el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Marruecos. La exministra era el precio a pagar por Pedro Sánchez ante la enésima pataleta del vecino marroquí, que exigía su cabeza en bandeja de plata. El recién llegado ministro no defraudó en su toma de posesión: “Es un gran amigo”, dijo de Marruecos.

De González Laya todavía colea el asunto de Brahim Ghali en los tribunales aragoneses y en las páginas de la corte mediática madrileña. Sin embargo, lo que realmente molestaba en Rabat no era que el líder Polisario hubiera entrado en España a tratarse de covid-19, sino que la ministra española no accediera a seguir el ejemplo de Donald Trump, quien en diciembre del año pasado reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pocos días después, el Capitolio era tomado por sus seguidores y la política exterior a golpe de tuit pasó a mejor vida, de momento.

La exministra no dio su brazo a torcer y siempre indicaba que el contencioso del Sáhara se habría de resolver en la ONU. Esto ha sido una constante en los sucesivos gobiernos españoles, pues mientras el conflicto saharaui quede encadenado a Naciones Unidas aleja el foco de Madrid, ya que el Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental que debe velar por su solución.

En Al-Majzén perdieron los nervios, y a mediados de mayo azuzaron la llegada de miles de civiles marroquíes a nado a Ceuta, centenares de los cuales eran menores. El conflicto sigue latente, y los menores serán devueltos entre discusiones judiciales sobre el respeto de las garantías de los derechos de la infancia.

Cuando a finales de septiembre el Tribunal General de la Unión Europea dicta la sentencia que reconoce que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, y que el único representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario, el ministro Albares se precipita para solicitar al Consejo de la UE que recurra la sentencia para que esta no entre en vigor hasta que se pronuncie la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado 10 de octubre salía un avión a los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf, Argelia. Uno de los primeros viajes para internacionales desde que volvió el enfrentamiento armado entre saharauis y marroquíes en noviembre del año pasado. Era la primera oportunidad para la prensa española (e internacional en general) de visitar el frente de guerra, de pulsar el ánimo de la población saharaui y de asistir a una rueda de prensa del presidente Ghali, tan en el candelero mediático. Ni RTVE (TVE y RNE) ni la Agencia EFE asistieron a un viaje que, fuera de toda duda, tenía un relevante valor informativo.

Las presiones gubernamentales son más que evidentes. Con esta decisión de censurar la información pública desde los campamentos de Tinduf se conseguían dos cuestiones fundamentales. La primera, evitar que la población española conozca más y amplíe su visión sobre el conflicto del Sáhara; la segunda, que la población saharaui no pueda ser escuchada. En definitiva, existe una voluntad evidente por parte del Gobierno (al menos del Consejo de Administración de RTVE) de relegar al conflicto saharaui y a la población refugiada al olvido.

El día 14 de octubre, los eurodiputados pertenecientes a las comisiones de Exteriores y de Desarrollo y la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo elegían a los tres finalistas del Premio Sajarov. Según trascendió después, los socialistas dieron la consigna de votar a Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta de Bolivia tras el golpe a Evo Morales y puso la Biblia en el lugar de la Constitución Plurinacional del país andino, en vez de a la defensora saharaui Sultana Jaya, que lleva más de 300 días en arresto domiciliario por las fuerzas de ocupación marroquíes.

El pasado miércoles 20 de octubre, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, preguntaba a Albares sobre la situación de Jaya y le recordó que el Gobierno de España debería velar por los derechos humanos en el Sáhara Occidental por ser la potencia administradora de este territorio no autónomo. El ministro Albares cerró el círculo y afirmó que “España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental”, contraviniendo no solo el Derecho Internacional, sino también el ordenamiento jurídico español, tal y como explicaba el profesor Soroeta esta semana en Público.

Hace aproximadamente 100 días que Albares fue nombrado ministro por Pedro Sánchez. Es el tiempo de gracia que se suele dar a un mandatario desde que llega al cargo para poder evaluar su labor. La política exterior española ha tenido éxitos durante este periodo, como la operación para recoger a personas afganas que huían del régimen talibán. Sin embargo, en lo concerniente a Marruecos, las relaciones bilaterales siguen pasando por un mal momento.

Marruecos tiene varias crisis abiertas en lo externo. No solo persiste el conflicto armado contra el Frente Polisario, sino que con el Estado español y la Unión Europea la tensión se mantiene desde mayo (por la crisis fronteriza generada por la facilitación de la llegada a nado de miles de migrantes) y crece con la sentencia de septiembre. Además, con Argelia la situación empeora por momentos. Desde Argel han ido tomando sucesivas medidas con su vecino occidental: cerrar las fronteras, el espacio aéreo, cortar relaciones diplomáticas y, por último, anunciar el fin de suministro de gas a Europa (a España, digamos) a través del gaseoducto que atraviesa (y sustenta de gas a) Marruecos.

A pesar de esto, Albares ha llevado a cabo siempre una política de sumisión con respecto a Marruecos. Es claro que el vecino del sur ejerce la política internacional desde el chantaje, son innumerables los casos y los asuntos en los que la relación bilateral hispano-marroquí ha dependido del golpe de efecto del palacio real de Rabat. Albares parece ignorar que un chantaje aceptado conduce irremediablemente a otro.

El ministro de Exteriores supedita, hasta el momento, cualquier posicionamiento a no molestar a su homólogo marroquí. Y para ello, parece que al actual Gobierno no le cuesta poner en duda elementos que deberían ser primordiales para una democracia europea: defensa de las resoluciones de instancias judiciales comunitarias, prevalencia del derecho a y liberad de información y primacía del rigor periodístico en los medios públicos, prevalencia del bienestar de los menores y los derechos de la infancia por encima de todas las cosas. También Albares se alinea con las fake news (negando que España es potencia administradora del Sáhara Occidental) en el Congreso y olvida la cuestión humana del asunto: las decenas de miles de saharauis que viven desde hace décadas en un campamento de refugiados, otros tantos bajo la ocupación militar marroquí y las relaciones de amistad que este pueblo mantiene con buena parte de la ciudadanía española.

La genuflexión de Albares ante el rey Mohamed VI todavía no se ha producido en la realidad. No ha sido recibido por el monarca ni se atisba cuándo será la cumbre hispano-marroquí que anhela Sánchez. Sin embargo, metafóricamente, lleva cien días realizándola. La genuflexión más larga de la historia. ¡Qué dolor de rodillas!