Lo de Juana Rivas parece increíble, inaudito, casi de chiste, si no fuera macabro. ¿Qué más pueden hacerle después de 5 años pagando por proteger a sus hijos un mes por encima de sus posibilidades? Es el Cuento de la Criada en la España del siglo XXI. Sin embargo, lo peor es que el suyo no es un caso único, aunque sea tan elocuente, tan bárbaro, tan oportuno.

El mismo día que Naciones Unidas advirtió que el sistema judicial español no protege a los menores de los padres abusivos, que el Ejecutivo “debe hacer más” para “garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres [que denuncian estos casos]”, que “incluso en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones”, ese mismísimo día, un juez español se niega a sacar de prisión a la indultada Juana Rivas argumentando que es “un grave peligro para sus hijos”.

Manuel Piñar –que se apellida así por casualidades de la vida y que en sus redes sociales queda claro que es simpatizante de ultraderecha– es magistrado del Juzgado de lo penal número 1 de Granada y se niega a dejar a Juana Rivas en libertad, aunque la fiscalía lo pide y la defensa de su exmarido no se opone, aplicándole presunción de culpabilidad, eso que no cabe en ningún ordenamiento jurídico. En su escrito del 9 de diciembre dice que: “es posible que [Juana Rivas] haya sido víctima de malos tratos continuos como ha manifestado a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena” y añade “pudo ocurrir porque el menor estaba con la madre”. El señor juez se olvida de que el padre de los niños fue condenado por violencia de género con sentencia firme, que la madre presentó 13 denuncias con informes médicos de malos tratos hacia sus hijos por parte del padre y también de que no se puede hacer responsable a una madre, solo por serlo, de las desgracias de sus hijos, ni siquiera de las presuntas.

Es decir, este juez increíble pretende una presunción de inocencia para alguien con antecedentes probados y sentenciados y una de culpabilidad para quien no tiene antecedentes de malos tratos, sí por proteger más de lo que podía a sus hijos. Para él, presunción de inocencia y buen padre; para ella, presunción de culpabilidad y mala madre. El abogado de Juana dice que habrá querella criminal contra esta acusación “increíble, abyecta, repugnante”. El juez se agarra a unos presuntos abusos sexuales que la Guardia Civil de Granada y el peritaje judicial para el Sistema de Salud Andaluz negaron, como este periódico ha hecho público. Este juez dice que lo hace para proteger a los menores y que no habló de esto antes por proteger su intimidad, esa que ahora cree que ya no vale la pena ser protegida. Y lo hace cuando va a dejar de tener poder sobre ella, cuando la justicia italiana también está dándole la razón y ha reabierto el caso de la custodia de sus hijos, dándoles voz, escuchando sus declaraciones contra el padre y atendiendo a los partes médicos de dos hospitales italianos que notifican malos tratos a sus niños.

Con la discrecionalidad de la que dispone, de momento, el señor juez la deja sin estar con los niños en Navidad como estaba previsto, después de cinco años, e influye en las decisiones trascendentales que tomarán próximamente los tribunales italianos. De paso, acusándola de lo peor la pone en la picota; a ella, a su hijo mayor y a todos los que creímos que sus múltiples denuncias no investigadas deberían haberse indagado. #Gobiernopederasta es una de los hashtags que más se mueven por las redes estos días.

Sin embargo, a pesar del caso y sus implicaciones políticas, lo peor es el mar de fondo que queda debajo.

La Madres Protectoras, que con su movilización de años han conseguido que Naciones Unidas tire de las orejas a nuestro sistema judicial y al Gobierno, esas mujeres que como Juana sufren violencia institucional, tienen documentados casi 400 casos como este en los que los jueces no las escuchan cuando denuncian, ni a ellas ni a sus hijos, aplicando el falso Síndrome de Alienación Parental que dice que podemos convencer a nuestros hijos de declarar en falso contra sus padres.

El SAP es ilegal y nunca fue reconocido por organismos oficiales médicos y de salud. Fue un invento del médico estadounidense Richard Gardner, que inventó este síndrome mientras justificaba la pederastia en los ’80. Ya nadie dice que aplica el SAP, porque no se puede, pero muchos siguen otorgándonos poderes sobrenaturales a las madres, como si las brujas existieran, como si nosotras pudiéramos hacer que nuestros hijos digan lo que nosotras queramos, como si pudiéramos conseguir que odien a sus padres a nuestro antojo. El SAP y sus sucedáneos hacen que muchas madres valientes que se atreven a denunciar lo más difícil acaben perdiendo las custodias de sus hijos en manos de sus presuntos maltratadores. Para ellos, insisto, presunción de inocencia; para ellas, presunción de culpabilidad con la peor de las penas aunque no pasen ni un día en la cárcel.

Y ahora la cuestión es: ¿qué piensa hacer el Consejo General del Poder Judicial en este caso y en otros, como exige la ONU? ¿Qué piensa hacer el ejecutivo ante este iceberg enorme del que Juana Rivas es solo la punta afilada? En Francia, Emmanuel Macron dijo el 23 de enero de 2021 a las Madres en Lucha, que así se llaman allí: “Ya no estáis solas. Os creemos” y creó varias comisiones independientes que están documentando todos los casos de violencia institucional contra las mujeres y buscando maneras de terminar con estos abusos sobre los abusos. Ha prometido que en Francia las madres protectoras que denuncien dejarán de pasar por otro calvario aún peor. ¿Será capaz este Gobierno de comprometerse a lo mismo?