'Judiciocracia' o poder judicial absoluto

Si ustedes son de los que han constatado en estos años de Gobierno de coalición de PSOE y Sumar el creciente descaro de la judicialización de la política y viceversa, aunque la élite judicial, sobre todo, siempre haya navegado entre las aguas de todos los poderes, prepárense para lo que PP y Vox están tramando para disponer de una mayoría absoluta en el Poder Judicial que prescinda de la pluralidad e imponga un régimen totalitario y antidemocrático. Si a usted los casos contra la familia del presidente del Gobierno, contra su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, o el caso del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz le parecieron una escandalosa y burda manipulación política de los jueces, tres casos de lawfare de manual, imaginen lo que pueden hacer PP y Vox con sus enemigos -los adversarios políticos, las feministas y la izquierda, en general, son "enemigos" para la ultraderecha- con una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso. Pues ése es el plan de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para las elecciones del 29N, instalar una judiciocracia en el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Lo ha reconocido el presidente del PP en la Cadena COPE tras adelantarlo el compañero Jose Carmona en Público este lunes.

Desde la ultraderecha le dirán que PP y Vox buscan el máximo rendimiento de su voto en la Cámara Alta de la misma forma que lo hace el PSOE elaborando listas conjuntas con partidos a su izquierda tras el éxito de la iniciativa Senadores y senadoras por la democracia, pero no es lo mismo, empezando por la gran apuesta: el pacto progresista para el Senado busca blindar la democracia evitando una mayoría de Vox y PP que trata de tumbarla, sobre todo y ahora que ya ha sido oficializado por Feijóo más explícita que implícitamente, porque son lo mismo. La fórmula de colaboración de PP y Vox en la Cámara Alta no busca una coalición puntual sino la asimilación de Vox por parte de la marca del Partido Popular, bien sea integrando a uno o más candidatos del partido de Abascal en las listas del PP o bien presentándose solo el PP con la garantía de que varios senadores del cupo de designación autonómica irán para miembros de Vox. Actualmente, hay 58 senadores elegidos por Parlamentos Autonómicos. 

Sea como sea el acuerdo para el Senado, el PP asume de facto que representa la misma ultraderecha que Vox, pero además, PP y Vox admiten, sin sonrojarse siquiera, que buscan una mayoría de tres quintos con el pacto para concurrir a la Cámara Alta. ¿Por qué al líder del PP no le basta con la mayoría absoluta de la que dispone ahora su partido en el Senado? La respuesta está en los jueces: una mayoría de tres quintos permitiría a las derechas aspirar a esa judiciocracia, esto es, designar sin negociar con las fuerzas progresistas y nacionalistas a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, caducados desde diciembre de 2025, y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, éstos que, a su vez, elegirán a los magistrados/as del Tribunal Supremo y otros altos cargos judiciales que haya que renovar por todo el Estado. 

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El Partido Popular ya no oculta su entrega absoluta a los postulados de la ultraderecha trumpista, que busca un cambio de régimen también en España y siguiendo el modelo del presidente de EEUU: pasar de la democracia al autoritarismo con sus políticas basadas en una represión disfrazada de seguridad, contra la inmigración con bulos o silenciando al periodismo y potenciando la desinformación, entre otras. El mismo PP que mediante el bloqueo de los nombramientos del CGPJ durante cinco años, siete meses y 21 días, mantuvo la mayoría conservadora en el Consejo que venía de la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, apuesta ahora por controlarlo todo, además, sin negociar en el Senado los nombramientos que le corresponden. Todo ello, a mayores, teniendo en cuenta la posibilidad de que PP y Vox obtengan la ansiada mayoría absoluta en el Congreso -con sus nombramientos judiciales correspondientes- y el Gobierno de España. ¿Recuerdan cuando Vox se negaba a participar en las negociaciones y acuerdos -un decir- de "la PPSOE", que decía aquel marginado Javier Ortega Smith, para renovar el CGPJ y el Constitucional? Todo cambia, naturalmente, cuando los partidos antidemocráticos atisban la posibilidad de emplear las herramientas democráticas para controlar los tres poderes del Estado. La ultraderecha quiere participar en las designaciones del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para controlar ambos sin necesidad de molestas negociaciones ni resistencia alguna. Le llaman fascismo... y lo es.