Si tuviéramos un Presidente de la República ya habría intervenido poniendo a los jueces en su sitio. Pero tenemos un Rey. Y aunque el artículo 56.1 de la Constitución española dice que el Rey "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones", sabemos que no va a usar esta prerrogativa para exigirle a sus ilustrísimas que no se olviden de que la Constitución también va con ellos. 

La crisis de régimen era cosa del pasado. Todas las instituciones del Estado estaban a pleno rendimiento, la monarquía y el estado de derecho estaban por fin de vuelta y la protesta del 15M, junto con el ciclo de cambio que habían dado lugar al nacimiento de Podemos, ya estaban agotados. Pablo Iglesias había sido un enajenado cuando dijo que la democracia española era deficitaria y el comentario de la que fuera portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, afirmando que “La justicia es el último dique de contención que tiene la democracia en este pacto de Sánchez con Podemos", en el fondo no quería decir lo que había dicho. Y en esas, con modos decimonónicos el Tribunal Constitucional quiso entrar con un cautelarísimo caballo y atusados los bigotes hasta la mesa del Congreso de los Diputados donde ya no estaba leyendo de espaldas el hijo del Presidente al que depusieron los militares con la anuencia de Juan Carlos I.

"Dame cinco líneas escritas por la mano de un hombre y le haré ahorcar", dicen que dijo el Cardenal Richelieu. Las cosas dicen lo que dicen que dicen los que mandan. Con la misma ley, un juez puede hacer una cosa e incluso la contraria. Por eso es conveniente que en los máximos órganos, a donde llegan los recursos de los recursos, haya gente con experiencia, probidad y decencia. Al menos en democracia.

Cuando los jueces que están en la cúpula de la carrera judicial han llegado ahí de la mano de alguien que les va a pedir el favor de vuelta, es muy probable que nos encontremos, tarde o temprano, con un problema institucional grave. Como está pasando ahora mismo en España para pasmo de Europa y de los demócratas que se precian en la tierra de Sancho Panza una vez exiliado Don Quijote.

Que el PP quiera presentar de urgencia para el Tribunal Constitucional al hermano de otro vocal (ambos progresistas), esperando que la consanguineidad le obligue a abstenerse y lograr así que el quorum de 11 vocales se rebaje a 10 y puedan consumar su fechoría (para la que no han tenido tiempo estos cuatro años pese a situarse con parsimonia y arrogancia fuera de la Constitución), vuelve a dar prueba de que al PP no le importa ni la Constitución ni las leyes ni España ni la democracia, sino controlar como sea el poder judicial para evitar que el partido más corrupto de España vea desfilar por los banquillos y habitar las cárceles a buena parte de su dirigencia. Porque solo con demasiados jueces afines al PP es posible entender que no sepamos aún la identidad de los que cobraron en B de la corrupción del partido o que Dolores de Cospedal, a la que hemos escuchando conspirando para delinquir con Villarejo en la planta Quinta de Génova, no esté todavía procesada.

En los países donde históricamente ha habido una burguesía débil, que termina pactando con la aristocracia en su pelea contra la clase obrera y que suele recurrir cuando tienen problemas al ejército -por lo general un ejército también elitista-, es difícil que se consolide un Estado de derecho democrático. La democracia liberal nace de revoluciones y el Estado social, también. Cuando Fraga, un tipo que firmó sentencias de muerte, es uno de los padres de la Constitución, no es fácil que la derecha que ganó una guerra acepte el dictado de la mayoría. Siempre van a jugar a la democracia con las cartas marcadas.

Cuando Franco ganó la guerra de España con ayuda de Hitler y de Musolini hubo una gran purga de maestros y de maestras, pero no la hubo de jueces. Claro que durante la Republica hubo magistrados decentes que fueron leales con su juramento de defensa de la Constitución, pero la mayoría fueron traidores a ese voto de honor y se pasaron las filas de los fascistas. Jueces que habían hecho su juramento a la República mandaron fusilar a españoles por mantener su lealtad constitucional. Todos los que sobrevivieron al Caudillo pasaron a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, a las audiencias provinciales. Incluso los más torpes y los más ensañados.

La Constitución dejaba demasiadas cosas en la ambiguedad para que el "consenso" de la Transición fuera aceptado por la derecha. Ya se lo "afinarían" luego sus jueces. Por el contrario, en los países con tradición democrática no hace falta un Tribunal Constitucional

El poder judicial es de suyo conservador porque en las sociedades capitalistas -como ayer en el orden feudal- su razón última es defender la propiedad privada en sociedades llenas de desigualdades. Cuando desapareció la Republica Democrática Alemana en 1990, los jueces comunistas fueron purgados. En España, cuando llegó la democracia no hubo ninguna limpieza de los jueces franquistas. Y por eso los mismos jueces que habían condenado a la cárcel e incluso a penas de muerte a los españoles que habían luchado por traer la democracia eran los jueces que iban a aplicar la Constitución. Esto es lo que explica que en un primer momento tuviera alguna lógica un Tribunal Constitucional de tipo político al que correspondía poner orden en unos jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Además de que la Constitución dejaba demasiadas cosas en la ambiguedad para que el "consenso" de la Transición fuera aceptado por la derecha. Ya se lo "afinarían" luego sus jueces. Por el contrario, en los países con tradición democrática no hace falta un Tribunal Constitucional y es alguna sala del Supremo la que se encarga de esos menesteres.

La derecha española no tiene tradición democrática. Cánovas del Castillo aún despotricaba contra el sufragio universal a finales del siglo XIX y una buena parte de los políticos de derechas abrazaron el golpe de Primo de Rivera primero y el de 1936 después. Por eso, la derecha política pudre casi todo lo que toca en democracia. Sea una ley electoral, el dinero público, la bandera, la sanidad pública, los árboles, la policía, la corona o los colegios. No es extraño, aunque sea escandaloso, que también haya podrido el Consejo General del Poder Judicial manteniéndolo caducado cuatro años. Igual que ha podrido el Tribunal Constitucional llevando a su seno a militantes de su partido pese a estar prohibido o dejando que los plazos lo inhabiliten. Y ha podrido buena parte de la confianza de los españoles en la justicia al querer controlar por detrás el Tribunal Supremo, al usar a los jueces en su pelea contra Podemos o contra los catalanes o al manipular a los jueces para intentar librarse de sus muchos casos de corrupción.

Es posible que gracias a jueces sin respeto a la justicia hoy todavía no sepamos quién es Eme Punto Rajoy, pero a cambio sabemos que hay muchos jueces que no son honestos. Esa constancia de que, como decía Valle Inclán, algo huele a podrido al sur de la Dinamarca judicial, será otra de las mercedes que Podemos, al precio de muchos latigazos, deje a la democracia española.

El PP, junto con esos del PP entrada ya la madrugada que son los vocingleros de VOX, considera ilegítimo el Gobierno. Como ya lo hizo con Zapatero e, incluso, con Felipe González. La derecha siempre es patrimonialista. Ella puede pactar con ETA, cambiar las mayorías necesarias para una elección, acercar presos, buscar el apoyo del independentismo corrupto o indultar a sinvergüenzas porque España es suya y todo lo que hacen lo hacen en nombre de España, que para eso les pertenece. Llegado el caso, fusilaron a 200.000 españoles en nombre de España. Eso sí, apoyados por extranjeros de Marruecos, Alemania o Italia y traicionando a la Constitución que se habían dado a sí mismos la mayoría de los españoles.

Tan pagados de sí mismos están en la derecha española que son también ellos quienes dicen quiénes son la verdadera izquierda. Que siempre es la que divide a la izquierda o la que eterniza a la izquierda que no cambia nada. Para la derecha española, solo son legítimos dirigentes socialistas Leguina, Corcuera, Damborenea, el Alfonso Guerra senil, el Felipe González empleado de Carlos Slim, y también Emiliano García Page y Javier Lambán, en este caso no cuando tengan elecciones en Castilla-La Mancha o Aragón, sino solo cuando debilitan a su propio partido. Socialistas que coinciden con otro socialista querido por los medios y por Iberdrola, Antonio Miguel Carmona, siempre atento cuando le reclaman los enemigos del socialismo. Roma, ahí la Biblia debe actualizarse, paga bien a los traidores, a veces incluso en criptomonedas.

En su estrategia judicialmente suicida el PP ha terminado arrastrando, además de al Consejo General del Poder Judicial, ahora al Tribunal Constitucional. Ya se había adelantado el PP nombrando para este tribunal a Enrique Arnaldo, de quien dijo La Vanguardia: "Fue crítico con la eutanasia, la ley del aborto o el procés y cuestionó la crisis climática, además de relativizar la caja B del PP, entre otros asuntos. Junto a otras colaboraciones, del 2004 al 2020 elaboró estudios y participó en numerosas ponencias y foros de debate de la FAES. También se censuró en su momento su aparición en dos sumarios de corrupción –los casos Lezo y Palma Arena, en el que fue imputado–, de los que fue exonerado". Casi nada. Razón tuvo Odón Elorza absteniéndose de meter a este sujeto en un lugar que debiera estar reservado a la crema de la judicatura bien lejos del hedor del vertedero. Al parecer, la intervención de Arnaldo estos días de ánimo golpista llenaba de saliva a los que tenía enfrente de tanto grito y espumarajos. Bien sabía el PP a quién ponía en el Constitucional y por qué lo hacía. Y quien no obedezca, como dijo el corrupto Presidente de la Comunidad de Madrid del PP Ignacio González, "a tomar por culo a Onteniente".

Los mismos jueces conservadores, que le deben la promoción al PP y que no han encontrado tiempo para cumplir los planes constitucionales de renovación cuando tocaba, ahora se han puesto a correr para evitar que cambie la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. Ese cambio de mayorías que busca con urgencia la reforma del PSOE y Unidas Podemos sirve para que el Constitucional exprese las diferentes mayorías del país. El PP tiene mayoría en ese órgano desde 2011 y no quiere cambiarlo. Porque lo que no consigue por las urnas, lo puede lograr ahí. Y sigue pensando que España es suya. Y al PP le da miedo jugar a la democracia sin sus comodines de siempre: ir dopado a las elecciones, control de los medios de comunicacion, connivencia con los grandes empresarios, ley electoral que le favorece y un poder judicial amigo.

El problema es que acaba de dar un salto inédito: querer inmiscuirse en el Parlamento e impedirle que apruebe dos reformas de la ley que buscan impedir que el PP frene los nombramientos judiciales en el Tribual Constitucional, caducados desde junio. Los cambios que se pretenden aprobar buscan cambiar la mayoría, en la actualidad de 3/5 -es decir, con posibilidad de que se bloquee por parte del PP-, para nombrar a los miembros del TC que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (mayoría que en su día puso Rodríguez Zapatero y que generó igualmente bronca por parte del PP y acusaciones de golpe de Estado). Igualmente, evitar que el Tribunal Constitucional, pervertido por el PP, pueda frenar nombramientos (¿quién ha elegido en las urnas a esos señores para que frenen las decisiones emanadas de la soberanía popular?). Hay muchas normas que tenían algún sentido en tiempos del bipartidismo conservador y porque el PSOE siempre cedía. Hoy no se sostienen y son las que están alimentando el golpismo que tiene la derecha española incrustado en sus genes desde el siglo XIX.

Claro que siempre son mejorables los procedimientos legislativos. Pero es que eso lo hemos dicho siempre y el PP solo lo dice ahora, no las tantas veces que han aprobado leyes de manera chapucera por cuestiones de urgencia. A ver si resulta que fue urgente extender la inmunidad del Emérito y familia cuando tuvo que dejar con prisas la Corona y no le habían blindado lo suficiente -y se aprovechó para ello una ley que no tenía nada que ver con la sucesión de Felipe VI- y no es urgente renovar los máximos órganos de la justicia española caducados por las gónadas recortadas en el horizonte del toro de Osborne que tanto excita a la derecha.

En su delirio, la derecha política y la judicial han pretendido declarar una ley inconstitucional antes de que se apruebe. Medidas "cautelarísimas" que no han visto necesarias cuando, en su discurso, España se rompía ni cuando los jueces se orinan en los votos de los españoles y le quitan el escaño a un diputado de Unidas Podemos. Esas "cautelarísimas" tienen tintes golpistas porque un poder del Estado quiere impedir de manera autoritaria que los demás poderes cumplan su misión constitucional. Que en el caso del Parlamento es legislar.

Si tuviéramos un Presidente de la República ya habría intervenido poniendo a los jueces en su sitio. Pero tenemos un Rey

El problema es que hemos ido dejando a los jueces meterse en el campo de la soberanía popular permitiéndoles quitarle el acta a diputados, anular el resultado de las elecciones, prevaricar a todas luces o convertir el artículo 155 en unas elecciones sin pueblo. También dejando que gente que nunca debiera ascender porque no tienen méritos, se cuelen en sitios donde nunca debieran haber estado. Si el PP no tiene vergüenza, tengámosla el resto. Todo lo que le hacen a unos, terminan haciéndoselo a todos. Así que sale a cuenta defender el Estado de derecho, sin atajos, en cualquier situación. Las guerras sucias, del tipo que sean, terminan debilitando a la democracia en su conjunto.

Cuando hay conflictos de estas características, el pueblo tiene que recordarle al poder judicial que en democracia, quien manda es el pueblo. Si tuviéramos un Presidente de la República ya habría intervenido poniendo a los jueces en su sitio. Pero tenemos un Rey. Y aunque el artículo 56.1 de la Constitución española dice que el Rey "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones", sabemos que no va a usar esta prerrogativa para exigirle a sus ilustrísimas que no se olviden de que la Constitución también va con ellos.

Si una parte de la judicatura en España quiere regresar al franquismo, corresponde a los jueces decentes pararles los pies y al conjunto de los españoles recordarles a todos que aquí nadie está por encima de la Constitución. Especialmente los jueces de derechas. Porque con el golpe de 1936 y el de 1981 ya hemos tenido bastante. Y sabemos que los golpistas de hoy son los nietos de los golpistas de entonces.