Juicios paralelos y verdad judicial: el (des)gobierno de los jueces

Al PSOE le crecen los enanos. Caso Mascarillas, presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia y contratos de obra pública en Transportes; caso Begoña Gómez, la esposa de Sánchez procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida; caso David Sánchez, el hermano de Sánchez procesado por tráfico de influencias y prevaricación; caso Plus Ultra, el rescate de la aerolínea en el que se ha implicado a José Luis Rodríguez Zapatero; caso Leire Díez, supuesta operación liderada por Cerdán para obstaculizar pesquisas judiciales y desacreditar a los jueces que investigan asuntos sensibles para el PSOE.

Se abre un horizonte cada vez más incierto que genera gran ansiedad y hay razones más que suficientes para extremar las cautelas. No todo es lawfare, pero las coincidencias cronológicas, los asuntos sospechosamente resurrectos, la mezcla de casos en los que cabe investigar con los que surgen del ejercicio fantasioso y la fabulación de las derechas, las actuaciones hiperbólicas de la UCO y el sr. Balas, el exceso de inferencias frente a hechos probados… hay demasiadas muestras de que en España sufrimos de insuficiencias estructurales en el terreno judicial.

Pese a quien pese, cuestionar la actuación de los jueces en este país no es siempre una falta de respeto a la independencia del poder judicial, ni un ataque a los cimientos de la democracia y el Estado de derecho. Las eternizadas diligencias del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, la apertura de un juicio sin indicios criminales a David Sánchez, o la instrucción descaradamente prospectiva del juez Hurtado contra el fiscal general del Estado son señales de la ofensiva reaccionaria que se está liderando contra el Gobierno de coalición.

La cúpula de la magistratura se ha negado a aplicar las reformas y las disposiciones legislativas que no encajaban en su agenda, ha protagonizado una huelga ilegal por razones estrictamente corporativas, y utiliza el derecho penal como una herramienta de disciplina social que queda muy alejada de los límites que impone el mandato de la ultima ratio. En los tribunales se hace un uso expansivo de los tipos penales más sensibles desde el punto de vista político: malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Tipos que, sin embargo, pocas veces hemos visto utilizar contra las manifiestas desviaciones de sus señorías. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado cualquier crítica que pudiera lanzarse contra sus miembros, renunciando a su papel de garante y a la imposición de sanciones a las que debería haber recurrido en no pocas ocasiones. En Europa hay países que, como Alemania o Países Bajos, carecen de CGPJ y no parece que esto haya afectado al buen funcionamiento de su judicatura. Aquí mantenemos un órgano que, habiendo tenido un sentido histórico, resulta hoy abiertamente disfuncional.

Disfuncional empieza a ser también la figura de la acción popular, tan particularmente española, cuyo sentido era el de ampliar el control democrático en los juzgados evitando la prevaricación judicial y que en este momento sirve, sobre todo, para dar pábulo a las teorías conspiranoicas de asociaciones protofascistas que la utilizan profusamente. La acción popular, junto con la Iniciativa Legislativa Popular y el jurado, forma parte de una tríada favorable a la regeneración democrática de un ámbito profundamente elitista con tendencias reaccionarias. Sin embargo, con el uso torticero que se está haciendo de ella y la admisión a trámite de querellas totalmente infundadas corre el riesgo de pervertir su auténtica razón de ser. Por eso, las asociaciones especializadas en judicializar conflictos políticos, que no tienen ningún otro objetivo ni interés en las causas que se abren, no deberían estar legitimadas para presentar una acción popular. Y, como señala Martín Pallín en su reciente libro Visto para sentencia, tampoco deberían estarlo los partidos políticos cuyos planteamientos habrían de dilucidarse y debatirse siempre en la esfera parlamentaria.

La combinación entre una judicatura tendenciosa, la utilización perversa de la acción popular y la inacción del CGPJ, puede acabar laminando la credibilidad que cualquier sistema necesita para sostenerse.

Los jueces no son ni pueden ser la boca muda que pronuncia la ley. Cuando el positivismo jurídico defiende que el derecho es objetivo o que sus intérpretes han de ser imparciales e independientes, solo hace una profesión de fe. Pero esa profesión de fe no es ingenua ni estéril. Con la exigencia de imparcialidad e independencia exigimos a los jueces que se muevan en el marco del Estado democrático de derecho, el mandato constitucional y el respeto a los derechos fundamentales. En otras palabras, que la maquinaria jurídica y procesal se someta a la lógica democrática y no a los intereses subjetivos de un gremio, la ideología de según qué élites políticas o las ambiciones bursátiles de ciertos grupos de presión. La calidad democrática de un sistema judicial se mide por el grado en el que protege a las mayorías sociales.

La persecución descarada a ciertos sectores en defensa de posiciones sectarias o militantes tiene que ser atajada sin miramientos. En España, urge una revisión de los mecanismos de responsabilidad y los tipos disciplinarios para perseguir el activismo político de los jueces-estrella y para defender a la institución frente a algunos de sus miembros. La ética y la cultura judicial debería ser la de resistir las presiones políticas y mediáticas, pero, lamentablemente, no siempre lo es. Debería someterse a los órganos de gobierno de la judicatura a un escrutinio efectivo, revisando nombramientos y condenando comportamientos discutibles. Hay que limitar y regular también las filtraciones de sumarios que fomentan la "justicia de titulares" y los juicios paralelos con los que se pretende sustituir a la verdad judicial.

Guste más o menos, el Parlamento sigue siendo el depositario de la soberanía popular y no hay ninguna democracia en la que pueda gobernarse todavía mediante sentencias judiciales.