La Justicia para los pies al racismo en redes sociales

La Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto la mayor pena hasta la fecha en España por difundir delitos de odio contra menores migrantes no acompañados. La sentencia es una llamada de atención para todas aquellas personas que se amparan en el anonimato de las redes sociales para difundir todo tipo de mensajes de odio, amenazas y descalificaciones. Los delitos de odio se han disparado, como hace unos meses revelaba el Ministerio del Interior, con un incremento sólo este año de un 18% en casos de racismo y xenofobia.

Hace falta tener la conciencia muy podrida para llamar “ratas” e “hijos de puta” a menores que llegan a España, solos e indefensos, huyendo de las condiciones de vida de su país. A esta putrefacción moral se suma la cobardía de no hacerlo abiertamente, de tener que ocultarse en avatares de redes sociales porque no se tiene el coraje de difundir esa basura con nombres y apellidos, a cara descubierta.

Cuatro hombres y tres mujeres melillenses han sido condenados por "proyectar comentarios totalmente inductores al odio, desprecio y discriminación contra un colectivo social existente en la Ciudad de Melilla, los menores de edad no acompañados (MENAS)", tal y como revela esta mañana la Cadena SER. La buena noticia aún deja mejor sabor de aboca al saber que se trata de una pena ejemplar, pues cinco de ellos han sido condenados a "dos años, 6 meses y un día de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. A ello se suma, además, “una multa de 9 meses y un día a razón de 6 euros al día e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, educativo y de tiempo libre por tiempo de 5 años, 6 meses y un día".

Las otras dos personas afrontan una condena de prisión de un año, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese año, multa de 6 meses a razón de 6 euros al día e inhabilitación para cualquier oficio o profesión educativa por tiempo de 4 años. Adicionalmente, la sentencia obliga al borrado de todos los mensajes de odio que se difundieron en 2017 a través de un grupo de Facebook con más de 14.000 seguidores.

Los mensajes que describe el compañero Nicolás Castellano horrorizan y sorprende que los mecanismos de control de que hace gala la red social de Meta no funcionaran en absoluto. Llamar a los y las menores migrantes “ratas” y animar a “pillarles in fraganti y darles una buena paliza a hostias limpias, a limpiar la ciudad de esta bazofia” da una idea de la calaña de quienes difundían estos mensajes, llegando a admitir que “si voy en un coche, atropello al que sea, tenemos que hacer limpieza de las calles…". Castellano expone en su información una extensa relación de los mensajes de odio difundidos, revolviendo el estómago a cualquiera con un mínimo de decencia y humanidad.

Pues la limpieza ha llegado, pero por la vía de la Justicia y contra quienes no tienen cabida en una sociedad democrática. Una vez más, la acción de las ONG y organizaciones que se baten el cobre a pie de calle en defensa de los Derechos Humanos (DDHH) es crucial, pues este acto de justicia partió de la denuncia de la Asociación PRODEIN. No ha sido un camino fácil, pues el caso fue inicialmente archivado –lo que da una idea de cómo hay que afinar el derecho de libertad de expresión- y hubo que recurrir.

Quienes ayer se concentraron en Madrid abrigan a esta impunidad, dando alas a la extrema derecha de Vox, volcada en difundir bulos y odio hacia el colectivo migrante. ¿Cómo puede reclamarse la igualdad y la libertad y, al mismo tiempo, reclamar un gobierno infectado con el racismo y la xenofobia?

La sentencia marca un punto de inflexión, pero es un oasis en el desierto. De nada sirve, ni tan siquiera para desmovilizar esa corriente racista, sino le suceden más. Causas abiertas las hay a patadas, porque desgraciadamente el mensaje fascistoide de Vox ha calado en determinados estratos sociales de manera transversal. El mero hecho de que para conseguir esta sentencia ejemplar fuera necesario recurrir porque inicialmente se metió debajo de la alfombra procesal ilustra perfectamente la necesidad de cambiar los planteamientos, de la urgencia de parar los pies a estos sectores cuya semilla del odio está germinando en nuestra democracia.