En menos de un año podría producirse el acercamiento de presos de ETA. Lo desvelaba esta mañana la cadena SER y a más de un@ se le habrá atragantado el desayuno. Seguro, porque en España hemos caído en el error de legislar en lo que a ETA se refiere con venganza más que con justicia. En los años de plomo, podría tener cierto sentido, incluso justificación. Ya no.

Cuando en 1989 el histórico socialista, Enrique Múgica, puso en marcha el programa de dispersión de presos de ETA parecía algo razonable. A fin de cuentas, la banda terrorista continuaba controlando y marcando su doctrina dentro de los muros de prisiones. Eran los tiempos en los que Alcalá-Meco y la todavía activa Carabanchel (para las mujeres) agrupaban a casi todos los presos, junto a la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Tras la medida puesta en marcha por Múgica, los presos más peligrosos se repartirían por cárceles andaluzas.

En 28 años de dispersión de presos de ETA únicamente se ha producido un acercamiento. Sería entre 1996 y 1998, durante la Administración de Aznar. No vino motivado por una defensa de los Derechos Humanos, sino porque el Gobierno estaba negociando con ETA, algo que todavía escuece en las filas populares, que se resisten a admitir.

Después de aquello, nada de nada. Hasta ahora, que PP y PNV están llevando negociaciones al más alto nivel para reubicar a los 274 presos de ETA en unas diez prisiones cuya distancia máxima del Euskadi sea 250 kilómetros. Es cierto que la noticia salta justo cuando las dos formaciones políticas han llegado a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales, pero esta demanda viene de lejos, por justicia y por Derechos Humanos.

El artículo 25.2 de la Constitución española, esa que tanto defiende el PP, es muy clarita cuando determina que las penas de prisión han de tener como objetivo la reeducación y la reinserción social. Privar a los presos de que puedan ser visitados por sus seres más queridos no parece favorecer esta reinserción, tal y como ya han recordado en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

ETA, acorralada y vencida, ha movido ficha. En 2011 anunció el cese de su actividad armada y este mismo año se ha producido su desarme. Hace cuatro años, el EPPK, el colectivo de presos de ETA, emitía un comunicado donde explíctimente reconocían "con toda sinceridad el sufrimiento multilateral generado como consecuencia del conflicto".

¿Qué ha hecho el Gobierno en los últimos tiempos? Pues ha mantenido la misma política que hace tres décadas. Eso no es justicia, es venganza irracional. La comisaria europea de Justicia se ha visto obligada a pegar varios tirones de oreja a España, amenanzando incluso con sanciones, por haber creado leyes específicas para el colectivo de presos de ETA, saltándose así a la torera la normativa europea.

Por no hacer, el Gobierno no tuvo siquiera la decencia de valorar el desarme de ETA y, además, manipuló los informativos de la televisión pública a la hora de darle cobertura. Es hora de abandonar miradas partidistas y retrógradas, es hora, en definitiva, de desterrar a personajes como Mayor Oreja y esa parte de electorado que representa, y que las políticas penitenciarias de cara a los presos de ETA se adapte a la nueva realidad, en la que ETA no existe.