Bajo la atenta mirada de cerca de 200 periodistas, la multitud que se agolpaba este sábado en la Plaza Sant André de Baiona lanzó al aire un grito atronador. “Euskal presoak, etxera!” (“Presos vascos, a casa”), se escuchó una y otra vez en el acto final del Día del Desarme.

Más allá del plano meramente reivindicativo, esa consigna también es un adelanto de lo que está por venir: ya sin armas, ETA espera conseguir que el gobierno haga algún tipo de movimiento en las cárceles. En lo más alto de la lista están los presos que se encuentran gravemente enfermos y que, según la propia legalidad española, deberían salir de prisión.

Más allá del clásico “no es no” de Rajoy en materia penitenciaria, fuentes conocedoras del proceso de paz no descartan que en los próximos meses “empiecen a suceder cosas”, tanto en La Moncloa como en lo que aún queda de ETA.

Mientras la organización desarmada afronta un proceso de debate interno que podría acabar en el anuncio de disolución (ciertas versiones hablan de que podría concretarse antes de final de año), el Ejecutivo español también estudia el nuevo panorama abierto tras el desmantelamiento de los zulos por parte de la Policía francesa.

Ya sea en los despachos políticos o en la más absoluta clandestinidad, el principal asunto que está sobre la mesa tiene seis letras: presos. A día de hoy, la amplia mayoría de los partidos (exceptuando, eso sí, al PP) comparte la opinión de que deben producirse cambios en el ámbito de la política penitenciaria. En el caso de Euskadi, ese pedido supera el espectro nacionalista y alcanza también a formaciones como Elkarrekin Podemos y PSE, que también reclaman el fin de la dispersión carcelaria.

El alejamiento de los presos etarras comenzó a aplicarse hace ahora 30 años, en un momento radicalmente distinto al actual. En el medio quedan las 16 personas que perdieron la vida cuando iban o volvían de visitar a un familiar encarcelado a varios cientos de kilómetros. Etxerat (el colectivo de familiares de presos abertzales) las denomina como “víctimas de la dispersión” y exige que sean reconocidas como tales, algo que aún no han logrado.

Las cifras de la dispersión

Actualmente hay alrededor de 350 reclusos vascos condenados por delitos vinculados de una manera u otra a ETA. 271 se encuentran dispersados en 42 cárceles españolas, mientras que otros 78 están en 22 centros de reclusión franceses. Ya sea en un país u otro, la mayoría está en prisión ubicadas a varios cientos de kilómetros de sus hogares, cumpliendo así con los viejos preceptos de la política de dispersión. Además, hay tres detenidos a la espera de extradición en Suiza, Reino Unido y Portugal.

Tras lo ocurrido este sábado en el País Vasco francés, todos ellos están acusados de pertenecer a una organización que ha decidido abandonar las armas y apostar por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, lo que marca una diferencia evidente respecto al momento en el que fueron encarcelados. Además, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) ya anunció que sus miembros están dispuestos a acogerse a la vía de la legalidad para tratar de obtener beneficios penitenciarios.

La situación es especialmente grave para una decena de presos con enfermedades graves. Uno de los casos más sangrantes es el de Oier Gómez, quien continúa encarcelado en Francia pese sufrir un sarcoma de Ewing con metástasis en cabeza y pelvis. La pasada semana, los grupos parlamentarios de EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos solicitaron formalmente al Estado francés que aplique la legislación relativa a personas gravemente enfermas y facilite la excarcelación de Gómez.

En las cárceles españolas existen casos no menos sangrantes, como los de Ibon Iparraguirre (enfermo de sida en estado avanzado), Txus Martin o Gorka Fraile, quienes también sufren enfermedades graves.

Recuerdo a víctimas y presos

No en vano, el reclamo del fin de las medidas de excepción contra ese colectivo de presos ha estado muy presente en los actos realizados este sábado en Baiona, donde se ha concretado el desarme de ETA. Fue una jornada intensa, que comenzó a las 8.45 de la mañana en el ayuntamiento de Baiona (lugar donde los mediadores de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) confirmaron que habían entregado la localización de los zulos a las autoridades francesas) y acabó en la plaza Sant André de esa misma ciudad, lugar en el que se sintieron los reiterados gritos a favor de la repatriación de los presos vascos.

En el medio, hubo momentos peculiares, muy propios de un proceso de entrega de armas ajeno a todos los códigos establecidos en esta materia. De hecho, este sábado se hablaba en Baiona de la “vía vasca del desarme”, constituida principalmente por la participación de activistas civiles frente a la desidia del Gobierno de Rajoy.

Esas “peculiaridades” quedan fielmente reflejadas en las fotos enviadas por los Artesanos de la Paz, nombre dado a los intermediarios civiles que impulsaron y coordinaron la entrega de los arsenales,  a la prensa. En esas imágenes aparecían los 172 activistas que, identificados con chalecos reflectantes amarillos, habían participado en la custodia de los zulos hasta la llegada de la Policía francesa, encargada de levantar los materiales. Entre los participantes se encontraban la expresidenta del Comité de Derechos Humanos del País Vasco Anne Marie Michaud, la electa comunista Yvette Debardieu y el eurodiputado José Bové.

“Están desarmando al último grupo armado que quedaba en Europa”, proclamaba a las 9.10 de la mañana el portavoz de la CIV, Ram Manikkalingam. Cuatro horas más tarde, este experto de origen ceilandés llegaba a Donostia para acompañar al lehendakari Iñigo Urkullu en su comparecencia ante los medios. Tras avisar que no se aceptarían preguntas de la prensa, el mandatario vasco (quien en un principio no tenía previsto ofrecer una rueda de prensa) se limitó a leer una declaración, en la que recordó a las víctimas del terrorismo. “El desarme de ETA está exento de cualquier épica; pero tiene un significado ético central: certifica definitivamente que ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca, nunca”, subrayó.

En su intervención, Urkullu señaló que el Gobierno Vasco había estado “en relación y comunicación con el Gobierno español, con las autoridades francesas, con el Gobierno de Navarra y con la Mancomunidad de Iparralde”, al tiempo que agradeció la “altura de miras y colaboración” de las distintas instituciones. Desde Pamplona, el Gobierno de Uxue Barkos reaccionó de forma similar: “La preocupación y el trabajo de este Gobierno se ha centrado estas semanas en favorecer que el desarme fuera llevado a cabo con rigor, de forma legal, total, definitiva y verificable, de modo que el anhelo que la propia sociedad ha manifestado durante todos estos años no quedara frustrado”, señaló en una declaración.

El cierre de la jornada correspondió a los Artesanos de la Paz. Ante una plaza desbordada de gente, los promotores del acto dieron a conocer un manifiesto en el que tuvieron palabras de respeto hacia las víctimas. “El desarme ha quedado atrás. Este hecho, a marcar con una estela blanca, cierra un capítulo doloroso de nuestra historia, sembrado de muertos y de agonías, que queremos dejar atrás, sin dejar por ello de mirar al pasado”, remarcaron.

El comunicado final también incluyó una alusión a los presos. “Pensamos que nadie puede sentirse perdedor, de hecho todos somos ganadores, si la ley y la política se inscriben en el presente, si se pone fin a su alejamiento, si son repatriados a Euskal Herria y su entorno, si los enfermos y los que están al final de condena, son liberados”, reclamaron. El tiempo les responderá.