El lado oscuro de Moreno Bonilla

Las víctimas de los errores reconocidos públicamente por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en el cribado de cáncer de mama no han terminado su calvario. El presidente andaluz ha levantado un muro contra ellas en forma de silencio administrativo que aboca a estas mujeres a iniciar un largo proceso judicial para que se haga justicia con ellas. Bajo una apariencia campechana de moderación, Moreno Bonilla despliega una crueldad sin igual que ahonda en la calamidad de unas mujeres que confiaban en una Sanidad Pública que el PP ha dejado en los huesos.

Anabel Cano es uno de los rostros que rompe con el empeño del PP en convertir a las víctimas de su gestión en meros números. Los resultados de sus pruebas para un diagnóstico precoz de cáncer de mama fueron de los miles que cayeron en un agujero negro; se demoraron más de un año. El martes acudió a los juzgados para convertirse en la primera demandante contra la Junta de Andalucía, después de que ésta haya ignorado su reclamación patrimonial por el daño causado. Un día después, acudía al hospital para recibir tratamiento para el cáncer que la negligente gestión del gobierno de Moreno Bonilla tardó más de doce meses en diagnosticar.

No será la única demandante, tal y como ha avanzado la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que afirma que ya existen unas otras 160 reclamaciones patrimoniales a punto de caducar por el silencio de la Junta, 50 pendientes de formalizarse y otras 40 en curso. El lado humano que Moreno Bonilla se empeña en vender a la opinión pública con apariciones en programas como El Hormiguero se torna frío y oscuro cuando todo su afán es reducir a estas mujeres a una estadística más. Sin embargo, los casos se acumulan, con pacientes que ante el retraso de ocho, nueve o más meses en conocer los resultados de sus mamografías, tuvieron que costearse biopsias en la sanidad privada a precio de oro (600 euros) para salvar sus vidas.

Nadie en su sano juicio ni con buen corazón puede entender que, asumidos los errores de gestión por parte de la Junta de Andalucía, ésta no asuma su responsabilidad de indemnizar a las víctimas que ha propiciado. En su lugar, obliga a una travesía por el desierto judicial a mujeres en tratamiento oncológico y con su vida patas arriba por el desmantelamiento de la Sanidad Pública. Anabel, que votó a Moreno Bonilla en 2022, será la primera, aunque no sabe ni cómo lo hará, porque tal y como explicaba esta semana "tuve que vender mi casa, no sé cómo voy a hacer frente a esto".

Precisamente con ello juega la Junta de Andalucía, con que a las víctimas les fallen las fuerzas o los ahorros. Ir a juicio no está al alcance de cualquiera y frente al músculo financiero y jurídico de una Administración Pública carente de la más mínima empatía se encuentra la precariedad económica y anímica de sus víctimas. No es la primera vez que el gobierno de Moreno Bonilla actúa de este modo.

En 2025 murieron en Andalucía 5.598 personas esperando la resolución de su grado de Dependencia y fallecieron otras 1.397 dependientes con derecho ya reconocido sin haber disfrutado de la prestación del servicio. Casi 7.000 personas perdieron la vida sin que la Junta cumpliera con ellas la ley que obliga a un tiempo máximo de espera de seis meses. Frente a esos 180 días que establece nuestro ordenamiento jurídico, el tiempo medio de espera ronda los 480 días en nuestra región.

En 2024, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada condenó a la Junta de Andalucía porque, a pesar de que ésta admitió haber excedido en casi 800 días el plazo legal para atender a una mujer dependiente, rechazó compensarla por ello. Sus hijas tuvieron las fuerzas de iniciar el proceso judicial y el calvario del mismo se prolongó tanto en el tiempo que su madre falleció antes de conocer la sentencia.

Este es el modus operandi del gobierno de Moreno Bonilla: eludir sus responsabilidades y desincentivar cualquier acción legal contra él por ello por el desgaste y el tiempo que implica. A diferencia de lo que sucede con sus víctimas, el reloj no corre en contra de la Junta porque las responsabilidades no alcanzan a los gestores como personas físicas, permanezcan o no en el cargo para cuando se produzca resolución judicial. Tampoco tiene el gobierno autonómico problema económico alguno, pues está financiada con nuestros impuestos y las víctimas terminan siendo copagadoras de su propia indemnización… si ésta llega.

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Según el Barómetro Sanitario 2025, Moreno Bonilla ha llevado a la Sanidad Pública andaluza a ser la peor valorada de toda España (5,37), por debajo de la media española (6,02) y muy lejos de la cántabra, la mejor valorada (6,68). Andalucía está a la cola de quienes valoran positivamente a la Sanidad Pública (38,8) frente a la media nacional (51,6) y encabeza el ranking de quienes la valoran negativamente, asegurando que funcional mal y necesita cambios profundos, con un 30,7 frente a un 10,2 de Cantabria.

Por dimensionar, es cierto que históricamente Andalucía ha estado en puestos de cola en cuanto a valoración sanitaria, pero antes de la llegada de Moreno Bonilla no era la peor, en 2018 se encontraban por detrás otras como Melilla o Canarias, por ejemplo. A día de hoy, en cambio, Canarias aventaja en tres puestos a Andalucía. La afirmación sacrosanta del presidente de la Junta cuando sostiene que “los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos” cae por su propio peso. Somos, de hecho, menos, con una calidad sanitaria yéndose por el sumidero de la privatización.

La ciudadanía no sólo espera que el gobierno al que vota realice una gestión eficiente de lo público sino que, además, cuando no lo haga, asuma la responsabilidad de su negligencia. Moreno Bonilla falla en ambas y, no contento con eso, somete a las víctimas de su gestión a una crueldad intolerable. La misma que ha llevado al PP y su brazo mediático a cargar contra la desesperación de un hombre cuya mujer es víctima de los fallos en los cribados y ha tenido que someterse a una mastectomía de un pecho. El hombre en cuestión, increpó hace unos días a Moreno Bonilla en Cabra (Córdoba), soltando improperios y amenazándolo, preso del dolor por su esposa. Esa desgracia evitable quedó al margen, al PP le bastó que el hombre hubiera sido concejal socialista hace dos décadas para exponerlo públicamente como la izquierda violenta. Esta es la verdadera cara de Moreno Bonilla y su lado más oscuro que, lejos de cuidar, asesta la puntilla.