Los coches y los contenedores ardían en el otoño francés de 2005. Ziad Benna y Banou Traoré murieron electrocutados mientras huían de la policía. Las revueltas se extendieron por todo el país y los ecos del hartazgo por las políticas racistas, xenófobas y fascistas del Estado francés llegaron también a otras ciudades europeas. Nacidos y nacidas en Francia, los hijos e hijas de inmigrantes respondieron con violencia a la violencia institucional que sufrían —y siguen sufriendo— entonces. Los comentarios que lamentaban los destrozos y condenaban cualquier tipo de forma de violencia se sucedieron también entonces entre la izquierda blanca francesa. No es casualidad, ni creo que pretendiera serlo, que pocos meses después, Keny Arkana publicase La Rage. Es un canto a la rabia, un grito a la vida de todas las personas que se ahogan en en esta Europa “muerta que huele a azufre”, como dicen los majos de Zoo. Supongo, no lo sé, que se hablaría de todo esto en Lavapiés en aquel otoño de 2005. La Rage, estos días, ha tomado las calles de este barrio madrileño, cobijo y cueva para muchas rabiosas.

Comparar el conflicto de las banlieues con lo que está ocurriendo en Lavapiés sólo puede es un atrevimiento por mi parte. No conozco ninguno de los dos contextos con suficiente profundidad como para hacer una afirmación de ese tipo, pero puedo sentir que la rabia de los desposeídos es un elemento central en ambos conflictos sociales, así como la falta de compromiso y de responsabilidad de la izquierda para afrontar las dificultades de acceso (sic) a los Derechos Humanos que tienen las personas que emigran a nuestros países y sus familias, incluso cuando nacen aquí. Ninguno de los principales partidos políticos ahora en el Estado español está enfrentando con firmeza las diferentes formas de violencia que está generando, por ejemplo, la Ley de Extranjería. Ninguno. La indiferencia y esta falta de compromiso radical con los Derechos Humanos nos convierte a todos y a todas en cómplices de este sistema racista y clasista. Gloria Mbilla Sekor escribía estos días en Pikara que “la represión a los manteros, como ellos mismos afirman, ha aumentado extraordinariamente desde que los supuestos “ayuntamientos del cambio” llegaron al poder. La policía amable de Carmena y los municipales de Ada Colau han supuesto una presión enorme”. ¿Las consecuencias? Las muertes de Mame Mbaye y Ousseynou Mbaye, que en ambos casos tienen raíces profundamente racistas, que trascienden la mera anécdota en la que han tratado de convertir sus fallecimientos.

“Ya no tenemos nada que perder, preferimos morir rodeados de sangre que de mierda”, decían desde las banlieues en uno de los pocos documentos escritos que se generaron en torno a aquella revuelta que prendió Francia. Sobre el conflicto social que se ha evidenciado estos días en Lavapiés se ha escrito ya mucho, pero qué difícil es hablar de otra cosa estos días en los que los discursos racistas y clasistas campan a sus anchas también entre la izquierda. Esa izquierda blanca a la que pertenezco, que se excusa en los y las gobernantes para no asumir responsabilidades ni analiza en profundidad, con firmeza y honestidad lo que está ocurriendo. Alèssi Dell’Umbria escribió hace años ¿Chusma?, un ensayo, bajo mi punto de vista brillante, que trataba de analizar “la quiebra del vínculo social, el final de la integración y la revuelta”. Él recogía entonces sentir de toda una generación sin expectativas, pasado ni futuro cuya rabia y dolores “no son el resultado de una injusticia particular, sino la condición de funcionamiento de un país capitalista avanzado”. De todo esto nos hablaba ya hace años Igor Ahedo en la Universidad, en Comportamiento político, una asignatura en la que guardo la sensación de haber entendido, por fin, que mientras no estemos dispuestas a romper el tablero, siempre van a ser las mismas quienes pierdan la partida.

La baraja está trucada. La Ley de Extranjería dificulta el acceso al mercado laboral condenando a muchas de nuestras vecinas y vecinos a trabajos en condiciones de pseudo esclavitud o prohibidos, como la venta ambulante de productos. La última reforma del Código Penal y la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, además, han endurecido las penas. Los antecedentes penales dificultan la posibilidad de regularizar la situación administrativa y, en caso de ser detenidos, los CIES están siempre dispuestos a abrir sus puertas. Llamadlo pescadilla que se muerde la cola, trampas, neoliberalismo; llamadlo capitalismo salvaje o racismo institucional, pero la Chusma está rabiosa.