Un año y tres meses después, los tribunales dan carpetazo definitivo al caso del marido de la primera directora general de la Guardia Civil, María Gámez, un presunto delito de corrupción relacionado con los ERE andaluces y que databa de 2009, pero que a un juez de Sevilla -y mira que la investigación de los ERE fue larga y minuciosa ...- se le ocurrió investigar en 2022 porque entonces -y no hace 13 años- sí vio indicios suficientes de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales; casi nada y para no verlo.

Veinte días antes de que se conociera el auto de imputación del juez sevillano contra Juan Carlos Martínez, Esteban González Pons (PP) ya estaba pidiendo la dimisión "inmediata" de Gámez, porque con esa carga marital no podía estar al frente de la Guardia Civil. A Gámez le faltó tiempo para irse, desde luego y no porque lo dijeran Pons o el Papa Francisco, sino por una cuestión diferencial, que ahora abordaremos: en cuanto se hizo pública la investigación abierta a su pareja, la primera mujer al frente de la Guardia Civil dimitió; era marzo de 2023.

Más allá del rasgado de vestiduras en la cúpula del PP, conviene señalar que la Audiencia de Sevilla ordenó archivar esta causa ya en octubre de 2023, pero por razones que se nos escapan (¿o no?) el juez José Ignacio Vilaplana decide hacerlo ahora, en junio de 2024. La prensa sigue esperando (un decir) la reacción de González Pons y, cómo no, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pese a su relación directa con el fraude fiscal reconocido por su pareja (vive con él en un piso de lujo, comprado posteriormente a ese fraude y reformado sin legalidad alguna), sigue dando lecciones de principios, libertad y no sé cuántas cosas más.

Ese es el hecho diferencial al que me refería, tan importante: ningún partido está a salvo de la corrupción, ningún ser humano siquiera lo está en lo que respecta a su entorno, ninguna institución, nada ... La corrupción es inherente al poder, público o privado. La cuestión -y lo hemos dicho aquí infinidad de veces- es la reacción que se tiene frente a ella, tapando, mintiendo, escondiendo ... o haciéndole frente. En este último punto, nos falta recorrido democrático: políticas como María Gámez, cuya responsabilidad -porque ella nunca tuvo implicación alguna en el caso, más que ser la pareja de- y ética fueron automáticas deben ser rehabilitadas para que la justicia sea completa y la lucha contra la corrupción, eficaz y creíble. Y eso corresponde, en primer lugar, a su gente, a su partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya lo hizo, por ejemplo, con José Ramón Besteiro, pese a lo oscuro del caso de corrupción gallega y su trayectoria judicial, que nunca nada aclaró de nadie.

Respecto a González Pons, qué decir: este mes, precisamente, ha sido publicado el barómetro de la Comisión Europea sobre la Justicia en los Estados miembros. La valoración sobre la modernización de nuestro sistema judicial y sus reformas de los últimos años es positiva ... hasta que llegamos al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado inconstitucionalmente por el Partido Popular desde hace cinco años y medio. Fue Pons -el de las dimisiones inmediatas que no son de Ayuso- quien protagonizó en nombre del PP la última e inútil negociación en presencia de un mediador europeo que pidió su jefe, Alberto Núñez Feijóo; del lado del PSOE, el súperministro Félix Bolaños. Lo mismo dio y dio lo mismo: el CGPJ sigue bloqueado y España es uno de los seis países en los que menos confianza pública existe en la independencia judicial, sobre todo, por ese bloqueo que subrayan los y las ciudadanas. La coherencia del PP es abrumadora; sus lecciones, una joya democrática.