Jesús Rodríguez lleva muchos años denunciando corruptelas y abusos del poder, sobre todo contra movimientos sociales y activistas. Es uno de los rostros conocidos del periódico catalán Directa, un proyecto cooperativo, horizontal y autogestionado que cumple ya 18 años. Jesús fue uno de los autores de la investigación sobre los policías infiltrados en centros sociales, sindicatos y organizaciones políticas de izquierdas e independentistas en Catalunya estos últimos años. Un trabajo que mereció el premio Ramón Barnils de periodismo de investigación en 2023, y que destapaba uno de los asuntos más turbios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El gobierno de Pedro Sánchez defendió, a través del ministro del Interior, la actuación de estos agentes, y se negó a dar explicaciones sobre estas prácticas contra asociaciones políticas. Grande-Marlaska, en vez de explicar el motivo de estas operaciones descubiertas, se limitó a avalarlas y a ofrecer públicamente asistencia jurídica a uno de estos agentes, acusado de abusos sexuales por parte de algunas mujeres.

Hoy, Rodríguez lee las noticias sobre el lawfare y la desinformación contra Sánchez desde Suiza, donde ha decidido exiliarse, al no haber en este país tratado de extradición por motivos políticos. Su nombre ha sido incluido por el juez García-Castellón en la causa de Tsunami Democràtic bajo el cargo de terrorismo, junto con cargos públicos y representantes de organizaciones políticas y sociales catalanas. En ese mismo país estuvo durante un tiempo la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel Sabaté, que ya por fin ha podido volver a casa al archivarse su causa y no haber nada que imputarle.

“Nos preocupa que, dada su trayectoria de exponer delitos policiales que han avergonzado al Estado, y teniendo en cuenta el contexto político en el que se inició la investigación, así como el carácter extremo y desproporcionado de las acusaciones en cuestión que criminalizan la disidencia bajo el pretexto de la legislación antiterrorista, esta investigación puede tener motivaciones políticas y también puede ser un intento por restringir su periodismo”, manifestaban a principios de mayo varias organizaciones de prensa sobre el caso de Rodríguez. International Press Institute (IPI), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited y OBC Transeuropa (OBCT) firmaron una misiva mostrando su preocupación por la situación del periodista catalán, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La guerra sucia existe y forma parte del Estado, de sus cloacas, que permanecen pase quien pase por la Moncloa, y que tienen sus propios códigos, intereses y mecanismos que garantizan su supervivencia y su impunidad. No es solo que haya medios de comunicación dedicados al odio y al bulo, organizaciones que se sirvan de estos para presentar denuncias y jueces que las acepten aun sabiendo la inconsistencia del asunto. Hay también una corrupción más grave aún, institucionalizada, que vela por el mantenimiento de un orden social más allá de la ley, laminando la disidencia, y que está instalada en las estructuras del Estado.

El caso de Jesús tampoco es excepcional. Xavier Vinader, el periodista catalán que destapó en los 80 del siglo pasado una trama de terrorismo de Estado anterior a los GAL, que implicaba a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a mercenarios de extrema derecha. Publicó una serie de reportajes en la revista Interviú, y lo pagó también con el exilio. Se le acusó de colaboración con banda armada y cumplió un tiempo en prisión. Su caso motivó una oleada de solidaridad entre el gremio, y todavía después seguiría sufriendo amenazas y atentados de la extrema derecha, sin que nadie fuera detenido por ello.

Quizás el nombre de Pepe Rei le resulte todavía hoy incómodo a más de uno por su vinculación con la izquierda abertzale, pero su paso por la cárcel por ejercer periodismo en medios como Egin, cerrado por orden judicial, y Ardi Beltza, no recibieron nunca en la reparación que les corresponde. Tampoco Martxelo Otamendi, ex director del único diario en euskera, Egunkaria, que fue víctima de torturas durante su detención, y cuyo periódico también acabó cerrado por orden judicial y sus responsables, encarcelados. Un caso por el que, como en el de Egin, acusados todos de ser parte o colaboradores de ETA, resultaron todos finalmente absueltos. Eso sí, los medios cerrados, sus vidas truncadas y el daño ya hecho. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez más, condenando a España por no investigar las torturas que denunciaron. Y es que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en más de una ocasión a España por esto. En algunos casos, el juez que estaba al frente de la instrucción cuando se denunciaron torturas y no quiso investigarlas fue el actual ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska.

El caso de Jesús se ha podido visibilizar gracias a que es una persona pública que cuenta con una amplia red de apoyo, pero el desamparo que sienten otras personas al verse señaladas sabiéndose inocentes, es indescriptible. Hablamos de quienes son encausados con tan solo la palabra de la policía, que dice haber visto hacer tal cosa, y el juez la cree. Del famoso caso Alsasua y de muchos otros más en los que el juez de turno no ha querido tener en cuenta nada más que la versión de los agentes. Es el caso de los seis jóvenes de Zaragoza, que, como advierte el padre de uno de los encausados en una entrevista en Público, es un aviso para que los jóvenes no se manifiesten. Una herramienta de coerción y disciplinamiento de la disidencia que funciona no solo contra periodistas, activistas y políticos incómodos para el poder, sino también contra la gente corriente que apoya determinadas causas.

La desinformación y las cloacas no solo son peligrosas cuando condicionan un gobierno o unas elecciones, o ponen en duda la honorabilidad de un cargo o de su familia. La guerra sucia ha existido siempre, pero está normalizada, sustentada por un servil consenso de no cuestionar a la autoridad, y mantener siempre bajo sospecha al discrepante.

De esta guerra sucia con tantos cómplices, de esta cloaca que se sabe que existe y que sustenta el poder, nadie quiere hacerse cargo. Es por esto por lo que el gesto victimista del presidente puede generar empatía en el terreno humano, y obvia preocupación en el terreno político por su alcance y sus consecuencias, pero no nos puede hacer olvidar que quien hoy se victimiza, permite y promueve las zonas oscuras donde los derechos, la verdad y la democracia, brillan por su ausencia.