Legislar para algo

Este sábado 5 de abril habrá otra manifestación por el derecho a la vivienda digna, por cierto, otro derecho recogido en la Constitución (art. 47) que se incumple sistemáticamente en España y, cuanto más se incumple, más especulación, concentración de riqueza, desigualdad y pobreza genera. 

Los problemas de vivienda llevan muchos años cociéndose, particularmente, en las grandes capitales. Hubo un tiempo en  que había hipotecas para que todo el mundo tuviera una vivienda, ¿recuerdan? Acceso universal a suculentos créditos que los bancos nos metían por los ojos... hasta que reventó todo en 2008. Mucha gente pensó entonces que el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevaría consigo cualquier crisis de la vivienda, incluso, en los sitios más caros, como Madrid o Barcelona. Nada de eso pasó.

Hoy tenemos una crisis de vivienda brutal que impide algo tan básico como independizarse, crear un proyecto de vida o salirse de otro fracasado. Es decir, antes de 2008 había hipotecas disponibles para que todos compráramos una casa fuera cual fuera nuestro sueldo -y aun sin tenerlo- y ahora, en 2025, el precio de la vivienda se ha convertido en una salvajada que impide el normal funcionamiento de nuestra sociedad, demasiados de cuyos individuos no pueden acceder a una vivienda ni con un salario. 

Hay una Constitución que nos garantiza el derecho a una vivienda digna, hay leyes que prohíben las estafas de las inmobiliarias y otras que no permiten los anuncios de pisos para albergar turistas -un negocio suculento- que no cumplan unos requisitos mínimos perfectamente expuestos en las leyes autonómicas e, incluso, en algunas normativas municipales. ¿Entonces?

Entonces, pasa que mientras se pide por el tejado la intervención del mercado inmobiliario, por ejemplo, se incumplen las leyes que ya tenemos por los cimientos. Y pasa con la vivienda y pasa con el trabajo y pasa con la sanidad, la educación o la dependencia. Que se incumplen las leyes y no pasa nada. Por eso -aunque no deberían-, nos han resultado tan inquietantes las noticias de que el Ministerio de Consumo que encabeza Pablo Bustinduy, por un lado, ha comunicado al Ayuntamiento de Madrid que tiene en la capital más de 15.200 pisos turísticos ilegales (son poco más de 1.100 las licencias emitidas); que haga el favor de pedir que se retiren los anuncios y sus propietarios sean sancionados y cesen esa actividad. De momento, el alcalde José Luis Martínez-Almeida dice que no puede hacer nada, pese a que ya se conoce la plataforma que aloja esos anuncios, Airbnb, y que puede, vaya si puede...

También el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente a la agencia Alquiler Seguro, que tiene negocio por toda España, después de varias denuncias por cobrar comisiones por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino; esto es, por incumplir la ley. Alquiler Seguro -que lo ha negado todo- se expone a multas cuantiosas; y hay más agencias bajo el foco de Consumo.

Bustinduy no ha conseguido únicamente advertir a especuladores y presuntos delincuentes contra derechos fundamentales de que se acabaron la bula y la barra libre, sino que nos ha avisado a todas de algo tan elemental en una democracia como que las leyes están para cumplirlas y que si empezamos por ahí, la resolución de problemas que parecen imposibles de abordar por parte alguna empezará a cimentarse. Lo que se dice legislar para gobernar, también.